Luces led, cámaras de seguridad, patrullaje continuo. El reclamo de los y las vecinas platenses que habitan la Zona Roja tiene años de historia. Con modos más o menos violentos, más o menos transodiantes, una parte del barrio exige ponerle un coto a la presencia travesti en las calles. Porque son “narcotravestis”, porque afean la cuadra, porque no saben “cómo explicarle” a sus hijos o simplemente porque hacen que decrezca el valor inmobiliario de sus propiedades. Quienes habitan o conocen la zona de Plaza Matheu y diagonal 73 saben que por las noches el vecindario se corre de su apariencia residencial para estudiantes y personas mayores y pasa a ser territorio de disputa de otros actores. Las travestis y trans que se prostituyen son uno; pero también están la policía, los clientes, los proxenetas y quienes acuden a buscar droga y en el camino roban, agreden o cometen actos de vandalismo. Las escenas no son atomizadas sino, por el contrario, habituales. Escenas como la de la madrugada de fines de junio en la esquina de 4 y 63, cuando un grupo de travestis protagonizó una gresca con chicos que frecuentan la zona y viven en una casa tomada. Según ellas, venían hostigándolas desde que empezó la pandemia con la exigencia de “coimas” para dejarlas habitar la esquina. En el video de la pelea, filmado por un vecino despierto a altas horas de la noche y viralizado en redes sociales y medios de comunicación, se ve cómo un grupo y otro intercambian piedras, botellazos y empujones en una de las esquinas más transitadas de la zona roja. Todo ocurre a metros de la casa tomada, en 5 y 63, una casa cuyo dueño está internado desde hace meses y donde varixs jóvenes en situación de calle pasan las horas. Según el parte policial, fueron dos chicos, una chica y un joven de 18 años, todxs “reincidentes en distintos hechos vandálicos”, quienes radicaron la denuncia por el ataque y posterior intento de incendio de la propiedad. Horas después se reportó fuego en una pensión donde viven travestis, en 65 y 116. Y aunque el asunto no pasó a mayores, fue la excusa perfecta para despertar de un aparente letargo a la histórica demanda mediático-vecinal contra “el mal conocido” del barrio: las trans y travestis que, al igual que vendedores ambulantes y cartonerxs, salen a trabajar en medio de la pandemia para sobrevivir. En una cobertura plagada de odio y estereotipos, dos periodistas varones cis heterosexuales de Crónica TV cubrieron el conflicto y aseguraron al aire que las trans tienen al barrio sumido en el “terror”, que los y las vecinas las odian; y en todo momento se refirieron a ellas como “los travestis”, “los trabajadores sexuales” y hasta “los narcotravestis”. Un ritual morboso, biologicista y transodiante que persiste a ocho años de la sanción de la ley de Identidad de Género.
Nada de nosotras sin nosotras
Es un lema muy difícil de cumplir. No solo en los medios de comunicación sino también en las reuniones que los y las vecinas de la Zona Roja mantienen para tratar la problemática de la droga y la delincuencia en el barrio. Hace algunos años hubo presencia trans en las reuniones, pero actualmente quienes debaten el tema son vecinxs, policías, autoridades municipales y hasta integrantes de la iglesia. Con el antecedente fallido de mudar o “erradicar” la zona roja, las travestis y trans -al igual que lxs niñxs en situación de calle que merodean por el barrio- son vistas solo como un problema a extirpar, y nunca como una fuente válida de consulta.
“Nos parece totalmente estigmatizante seguir catalogando gente como ‘narcotravestis’, interponiendo la identidad de género de una persona con un acto delictivo”, advierte a SOY la activista trans y dirigente de AMMAR La Plata Valentina Pereyra. “No podemos asegurar que no haya gente que venda estupefacientes, pero usar esa palabra es generalizar, hacerle creer a la gente que todas las travestis vendemos droga. Es cortar por lo fino y dejarnos expuestas; va más allá de lo que es la venta de droga: hay todo un armado social como para que las personas travestis y trans lleguemos a ese estado de vulneración”, explica. En la misma línea opina Thatiana Carmona, activista por los derechos de la comunidad trans e integrante de MTA, Mujeres Trans Argentina: “A pesar de que tenemos una ley de identidad de género trabajada desde la perspectiva de Derechos Humanos y diversidad, seguimos sufriendo la exclusión por parte del mercado laboral y de un montón de instituciones. Eso se traduce en la situación de tener que estar parada en una esquina, con toda la complejidad que eso conlleva, y toda la exposición. Las chicas también se exponen a ser tentadas por el narcotráfico, a ser una parte, un eslabón de ese proceso, que tiene que ver con el narcomenudeo. Es la excusa perfecta para las políticas por parte del Estado que dicen combatir el narcotráfico y lo único que hacen es vender humo a los vecinos y a la sociedad, asegurando luchar contra el flagelo de la droga solo porque se detuvo a una compañera trans”. “No voy a decir no haya vecinos que nos odian, pero la verdad es que hay muchos otros que no. Y hay que poder dividir lo que tenemos que dividir. Nos dicen ‘narcotravestis’ y se olvidan que somos uno de los sectores más excluidos y desprotegidos de la sociedad. Hace falta que el Estado nos reconozca un montón de cosas, no solamente un nombre: trabajo, seguridad, salud. Somos personas como cualquiera y nos merecemos eso”, dice Ximena Aixa (La Yoyi) de Furia Travesti.
Zona liberada
“Lo que las compañeras denuncian es que hay un grupo de pibes que van y les cobran ‘la parada’. Esto es parte del fiolaje: les exigen un pago cada vez que las ven paradas, y si no les dan dinero les pegan o les roban la cartera. Va en la misma dirección de lo que le pasó a Roberta , compañera que mataron el 1 de febrero. Y se da en connivencia con la policía, que no toma las denuncias porque libera la zona pero a la vez la controla. De esto hablamos cuando hablamos de autocontrol: cómo la policía delega su poder a estos pibes principalmente para dos fines, por un lado el ‘control’ de la zona y por otro la limpieza y la higienización de las calles para librarlas de las travestis. Frente a las denuncias de un sector de los vecinos, a través de discursos de orden y mano dura, hay cada vez más represión hacia las compañeras. La policía es un ente que no hace nada y a la vez conoce todo”, apunta Claudia Vásquez Haro, presidenta de OTRANS Argentina. Para Carmona, el hecho de que varixs chicxs formen parte de esta lógica de “auto regulación” barrial no es casual: “Muchas veces la policía les roba a las chicas, labrando actas sin anotar que se llevan plata o celulares, y ellas por desconocimiento y burocracia nunca lo recuperan. Pero cuando ya no pueden robarles así, para no tener que armar todo el operativo, mandan a algunos chicos a robarles. Las chicas se defienden, lamentablemente es la ley de la calle. Se arman estas corridas. Esto es un reflejo de las violencias que sufrimos históricamente, y más en la zona roja que es un lugar donde estamos solas, sin ninguna defensa”.
La organización OTRANS viene denunciando desde hace años esta violencia institucional y policial a la que es sometida la población travesti-trans. Lo hizo formalmente ante la secretaría de Derechos Humanos bonaerense y el ministerio Justicia, porque “todo el circuito empieza en la zona roja y después termina en la cárcel, con las compañeras privadas de su libertad, que se enferman y mueren porque los jueces hacen caso omiso a los pedidos individuales e institucionales para darles atención médica”, explica Vásquez Haro. Es parte del derrotero de numerosas trans y travestis que se ven relegadas a la informalidad de la prostitución callejera, luego sumidas en la ilegalidad y finalmente terminan cumpliendo penas -preventivas o no- en la cárcel, con toda la vulneración de derechos que eso implica. Un relevamiento de OTRANS del año 2019 revela que cerca del 70% de las detenidas trans travestis son migrantes. En ese momento, más del 60% estaban procesadas y sin sentencia firme. El Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) reporta actualmente que hay 66 personas trans y travestis privadas de su libertad en penales de la provincia: un 80% de ellas está presa por delitos de venta de drogas.
Abandono de personas
Para Vásquez Haro, la violencia policial e institucional “se agudiza gravemente en momentos de pandemia”. En pleno aislamiento social por coronavirus, la zona roja vive una crisis “no solo económica sino de persecución policial, vecinal y de algunos pibes que quieren venir a robar”, apunta la Yoyi. “Y como no tenemos defensa, en cuanto a la posibilidad de hacer una denuncia, los milicos nos terminan amenazando: como rompimos la cuarentena ellos nos pueden hacer una causa a nosotres. La típica respuesta que tenemos frente a los ataques es: 'no podemos hacer nada porque son menores, pero ustedes si quieren, hagan'”. Ellas, al igual que la policía y lxs propixs menores, son conscientes de la inimputabilidad. Sin embargo reportan que fuera del punitivismo tampoco hay respuestas: “Son chicos abandonados, que estuvieron en institutos de menores y hasta se escaparon de ahí”, resalta la Yoyi. SOY constató que la Municipalidad de La Plata intervino con algunxs de lxs niñxs que habitan la propiedad a través de la secretaría de Niñez y Adolescencia, y en casi todos los casos presentó medidas de protección extraordinarias. Sin embargo, todxs y cada unx de ellxs “egresó” de la institución en la que vivía por “abandono unilateral”: es decir, fuga. A este panorama de intervenciones estatales específicas, y en general atomizadas, se suma el hecho de que varixs niñxs atraviesan una situación de consumo problemático de drogas. La cotidianidad de ese grupo callejero se ve atravesada no solo por las trans y travestis que se prostituyen, ni lxs adultxs que conviven con ellxs en la casa tomada, sino también por otrxs adultxs que transitan la zona roja: clientes, proxenetas y vendedorxs de estupefacientes de todos los géneros.
“Hay un nivel de informalidad que roza la ilegalidad, por ende pasan estas situaciones y no solamente con las trabajadoras sexuales, también por ejemplo con los compañeros senegaleses: la criminalización, el uso y el abuso de la fuerza policial lo sufren los sectores que menos derechos tienen. En esta situación de pandemia se puede ver que un montón de personas no tienen cómo llevar el mango a su casa y pasar una cuarentena como lo pide el gobierno. Si no tenés para comer, ¿qué vas a hacer?”, define Pereyra. “La solución es empezar a ampliar derechos y oportunidades, y que cada una pueda elegir. La respuesta no puede ser el punitivismo, estos menores siempre están con algún mayor, es una realidad. Tienen a alguien que los regentea en el sentido de que los manda a delinquir. Y claramente las fuerzas policiales, si bien no pueden poner el foco en ellos, tampoco indagan demasiado. Dejan a estos menores librados a la voluntad de adultos para hacer el trabajo sucio que la policía muchas veces no quiere hacer y terceriza”, asegura. La Yoyi advierte que en la actualidad, “estamos vendiendo nuestro cuerpo para poder sobrevivir, pagar un alquiler y otro montón de cosas más. Para hacer eso tenemos que andar teniendo cuidado de que no nos lleve la policía o salir corriendo si nos vienen a atacar. Es absurdo”. Carmona coincide en que la zona roja es cada vez más “un territorio hostil, donde se cruza todo lo que tiene que ver con la clandestinidad y la ilegalidad. Para nosotras hay una política primero de persecución y segundo de encierro. Eso debería interpelarnos como sociedad. La vulneración de los derechos de las compañeras pasa a ser normal, hasta aceptado por ellas mismas, porque cuando una se hace presente como activista, por ejemplo, en un operativo o allanamiento, cambia radicalmente la metodología de la policía para llevar adelante el proceso”.
Mientras tanto, frente a un aislamiento social cada vez más riguroso, la Municipalidad lleva adelante un plan de “policiamiento” en el barrio que implica la “implementación de nuevas tecnologías y pensamientos del siglo XXI para combatir el delito”. Recopilan datos a través de un análisis de zonas, horarios y tipos de delito para reforzar el patrullaje o sumar agentes a pie. Los datos oficiales dicen que meses antes de la pandemia lograron bajar cerca de un 40% los delitos de robo y hurto en la zona. “La denominada zona roja fue uno de los primeros puntos donde el Municipio avanzó con este plan, en conjunto con diferentes áreas para darle una respuesta a los vecinos que hace más de 70 años vivían en un agujero negro, que era tierra de nadie”, reza un pasaje del reporte oficial. La Comuna colocó más de 90 luces led en Plaza Matheu, el epicentro de la zona roja, una garita de seguridad que funciona las 24 horas y cámaras de vigilancia en las cuadras linderas. Darío Ganduglia, secretario del área de Seguridad en el gobierno del platense Julio Garro, explica que buscan “desarticular la venta de droga en todas sus modalidades y vamos a continuar articulando tareas con el ministerio de Seguridad de la provincia para seguir luchando contra el narcotráfico y la delincuencia. Los vecinos de la zona saben el esfuerzo que realizó el Municipio para recuperar ese espacio y no vamos a bajar los brazos". En lo que va de la cuarentena, el municipio junto a la policía bonaerense realizó 22 detenciones por diferentes causas, entre las que se destacan “actuaciones por romper la cuarentena social”, “robo modalidad escruche” e “infracción a la ley 23.737 de tenencia y tráfico de estupefacientes”.
CÓMO AYUDAR: OTRANS, MTA y AMMAR La Plata son algunos de los espacios donde se puede colaborar. Desde la organización Furia Travesti también promueven donaciones para asistir a personas trans y travestis de La Plata, Berisso y Ensenada. Para más información: [email protected] . También aceptan frazadas, calefacción, calzado en talles grandes, ropa de abrigo y paquetes de alimentos.
