Nueva York demandará al gobierno federal ante la justicia si el presidente estadounidense, Donald Trump, cumple con su amenaza de enviar fuerzas de seguridad federales a la ciudad para poner freno a las protestas contra el racismo y la violencia policial. Trump había dicho el lunes que las tropas hicieron "un trabajo fantástico" deteniendo a "anarquistas" en Portland, estado de Oregon, y amenazó con hacer lo mismo en otras ciudades con gobiernos demócratas que, en su opinión, son incapaces de controlar las manifestaciones. La semana pasada el departamento de Seguridad Nacional desplegó un importante operativo de seguridad en Portland, donde se repiten a diario las imágenes de agentes sin identificar llevándose a manifestantes detenidos en vehículos camuflados. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por el "uso excesivo de la fuerza" para reprimir las protestas en dicha ciudad.
"Vamos a tener más fuerzas de seguridad federales. En Portland han hecho un trabajo fantástico", había declarado el presidente luego de un encuentro con congresistas en la Casa Blanca. "En tres días han puesto a un montón de anarquistas en la cárcel", agregó en el mismo sentido. "No vamos a abandonar a Nueva York, Chicago, Filadelfia, Detroit y Baltimore”, declaró, acusando a los demócratas que dirigen esas ciudades de representar a la "izquierda radical". El mandatario dijo que la situación de Chicago, donde los tiroteos aumentaron en las últimas semanas, “es peor que en Afganistán”.
"Si trata de hacerlo aquí también solo crearía más problemas, sería contraproducente. No nos tornaría más seguros e inmediatamente adoptaríamos acciones judiciales para detenerlo", dijo el alcalde de Nueva York este martes en conferencia de prensa. "Desde mi punto de vista este sería otro ejemplo de acciones ilegales e inconstitucionales del presidente", agregó de Blasio. Las protestas en Nueva York han sido hasta el momento mayoritariamente pacíficas, pero la ciudad registra un sostenido incremento en la tasa de criminalidad, algo que se convirtió en la excusa perfecta para la reacción del presidente.
Las imágenes más fuertes de este despliegue de seguridad dispuesto por Trump se vieron en Portland, donde la intervención de agentes federales generó indignación y cuestionamientos sobre su legalidad. Varios videos difundidos en los últimos días muestran a oficiales vestidos de civil deteniendo a manifestantes y subiéndolos a vehículos sin identificación. Aunque la mayoría de los detenidos fueron luego liberados, la gobernadora de Oregon, Kate Brown, comparó su actuación con la de la "policía secreta" en las sociedades más represivas.
Al repudio se sumó la CIDH, que exhortó al gobierno de Donald Trump a cumplir con sus compromisos para proteger los derechos humanos de los ciudadanos. En una publicación en su cuenta de Twitter, expresó que "observa con preocupación el uso excesivo de la fuerza desde el 11 de julio contra protestas en Portland, tras el envío de agentes federales, y denuncias de detenciones sin garantías del debido proceso y al margen de las autoridades locales". La comisión exigió que se respeten "los derechos y libertades de expresión, circulación y reunión en espacios públicos".
