El juicio por lavado de dinero contra Lázaro Báez, sus hijos, el arrepentido Leonardo Fariña y otros participantes se retomó este martes de manera virtual. La abogada de la Oficina Anticorrupción, Natalia Pereyra --que el actual gobierno no reemplazó, como hizo el macrismo en su momento-- pidió ocho años y medio de prisión para Báez, a quien se le encontraron sociedades en Panamá, cuentas en Suiza y bienes en el país y en el exterior. El punto clave de ese expediente es si el dinero proviene de delitos precedentes o, como buena parte de los empresarios argentinos, incurrió en un delito sólo tributario ocultando en el exterior una parte del patrimonio.

La causa fue denominada "La Ruta del Dinero K" por los grandes medios, aunque no hubo ninguna forma de vincular a ningún integrante de la familia Kirchner con los bienes de Báez. Todo el aparato judicial aliado a Cambiemos intentó demostrar que el santacruceño era testaferro de Cristina Kirchner, pero el juez Sebastián Casanello analizó prueba por prueba y concluyó que no existe evidencia alguna del vínculo que trataron de instalar el macrismo y su pata mediática. La cuestión terminó en una curiosidad: la Oficina Anticorrupción alegó sin que hubiera ningún funcionario público en el banquillo. Todo estaba preparado para otro show contra CFK, pero no hubo nada que permitiera meter a la ex presidenta en la acusación.

Lo del delito precedente no es sencillo. La parte acusadora sostiene que los bienes que le encontraron a Báez provienen de ilícitos en la obra pública en Santa Cruz. Lo cierto es que ese juicio recién está en sus comienzos y no parece haber ninguna prueba de obras que se pagaron y no se hayan hecho o que se hayan construido mal o que las licitaciones fueran alteradas. En la auditoría que hizo la Dirección de Vialidad durante el macrismo, se concluyó que sólo hubo un 0,1 por ciento de desajustes entre obras pagadas y obras terminadas. En ese juicio, que también se desarrolla en Comodoro Py, se discutirá alrededor de las pericias: la de la fiscalía que dice que hubo sobreprecios y la defensa que derrumba esa hipótesis.

El otro delito precedente es la confección de facturas truchas con las que se justificaban gastos inexistentes. El proceso se realiza en Bahía Blanca y tampoco tiene resolución de ningún tipo, con Báez en una situación poco comprometida. Habrá que ver cómo sortea el tribunal el agujero del delito precedente. A corto plazo, el juicio continuará con el alegato del fiscal Abel Córdoba y luego será el turno de las defensas.

En paralelo, el presidente del tribunal, Néstor Costabel, en visible guerra contra Báez y contrariando hasta el criterio del fiscal y buena parte de Comodoro Py, sigue demorando la prisión domiciliaria del constructor. Batió el récord de haber fijado una fianza en dólares y virtualmente a la cotización blue, algo inédito. Aún así, mientras se discute el valor de la fianza --teniendo en cuenta que los bienes de Báez están embargados por la propia Justicia-- es posible que la prisión domiciliaria se concrete esta semana.