La fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, imputó al sargento ayudante Rómulo Segovia, el sargento Pablo Exequiel Toledo y a los cabos Ignacio Esteban Zurita y Alfonso Néstor Sánchez, por "vejaciones calificadas en concurso ideal con lesiones graves" por la agresión de la que fue víctima el joven Luciano Cruz cuando regresaba de trabajar al mediodía, en el barrio Norte Grande de la ciudad de Salta.

Cruz, de 19 años, se había detenido a saludar a los amigos, llegó la Policía y, según los testimonios, le dispararon sin mediar palabras. A raíz de esa agresión, perdió el ojo derecho y también tiene complicado el ojo izquierdo. Tenía 14 impactos de bala en el cuerpo. Ahora junto a su familia esperan justicia y asistencia del Estado, porque el joven no puede trabajar, es padre y necesita medicación.


La fiscala concluyó en que alrededor de las 13.20 del 24 de febrero pasado, los cuatro policías ahora acusados, que andaban en el automóvil policial 1829, atentaron dispararon balas de goma en la cara de Cruz. "Le causaron el estallido traumático del ojo derecho, con debilitamiento permanente del sentido de la vista por pérdida del globo ocular. La lesión sería producto de un impacto de proyectil de posta de goma", sostuvo en el decreto de imputación.

Tras ocasionarle la lesión en el ojo, Cruz fue trasladado al Hospital Papa Francisco por un vecino y no por la ambulancia del sistema de emergencias. La fiscala, sobre la base al testimonio del joven, identificó a Toledo y a Alfonso Sánchez, como los dos efectivos que lo "agredieron fìsicamente" mientras esperaba atención médica, donde también fue golpeado. 

Simesen de Bielke destacó que la acusación está corroborada con la denuncia del damnificado, las declaraciones de los testigos presenciales, los certificados médicos y la copia de la filmación del móvil policial, entre otros elementos reunidos.

La abogada Andrea Medina representa a Cruz como querellante. Sostuvo que recién con la nueva fiscala le hicieron lugar a sus pedidos. Con el anterior fiscal, Gustavo Vilar Rey, "tuvimos inconvenientes para constituirnos en querellantes, estaba dilatando el proceso. Sin imputación la querella no podía actuar. Pedíamos diligencias como pretenso querellante, pero el fiscal no hacía lugar. Ahora que cambiaron de fiscal, las cosas están fluyendo más, nos dan más participación. Se logró la identificación de cuatro efectivos y su imputación", explicó la letrada. 

Medina dijo que van a intentar que la carátula contra los efectivos se agrave, ya que la actual implica penas de 2 a 6 años. "Estamos pensando en pedir el cambio de calificación a lesiones gravísimas que prevé penas mayores de 3 a 10 años", indicó.

La letrada planteó que el joven todavía está en tratamiento, perdió el ojo derecho pero aún espera saber si podrá recuperar la vista del ojo izquierdo.

Los policías están imputados pero en libertad y solo fueron trasladados de la Comisaría 10. "Siguen trabajando, tendrían que estar detenidos ya que pueden obstruir el proceso de investigación por su calidad de funcionarios", sostuvo Medina. Añadió que los policías ya tuvieron 5 meses de ventaja para ello. La abogada dijo que con el anterior fiscal no habían conseguido acceso al libro de guardia donde figuraban quienes actuaron en el operativo. "Es algo tan simple pero no se encontraba porque la Policía no lo entregaba", aseveró. 

Con Vilar Rey también había dificultades para que declarasen los testigos. "El fiscal siempre ponía que no encontraba domicilio, no los podía notificar. Siempre había algún problema para que puedan prestar declaración", especificó la abogada. 

Dijo que esperan justicia para el joven ya que "perdió un órgano" por el mal proceder policial. "Que se haga justicia con los policías. Que se vea la verdad y se hagan cargo de lo que pasó", manifestó por su parte la mamá de Cruz, Carina. 

"Luciano se está recuperando con atención médica en el (Hospital) San Bernardo. Trata de sobrellevarla con la contención de la familia", sostuvo la madre. El joven trabajaba de forma no registrada como albañil y haciendo changas en un lavadero. Cuando los policías le dispararon volvía de haber estado trabajando desde las 23 del día anterior en el lavadero. Ahora está sin trabajo y sin ingresos económicos, él mantenía a su familia,  la pareja de 17 años y a la hija en común de 3 años. El único ingreso que perciben es el del salario universal por hijo y el IFE, que pudo cobrar su pareja.  

La madre del joven es taxista, está dentro del grupo de riesgo porque tiene asma y diabetes pero tiene que salir a trabajar igual para llevar dinero a la casa. Sostuvo que no recibe ninguna asistencia del gobierno provincial y que dos abogados de la Secretaría de Derechos Humanos que se habían acercado en un momento no le contestaron más mensajes. Las gotas que necesita el joven cuestan $3000 y la crema, $6000, la medicación no le es provista por el Hospital. 

La mamá dijo que necesita tramitarle una pensión porque su hijo está una situación económica muy difìcil. "En el Hospital San Bernardo no estaban dando turnos por la pandemia. Ahora me dijeron que puedo pedir el turno pero que no llenan el formulario para el trámite de pensiones", manifestó. 

Carina consideró que el procurador general Abel Cornejo "hizo bien" en cambiar de fiscal tras planteos de las organizaciones de derechos humanos y políticas sobre el nulo avance de las causas contra la Policía de Salta. "A nosotros nos habían informado ya que la causa se había archivado y que el hecho había sido en defensa propia de los policías", sostuvo.

La madre de Cruz expresó que tienen miedo de la Policía. Detalló que después de la pandemia y estando su hijo sentado en la vereda mientras su pareja y primos limpiaban el techo y recogían la basura que sacaban, pasaron efectivos en una camioneta e intentaron llevarlo detenido. 

"Escuché que la nena desde la ventana lloraba y gritaba 'papá vení'", relató Carina. Cuando salió a ver qué pasaba se estaban llevando detenido a su hijo y se interpuso hasta que logró que desistieran. "Me opuse, me coloqué en el medio, les grité. Una policía femenina me filmó y no sé qué habrán hecho con esa filmación. Les dije que no tenían derecho de tocar a mi hijo", manifestó la madre. "Ese día lo reconocieron y dijeron que era 'al que le habían disparado en la cara'", añadió la mamá. Carina señaló que los policías rondan su casa y que siempre miran y merman la velocidad de los móviles al pasar por ahí, por eso tienen miedo a la posible persecución.  

Durante el aislamiento obligatorio hubo tres hombres más que perdieron un ojo por disparos a la cara de la Policía salteña.