La Cámara de Diputados de Salta convirtió en Ley el proyecto que establece un mayor control a la venta y producción ilegal de cigarrillos, mediante la intervención de la Dirección de Rentas y apuntando a los lugares en donde se comercializan los productos hechos con tabaco, principalmente los kioscos.  Hasta el momento esa tarea recaía principalmente en el organismo de recaudación nacional AFIP.

El presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat, que también es el titular de la Cámara de Tabaco e integrante del directorio de la Cooperativa de Tabacaleros, hizo una exposición sobre el mercado de dicho producto en el país.

De esta manera señaló que cada paquete de cigarrillos legal que se vende aporta unos 70 pesos al fisco, el 75 por ciento del valor de venta, que Amat calculo en unos 150 mil millones de pesos anuales. De eso, el siete por ciento va a las provincias productoras, de los cuales el 35 % recibe Salta.

Con lo recaudado de impuestos una parte va a los productores mediante el Fondo Especial del Tabaco, otro tanto a la obra social de los trabajadores rurales Osprera y también constituye un fondo solidario de donde, por ejemplo, sale parte del dinero con los que se paga el Ingreso Familiar por Emergencia (IFE).

A su vez Amat señaló que se evaden unos 50 mil millones anuales y apuntó al contrabando principalmente, ya que, señala, las penas a este delito son muy bajas al tratarse de un producto legal, a diferencia de las drogas.

Pero también expresó que, mediante una decisión judicial, hay empresas que fabrican cigarrillos que son consideradas chicas y por eso tributan mucho menos que los dos grandes jugadores del mercado: Nobleza y Massalín.

“Tanto crecieron con esta ventaja esas empresas que desplazaron a Nobleza que era la segunda del mercado. Las dos industrias tributan 70 pesos por paquete, mientras que estas fábricas menores solo tributan 25 pesos”, describió.

“Este proyecto no tiene ninguna carga nuevas de impuestos”, explicó el presidente de la Cámara Baja, “es meramente de control y nadie debería tener problemas si ya está inscripto en Rentas”.

Amat también señaló el problema que existe con los kiosqueros, debido a que estos les resulta más rentable vender los cigarrillos de contrabando o irregulares, porque le sacan una rentabilidad mayor. Mientras que un paquete de los “legales” le deja unos 7 pesos, los “ilegales” le dejan hasta un 200 por ciento de ganancia.

Además indicó que AFIP actualmente controla en los puntos de fabricación, pero que los puntos de venta como los kioscos deberán ser fiscalizados por la provincia.

Por último adelantándose a los cuestionamientos, Amat explicó que en Salta en la medida que siga siendo legal el tabaco se va a producir, “aunque sé que no es bueno para la salud, pero si dejamos de producir aquí se pierde una actividad que se va a suplir con productos traídos de afuera, o sea el problema de salud va a seguir pero habremos perdido una actividad económica y miles de puestos de trabajo”.

El contrapunto lo tuvo con el diputado Carlos Zapata, también relacionado en forma particular con la actividad tabacalera, que advirtió que la ley tal como fue aprobada puede generar una superposición de atribuciones de control entre la Nación con AFIP y la provincia con Rentas. Por ello hizo un dictamen de minoría en el que quería equiparar la venta de cigarrillos con la que se hace de alcohol, para la cual mínimamente los interesados debían inscribirse en un registro.

Para Zapata en materia de contrabando la potestad de control es de Aduana, mientras que en la comercialización está AFIP que lo certifica mediante el estampillado, y citó el ejemplo sobre el control de la única empresa de procesamiento y manufacturera que existe en Salta, la cual es monitoreada de manera permanente.

También pidió a sus pares diputados que cuando sepan de un lugar de venta ilegal o de contrabando, que hagan la denuncia en la Justicia.

El diputado se lamentó que para el análisis en comisión no se haya convocado a más partes involucradas en este tema, como AFIP, Aduana y productores, por lo que adhirió al pedido de volver el expediente a comisión que hizo el diputado Franco Hernández, lo cual fue rechazado.

La iniciativa fue aprobada por mayoría y pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Emergencia por sequía

Mediante un proyecto de Declaración, Diputados pidió al Ejecutivo que declare la emergencia agropecuaria en aquellos departamentos que hayan sido afectados por la sequía.

El autor de la iniciativa es el diputado Ramón Villa, que describió la compleja realidad que viven los pequeños productores del departamento Rivadavia, y la falta de asistencia de parte del Estado para sobrellevar ésta escasez de lluvia que perjudica la producción de ganado, que realizan a baja escala.

También planteó la incertidumbre que existe entre criollos y comunidades originarias acerca de la posesión de la tierra y las permanentes amenazas de desalojos que impiden que pueda asentarse definitivamente y realicen obras de infraestructura, como represas o pozos de agua, que le permitan tener reservas para esta época del año.

La diputada Gladys Paredes, se refirió a las causas de estas sequías que se repiten desde el 2011 y apuntó al cambio climático, al uso que se hace del suelo, pero hizo especial hincapié en la responsabilidad de los desmontes, y la recategorización que puso a zonas de Rivadavia y San Martín que estaban vedadas, dentro de las tierras que pueden ser deforestadas. 

La legisladora expresó que en 10 años hubo dos millones de hectáreas desmontadas, mientras que este año ya van 6.500.

Promoción para la industria maderera

Mediante la unificación de tres proyectos similares, Diputados dio la media sanción a la adhesión a la Ley Nacional N° 27.487 que refiere a las Inversiones para Bosques Cultivados, y mediante la cual instituye un régimen de promoción para nuevos emprendimientos forestales y en las ampliaciones de los bosques existentes.

Según estimaciones que realizaron los diputados, este régimen promocional fortalecerá alrededor de 200 PyMES que podría tener como resultado que la provincia triplique sus exportaciones y pueda revertir el actual déficit comercial.

Las iniciativas fueron presentadas por Baltasar Lara Gros, Ivan Mizzau y Jorgelina Juarez, Y Matías Monteagudo y Valeria Fernández