La muerte por desnutrición de niños y niñas el norte salteño, donde residen las comunidades más vulnerables, entre ellas de pueblos originarios, fue el origen de la Ley de Emergencia Sociosanitaria N° 8185, que se extendía por 180 días. En el Boletín Oficial de este lunes se publicó el decreto N° 443, que la prorrogó por tres meses en reconocimiento de que la situación de emergencia persiste “habiéndose agravado la misma, especialmente por la situación epidemiológica actual en razón de la pandemia provocada por la propagación del SARS-CoV2 (coronavirus), a la cual la provincia de Salta no resulta ajena”, indica el escrito.

Algunos legisladores provinciales entendieron la prórroga como una “ganada de mano” del gobierno provincial al proyecto de declaración que había ingresado a Diputados el 7 de julio. La iniciativa pedía también la prórroga por 90 días. Según se pudo saber, el proyecto ya contaba con dictamen favorable en la Comisión de Salud de la Cámara Baja.

Funcionarios provinciales señalaron la necesidad de apuntalar de manera sostenida el sistema de Atención Primaria de la Salud (APS) en estas zonas. Legisladores de la región afectada, en tanto, entendieron que por el momento lo único que se hizo desde la provincia es “poner parches”.

Uno de los problemas puntuales enfrentados últimamente fue la falta de leche suficiente para repartir entre chicos con riesgo de bajo peso, chicos recuperados de esa desnutrición y embarazadas. Según se corroboró, el problema aún no fue subsanado. Esto implica que algunos niños recuperados (que por el contexto en el que viven pueden volver a caer en bajo peso), no están recibiendo el alimento.

A nivel judicial, en tanto, hay dos causas penales que investigan muertes de niños y niñas. Son al menos 13 los fallecimientos por causas relacionadas con la desnutrición que se conocieron desde los medios de difusión hasta el 30 de marzo solamente en esa zona. El informe oficial del Ministerio Público Fiscal indica que hasta febrero de este año eran 25 los niños y niñas de hasta cinco años fallecidos en Rivadavia, San Martín y Orán. Las causas de los decesos estaban en análisis de expertos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) pero la evaluación fue frenada por la pandemia. La otra causa es más específica e investiga la muerte de dos hermanitos que fallecieron el 24 y 25 de marzo de este año respectivamente en Vertiente Chica, en Santa Victoria Este (departamento Rivadavia). Hay siete agentes estatales imputados.

En esta emergencia la asistencia de la Nación fue fundamental. El gobierno de Alberto Fernández bajó partidas para que la provincia obtenga los módulos alimentarios y los reparta en las comunidades. Se ordenó al Ejército disponer plantas potabilizadoras de agua y repartir el líquido esencial a las comunidades. Se proyectaron pozos de agua y cisternas para cosecha de agua. Y desde el Ministerio de Salud de la Nación se gestionó el arribo de especialistas de la salud que recorrían las comunidades brindando asistencia y que ante la llegada de la pandemia tuvieron que volverse a sus lugares de origen.

La visión un tanto compartida entre los legisladores y funcionarios de la provincia es que la Emergencia Socio Sanitaria debe extenderse por un tiempo mayor al que hasta ahora se estableció.

“Para recibir ayuda nacional”

“Para lo que más se aprovechó la emergencia socio sanitaria fue para recibir ayuda del gobierno nacional”, dijo el diputado provincial por Rivadavia, Ramón Villa, al analizar los primeros 180 días de la Ley 8185. 

Para el legislador, “se hicieron cosas que son parches a situaciones graves” y que se acrecentaron o quedaron ocultas con la pandemia. Entre ellas, apuntó a las patologías como el dengue (Salta acumuló 7081 casos positivos en el último período), la tuberculosis o la desnutrición. A ello agregó que la atención sanitaria se complicó para las personas con enfermedades graves como las oncológicas o aquellas que precisan hacerse diálisis en las ciudades grandes como Orán, Tartagal o Salta Capital, y cuyas derivaciones se complican.

“Es verdad que hubo mucha ayuda con IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), y la Tarjeta Alimentar, pero la situación de ellos (los pueblos originarios), es muy particular porque no cuentan con casi nada de ingreso extra ni trabajo genuino”, dijo la diputada del departamento San Martín, Gladys Paredes. Como ejemplo, puso que para quienes están en las comunidades originarias y generaban algún dinero por la venta de carbón el problema es que “ahora no hay compradores”. Agregó como problemas de fondo la falta de “vivienda, educación y trabajo que no se han solucionado”.

La legisladora, que es médica, entendió que 90 días de prórroga “es poco. La emergencia debería ser por mucho más tiempo. Un año o dos”. En cuanto al balance a nivel de salud, dijo que “llevaron dos médicos y un nutricionista a Santa Victoria Este y el Ministerio (de Salud), aportó por un tiempo profesionales extra. Pero la solución no es solamente brindar una atención médica y entregar agua segura, sino que es más de fondo”. En esta línea sostuvo que hace falta una mayor participación de las comunidades en las decisiones de salud, además de contar con un sistema de APS óptimo; un nuevo cuadro de cargos en los hospitales y cantidad de profesionales de acuerdo a las necesidades de cada zona, e incorporación de sociólogos y antropólogos para cumplir con el desarrollo de un sistema de salud intercultural. Añadió la necesidad de un programa de seguimiento personalizado de los niños y de erradicación de parasitosis. 

Asimismo, entendió que situaciones como la falta de leche para todos los niños y embarazadas generan un problema. Pese a que desde la Cámara de Diputados se solicitó hace más de dos semanas informes al Ministerio de Salud de la provincia para que responda por la insuficiencia de leche a repartir, con el fin de conocer si se trata de un problema presupuestario o falta de abastecimiento, afirmó que hasta el momento no hubo respuestas.

La leche no llegó en forma total

Hace 12 días se informaba que al Hospital de Tartagal, ciudad cabecera del departamento San Martín, había llegado la mitad de la leche para niños y embarazadas. Luego se supo que en realidad, el faltante había sido en toda la provincia. En principio, las respuestas (siempre extraoficiales), indicaban que la entrega total se regularizaría en la segunda quincena. Hasta ahora, la situación si bien tendió a regularizarse, no lo hizo en su totalidad.

Así lo confirmó el coordinador de Región Sanitaria Norte del Ministerio de Salud de la provincia, Nicanor Sosa, al ser consultado por Salta/12. Reconoció que se tuvo que priorizar a los chicos con bajo peso y muy bajo peso, respecto de los “normales”. En este punto es necesario decir que entre los “normales” están chicos con el peso adecuado, pero también aquellos recuperados del bajo peso. Estos últimos, reconoció Sosa, pueden recaer en el bajo peso en caso de no tener alimentación suficiente.

Al hacer su balance, entendió que en los departamentos alcanzados por la Ley de Emergencia Socio sanitaria se realizaron actividades planificadas con equipos de profesionales de distintas disciplinas que empezaron a visitar los distintos parajes de los tres departamentos y que realizan al menos tres visitas por semana. Con este seguimiento, indicó, se fue fortaleciendo el trabajo preventivo de APS. Sostuvo que en las zonas donde la situación es más vulnerable y complicada es más difícil conseguir profesionales de la salud que se queden. La alternativa que se encontró fue activar la programación de visitas desde APS con el fin de apuntar a la acción preventiva.

“Esperamos que (las actividades programadas desde APS) se puedan mantener en el tiempo porque de nada servirá trabajar un tiempo limitado”, indicó el funcionario.

Entendió que también en la parte social “se avanzó mucho”, con uno de los principales problemas (que en algunas zonas persiste) de acceso al agua segura. Añadió a ello la asistencia alimentaria a la población con los insumos apropiados, según precisa cada grupo etario. “Por ahora ante la emergencia está la asistencia. Pero sería muy satisfactorio que tengan la posibilidad de desarrollar alguna tarea regional o zonal a fin de que la dinámica pueda generar fuentes de trabajo genuino”, dijo al señalar otra de las situaciones que a su entender, deben ser contenidas.