El Concejo Deliberante de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán aprobó un proyecto que declara a ese municipio como “pro vida” y “pro familia”. La iniciativa surgió de parte del edil Héctor Barraza, miembro de un culto evangelista y que ganó las elecciones por el Frente Olmedo Gobernador. En el 2018, en pleno debate por la Ley de Interrupción Legal del Embarazo, ya se había intentado lo mismo. Organizaciones feministas ya anunciaron que denunciarán este hecho ante el INADI. 

La concejala del bloque del Partido de la Victoria, Verónica Hilario, dijo a Salta/12 que la sesión programada de ayer fue irregular. Primero, porque no se esperó a que los concejales de la oposición llegaran a ocupar sus bancas para la apertura y en los primeros minutos de la sesión, el presidente, Lucas Tévez, “mandó a votar en bloque todos sus proyectos”. En ese combo también se aprobó el aumento de la unidad tributaria para la ciudad.

En el momento en que se votó el proyecto impulsado por Barraza, los concejales de la oposición no se encontraban en el recinto, puesto que se había decidido pasar a un cuarto intermedio luego de la votación del aumento de las tasas municipales. “Nosotros ya habíamos manifestado que no estábamos de acuerdo”, sostuvo la edil.

El proyecto presentado insta a declarar a San Ramón de la Nueva Orán como ciudad pro vida y pro familia “con el objetivo fundamental de defensa y protección del derecho a la vida en todos los ámbitos de la ciudad”. Además, sugiere que el Ejecutivo, a cargo del saencista Pablo González, incorpore la leyenda “Orán ciudad pro vida” en toda la documentación y papelería oficial.

Allí también se dejó de manifiesto que el gobierno local pueda implementar en el “nivel educativo municipal jornadas y actividades de capacitación y formación sobre los objetivos de la declaración”. El proyecto, que fue presentado en Labor Parlamentaria el 16 de julio, sostiene que Orán “desde siempre ha sido y sigue siendo promotora de las inviolables e inalienables derechos de la persona humana”.

Además de la firma de Barraza, la presentación tuvo el sello de Miguel Burgos, Lucía Cardozo, Marta López y Emmanuel Salazar. En la votación, estos cinco concejales sumaron los votos de Analía Leal y Leonel Méndez; y estuvieron ausentes los ediles del Frente de Todos, Verónica Hilario, Gonzalo Díaz y Jorge Ferreyra; y el concejal de la Unión Cívica Radical, Javier Ramírez. 

Hilario explicó que lo que se presentó está “mal redactado”, puesto que se trata de una declaración y no de una ordenanza. “Lo que querían hacer era modificar el logo oficial de la ciudad que hoy dice 'Somos ciudad'”, contó. Al tratarse de una declaración no es necesaria una promulgación por parte del gobierno local. El intendente González “verá si quiere darle curso, lo puedo tomar el Ejecutivo o no”, añadió la concejala. 

Desde el Frente de Todos expresaron el desacuerdo y sostuvieron que “no representa la opinión de todos los ciudadanos”. “Este proyecto va en contra del proyecto de ley IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) y, por lo tanto, va en contra de la decisión del Presidente”, argumentó la concejala. Recordó que es el mismo Alberto Fernández quien está impulsando la aprobación de la legalización y despenalización del aborto, puesto que “es necesario responder a la demanda de las mujeres y garantizar la propia elección de cada una”.

En junio pasado el concejal olmedista había presentado junto a Burgos un proyecto para construir un monumento a la Biblia. Fundamentó su pedido aduciendo que se trata del "libro que es y contiene la Palabra de Dios" y "constituye el basamento para la fe y prácticas de todos los cristianos por igual”.  

Repudio y denuncia al INADI

Alejandra Niño, miembra de Panambi Colectiva Feminista de Orán, contó a este medio que los ediles aprovecharon la votación sobre el aumento de la tarifa tributaria para “meter el proyecto” de declaración de Barraza. “Aprovecharon el momento en que los concejales (opositores) se levantaron y lo votaron sin ningún tipo de tratamiento”, relató.

La militante feminista afirmó que se trata del segundo intento en declarar pro vida al municipio. “El primero fue hace dos años, pero nos movilizamos, se debatió el proyecto y fue enviado de nuevo a todas las comisiones”, contó. Sin embargo, y por el contexto de pandemia, ahora no fue posible una movilización y los ediles que buscaban su aprobación solo “leyeron lo que es el proyecto y directamente votaron. No hubo debate y no estuvo la oposición”, afirmó. “Fue un voto express”, insistió.

Tras la aprobación, desde la Colectiva anunciaron que presentarán una denuncia ante el Instituto Nacional contra las violaciones, la Xenofobia y el Racismo (INADI) por entender que con esta declaración “se dejan de lado los derechos adquiridos” en materia de igualdad.

Panambi presentó ayer una nota en la mesa de entrada del Concejo Deliberante. Si bien, ya estaba la aprobación, la Colectiva dejó constancia de que les "preocupa el hecho de esta presentación, por inconstitucional, vulneradora del sistema de derechos humanos al que adhiere Argentina, contraria a la normativa nacional de fondo y a la doctrina mayoritaria de la Corte de Justicia de la Nación y la Corte Suprema provincial, lo que pone en riesgo de cometer delito al mayor órgano deliberativo”, expresaron.

En esa nota la organización dijo que, de aprobarse la iniciativa antiderecho, se “ponen en riesgo” los compromisos asumidos por el gobierno provincial y nacional “ante organismos de seguimiento internacional de la normativa vigente”. Añadió asimismo que las organizaciones que se aferran al discurso “provida", sostienen "una ideología contraria al derecho vigente”, dado que a través del fundamentalismo religioso “pretenden imponer su posición ante determinadas prácticas y políticas de Estado consagrados legítimamente en nuestro país”.

Uno de los argumentos que expusieron los concejales antiderechos fue que no es un caso “aislado”, sino que “son muchas las ciudades en nuestro país” que han tomado decisiones similares. Entre esos casos, recordaron a las ciudades de San Salvador de Jujuy y Libertador General San Martin de la provincia de Jujuy y el caso del decreto provincial en Corrientes. Sin embargo, la Colectiva recordó el dictamen del INADI en marzo de 2014 sobre el caso de San Salvador de Jujuy. El entonces interventor del Instituto, Pedro Mouratian, manifestó que “desde el nombre mismo de la Ordenanza se pretende sembrar una dicotomía inexistente: Lo que no es pro-vida es pro-muerte y esto no es real”. 

Por su parte, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito Regional Orán también repudió la aprobación oranense. Desde la Campaña se sostuvo que lo acontecido es “una pantalla para restringir derechos que están consagrados en la Constitución y los Pactos Internacionales”. Y reseñaron que hubo reiterados intentos similares en distintos municipios de Salta, incluido Capital, donde se buscó la misma aprobación pero no prosperaron al ser considerados inconstitucionales.

La Campaña aseguró que la declaración en Orán resulta “especialmente peligrosa”, puesto que se trata de la segunda ciudad más grande de Salta donde los médicos del sector público "ejercen la objeción de conciencia de manera sistemática". Esto provoca que se imposibilite el “acceso de cientos de mujeres y personas con capacidad de gestar a prácticas de salud sexual e interrupciones legales del embarazo de manera segura”. Ante ello, exigieron que el intendente “desestime e instrumente las medidas necesarias para revertir la declaración votada”.