Esta mañana, fuerzas de seguridad y funcionarios realizan un nuevo "allanamiento y registro de la subestación policía comunal Mayor Buratovich a fin de incautar los elementos que puedan contener registros biométricos" del desaparecido Facundo Astudillo Castro. Así lo ordenó la jueza federal María Gabriela Marrón en la resolución que anticipó el lunes Página|12. 

Los abogados de la familia pudieron acreditar que a Castro, luego de detenerlo en la ruta 3 --cerca de las 10 de la mañana del 30 de abril--, lo llevaron a esa dependencia de la Bonaerense, algo que los dos policías no habían mencionado. Por el contrario, dijeron que lo dejaron seguir, que labraron el acta en la misma ruta. 

Según los datos a los que accedió este diario, en la dependencia policial le dijeron que se volviera a su ciudad, Pedro Luro. Facundo no les hizo caso y emprendió viaje hacia la localidad de Ascasubi, y fue así que un segundo encuentro con policías habría derivado en una golpiza y su posterior desaparición. Además, en el rastrillaje del 19 de junio los uniformados de Villarino no habían dejado pasar al contingente que pretendía llegar hasta la comisaría.

A pesar de los reparos de la familia, la medida fue encomendada a la delegación Bahía Blanca de la policía Federal pero con la intervención de los canes de la Unidad K9. Esto es así porque la magistrada aceptó como perito de parte de la madre de Facundo al adiestrador Marcos Darío Herrero --de su confianza y con antecedentes en la búsqueda de personas desaparecidas y restos humanos--, "quien podrá participar personalmente junto a sus canes, de conformidad con lo peticionado por las partes". 


La magistrada hizo lugar al pedido de allanamiento "efectuado por el titular de la acción penal y la querella particular, habiendo motivos para presumir que en el lugar indicado podrían existir elementos vinculados a la investigación del presunto delito que tiene como víctima a Facundo José Astudillo Castro, en particular, registros biométricos (huellas o ADN)".

La jueza estableció que la investigación apunta a su desaparición forzada. "La medida encuentra fundamento en los elementos reseñados por el Ministerio Público Fiscal, vinculados a un posible hecho de violencia institucional sufrido por la víctima y/o su desaparición forzada, en cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por nuestro país en el marco de las ratificaciones de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional", advirtió en la resolución.

"Tenemos a todos los policías identificados, los que lo habrían subido a un vehículo policial y a los que encubrieron y mintieron", afirmó el abogado Leandro Aparicio. Por el cúmulo de interferencias la querella de la familia se prepara para denunciar esta situación para apartar del caso a todos aquellos que intentan ubicarlo en Bahía Blanca y con vida. La familia está convencida de que esa no es "otra hipótesis" sino una desviación de lo que realmente le habría sucedido. Este fue el argumento central de la recusación contra el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez presentada ayer.

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