El rechazo de parte del Ministerio de Trabajo al Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) solicitado por LATAM abre un nuevo escenario en el conflicto laboral disparado por el anuncio del cese de operaciones de la filial local de la empresa. LATAM Argentina va a apelar la decisión de la cartera laboral y continuará con su plan de retiros voluntarios y achicamiento al máximo de la filial. Para un sector de los gremios, lo más probable es que luego de varios meses de conflicto y de reducción de personal, la empresa se quede con la operación de unas pocas rutas rentables y una estructura de costos muy ajustada. 

En este momento, la situación más caliente se da en los hangares de LATAM en Aeroparque, en donde un grupo de técnicos impiden que la empresa se lleve los aviones a Ezeiza, y de ahí a Santiago de Chile. Están a la espera de que la Justicia resuelva un recurso de amparo.

Este martes se conoció que el Ministerio de Trabajo rechazó el pedido de PPC que había presentado LATAM Argentina el pasado 17 de junio. La empresa lo había solicitado a partir de su intención de levantar las operaciones y despedir a 1715 personas pagando la mitad de las indemnizaciones.

“Se impone el rechazo a la apertura del Procedimiento, toda vez que la única medida objeto del mismo resulta de las expresamente prohibidas por el ordenamiento legal vigente al momento de su presentación”, justificó la cartera laboral el rechazo al pedido de PPC.

En otras palabras, Trabajo advierte que la empresa quiere despedir a todo el personal, pero que ello está prohibido por el Decreto 487/2020. Esa norma establece la “prohibición de efectuar despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor”. Y aclara que los despidos que se realicen en violación de lo dispuesto “no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales”. La empresa insiste en que se trata de despidos “por fuerza mayor”, aunque justamente la prohibición de despidos actúa sobre ese argumento.

“El período entre el anuncio del cese de operaciones y presentación del PPC le permitió a la empresa reducir el personal a través de los retiros voluntarios. Esta es una negociación bajo presión que va a durar bastante. Una de las hipótesis que manejamos es que la empresa se termine achicando mucho y quede una operación muy puntual de las rutas más rentables”, indicó a este diario Dina Feller, tripulante de cabina de Latam y coordinadora internacional de la red sindical Latam ITF.

"LATAM dice que se va sí o sí, pero no se desprendió de cosas muy valiosas como el CESA, el certificado que otorga el Estado nacional para ser operador aéreo, y tampoco devolvió las rutas que tiene concesionadas por los próximos quince años", agregó Feller. LATAM sí está desmantelando oficinas en varios puntos del país.

Se calcula que unas 800 personas, de los 1715 trabajadores de la empresa, optaron por el retiro voluntario. El resto seguirá enfrentando una situación de incertidumbre. El peor escenario, que todavía nadie descarta, es que el proceso termine en la presentación de la quiebra. Esto complicaría las posibilidades de cobro tanto de trabajadores como de otros acreedores.

Precisamente, el conflicto alrededor de los aviones de LATAM se explica según los gremios porque “si la situación llega a la quiebra, los trabajadores y otros acreedores tienen derecho a disponer del embargo de los activos de la empresa”. Hace nueve días, en los hangares de Aeroparque hay técnicos de LATAM Argentina haciendo guardia para impedir que la empresa se lleve los aviones a Ezeiza, desde donde es más fácil volar hacia Santiago de Chile, en donde está la casa matriz de la compañía. 

Sin el apoyo de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que depende del Ministerio de Transporte, los gremios están a la espera de una definición de la Justicia en relación a un recurso de amparo presentado para evitar la salida de los activos de la filial local.