El gobierno de coalición de España rechazó la celebración de un referéndum sobre la monarquía, mientras sigue creciendo la presión en torno al rey Felipe VI para que responda ante el escándalo de corrupción en el que está implicado su padre, el rey emérito Juan Carlos de Borbón. "La jefatura de Estado no está en cuestión" en España porque es "nuestro marco constitucional", dijo este miércoles la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, descartando la posibilidad de modificar el sistema político español durante una sesión de control al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados.
Calvo respondió de esa forma a un legislador del partido independentista vasco Bildu que tomó la palabra durante la sesión. "¿Qué más tendría que ocurrir para que el gobierno apoyara un referendo sobre la Jefatura del Estado?", se preguntó Jon Iñarritu en relación a las revelaciones sobre las sospechosas finanzas del rey Juan Carlos I. "No está previsto ningún referendo que nos haga desembocar en nada más y nada menos que un cambio de la Constitución de esa envergadura", sostuvo la vicepresidenta española.
Además, Calvo recordó que una reforma de este tipo requiere un "amplio acuerdo parlamentario", algo que es prácticamente imposible con la actual composición del Congreso de los Diputados español, en la que tienen amplia representación la derecha y la extrema derecha.
En las últimas semanas, los españoles fueron conociendo por medio de la prensa detalles de la investigación abierta por la justicia de Suiza contra el rey emérito Juan Carlos de Borbón, acusado de blanqueo de capitales y comisiones ilegales por una presunta coima de 100 millones de dólares que recibió en 2008 de Arabia Saudita por la adjudicación a empresas españolas del tren de alta velocidad de Medina a La Meca.
De acuerdo a la investigación de la fiscalía suiza, el padre de Felipe VI ocultó el dinero saudita en la Fundación Lucum, una empresa offshore con cuenta en Suiza, y en 2012 transfirió el dinero que le quedaba a su examante, la empresaria Corinna Larsen. Las pruebas documentales ya están en manos del Tribunal Supremo español, que también abrió una investigación preliminar para determinar si existen indicios penales contra el exmonarca, aunque sólo a partir de junio de 2014, la fecha de su abdicación, ya que antes estaba protegido por la inmunidad que le otorga la Constitución.
El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, calificó de "inquietantes" y "perturbadoras" las informaciones sobre la presunta corrupción del padre de Felipe VI, pero apenas abrió la puerta a una reforma constitucional para limitar la inviolabilidad del rey, que impide que sea juzgado por actos cometidos en su cargo.
Por su parte, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, del partido de izquierda Unidas Podemos (UP), reconoció la "valentía" de Sánchez por plantear esta cuestión, aunque pidió "abrir el debate sobre la utilidad de la monarquía".
