El espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri estuvo en todos lados. Funcionarios, policías, jueces, fiscales y hasta peritos se dedicaron a los seguimietos clandestinos con fines políticos y económicos. Una muestra de esto es el cambio de jurisdicción del expediente sobre la falsificación de la pericia en la causa del Gas Natural Licuado (GNL). Es porque el caso ya no será investigado como un fraude aislado, sino como parte de la gigantesca maniobra perpetrada por la banda paraestatal que integraba el falso abogado Marcelo D'Alessio y que tenía terminal en la Agencia Federal de Investigaciones (AFI). La decisión corrió a cargo del juez federal Sebastián Ramos quien envió el expediente, con el perito David Cohen como imputado, para que lo investigue su par de Dolores, Alejo RamosPadilla. El paso es significativo. Al principio se intentó presentar la pericia como un error de Cohen, pero el juzgado de Ramos demostró que fue una maniobra intencional para detener a Julio De Vido y a Roberto Baratta.
Luego aparecieron las llamadas del perito con el estudio de Claudia Balbín, que probadamente trabajó para la AFI tratando, por ejemplo, de convertir en arrepentido a Lázaro Báez o sus hijos (como lo denunció el empresario cuando declaró durante el juicio en su contra por presunto lavado de dinero) y que fue acusada de armar una grosera operación para apartar al juez Sebastián Casanello de la causa conocida como la Ruta del Dinero K. Cohen no sólo hablaba con Balbín, sino con buena parte del gobierno y los operadores judiciales de Cambiemos. Esto último fue descubierto por el propio Baratta cuando, mientras estuvo detenido, hizo un análisis pormenorizado de los entrecruzamientos de llamadas ordenados en la causa.
Los registros dieron cuenta de llamativas comunicaciones con la Casa Rosada, la Quinta de Olivos, el Consejo de la Magistratura, el Congreso, oficinas de los tribunales de Comodoro Py y estudios jurídicos vinculados al macrismo. Y, casualmente, esos llamados ocurrieron mientras Claudio Bonadio y Carlos Stornelli ordenaban la prisión preventiva de Baratta y De Vido. Luego, pese a que quedó demostrado que el peritaje que activó la causa GNL fue trucho, ambos fueron a la cárcel por ese expediente cargado de irregularidades. El punto es que cuando se descubrió que ese peritaje había sido fraguado la continuidad de la causa comenzó a correr peligro. Allí es donde entró en escena el falso abogado Marcelo D'Alessio, quien declaró como testigo de identidad reservada e involucró a los exfuncionarios en las supuestas maniobras de corrupción en la importación del fluido.
Entre las llamadas de uno de los teléfonos del perito Cohen, resaltaba una del 12 de abril de 2018. Esa fecha se registra una comunicación con la Quinta de Olivos. Ese mismo día, la Cámara Federal aprobaba el pedido de prisión preventiva de Baratta realizado por Stornelli. También se destacan varias comunicaciones con el estudio jurídico Tonelli, que tiene de clientes a Socma y a Yaciretá, entre otros. Precisamente, Pablo Tonelli fue el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura durante el gobierno de Muricio Macri. “Que Cohen hable con su estudio es sospechoso, amoral”, había advertido Baratta.
El pase a Dolores
El exnúmero dos del Ministerio de Planificación, querellante de la causa, fue quien pidió que se remitiera el expediente a Dolores. Entre los argumentos, el juez Ramos citó la postura de la fiscal Paloma Ochoa, quien afirmó que el presunto espionaje ilegal excede al objeto procesal, ya que el expediente a su cargo es sólo por el falso testimonio de Cohen. En cambio, Ramos Padilla "investiga entre otras cosas, la existencia de un dispositivo ilegal de inteligencia, una de cuyas finalidades habría sido direccionar e influir en el desarrollo de causas judiciales". Y, según explicó la fiscal, "la maniobra de falso testimonio investigada en esta causa podría estar comprendida dentro de las maniobras de inteligencia ilegal desarrolladas por el dispositivo investigado".
En su momento, Baratta había asegurado en una presentación en manuscrito que había elaborado de puño y letra desde el penal de Ezeiza, que el caso de Cohen “no se trató de un perito que realizó mal su pericia", sino que "su motivación era otra y su pertenencia a un grupo dedicado a la persecución política, judicial y mediática es clara”.
Ahora, con su declinación de competencia, Ramos avaló la hipótesis de Baratta y se sumó un nuevo hecho al expediente que instruye Ramos Padilla. Una muestra más de que las maniobras de espionaje ilegal, el direccionamiento de causas y las extorsiones durante el macrismo tienen vasos comunicantes que parecen conducir todos al mismo lugar y a los mismos protagonistas.
