El proyecto de ley del Plan de Auxilio, Capacitación, Infraestructura y Promoción del Turismo Nacional, presentado por el Frente de Todos, avanza en el Congreso. Esta vez fue aprobado por la Comisión de Defensa de la Competencia de la Cámara Baja. A principios de mes había sido aprobada por la Comisión de Turismo y el próximo y último paso previo a ser tratado en el recinto es la de Presupuesto.
En el tratamiento expusieron los principales referentes del sector turístico. Aldo Elías, presidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), señaló la importancia de esta ley ya que el turismo es "la primera actividad que ha parado y la última que va a volver a su rirmo normal". Su par de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica (Fehgra), Graciela Fresno, advirtió que el turismo "va a normalizarse no antes del 2022" y pidió declarar la emergencia del sector. En un mismo tono, Alejandra Barzani, de la Asociación de Agentes y Agencias de Viajes y Pymes (Avece) cuestionó el proyecto del oficialismo al advertir que "no contempla a las agencias de viajes pymes".
El proyecto de ley presentado por el diputado formoseño Gustavo Ramiro Fernández Patri se impuso 17 a 14 votos por sobre el de Declaración de Emergencia de la Actividad Turística presentado por Juntos por el Cambio. En la Comisión de Turismo el resultado fue similar.
El Plan contempla el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción destinado a unas 15.000 empresas, lo que representa el 75 por ciento del sector, con el compromiso del gobierno de extenderlo más allá del fin de la cuarentena y la protección de las empresas del sector, mediante herramientas para la reconstrucción del turismo con inversiones estatales que permitan a los prestadores privados posicionarse competitivamente después de la pandemia.
El punto destacado del proyecto es el Programa de Preventa, por el cual se creará un régimen orientado a fomentar y potenciar la demanda en turismo interno nacional. Consiste en la entrega de cupones de crédito equivalente al 50 por ciento del valor de cada operación de compra anticipada de servicios turísticos por parte de personas físicas, financiado por el Estado.
El legislador que impulsó el proyecto explicó que el mismo no está cerrado y que el oficialismo espera que "se den una serie de variables para tomar una decisión final", como el texto definitivo de la moratoria.
