Desde la Municipalidad de Salta se comunicó que las 33 ferias barriales que se ubican en las zonas periféricas de la ciudad de Salta permanecerán cerradas una semana más. La medida se tomó en conjunto con los feriantes, pero algunos de los trabajadores afirmaron que no se respetó lo acordado anteriormente y que necesitan volver a a la actividad de manera inmediata. Más de 4000 de estos trabajadores recibirán ayuda alimentaria mientras dure la suspensión.

“Las ferias son lugares de alto tránsito, por lo tanto, de alto riesgo. Somos conscientes de la situación económica de las familias que dependen de esto, pero debemos priorizar y proteger la salud de los trabajadores y vecinos de la ciudad”, manifestó el coordinador de Gestión y Planificación de la Municipalidad, Bernardo Racedo Aragón, luego de la reunión que mantuvo el martes último con los integrantes de las 33 ferias barriales de la ciudad.

Bajo esta premisa se dispuso brindar contención social a los feriantes a través de la asistencia alimentaria. La subsecretaria de Promoción Social del municipio, Jacqueline Cobos, dijo que esta ayuda será por medio del Programa Unidos y que beneficiará a más 4000 familias que recibirán la ración diaria de un plato de comida caliente.  Actualmente la Municipalidad reparte 50 mil raciones en 80 puntos de la ciudad, abarcando aproximadamente a 200 barrios y ahora deberá sumar a los feriantes. 

Desde la Municipalidad ya se venía trabajando con el programa desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio y “apuntó a las familias que no podían realizar la actividad diaria que llevaban adelante” hasta la cuarentena.

La funcionaria municipal dijo que para hablar del abordaje que se hará en las ferias barriales es necesario “retomar el trabajo que empezamos a hacer desde el primer momento del gobierno”. Explicó que desde un principio se gestó un “plan de regularización” de las ferias barriales que incluyó un primer sondeo para saber cuántas eran y dónde estaban ubicadas.

“Son 33 y la mayoría de ellas están en los barrios más vulnerables”, sostuvo Cobos. El “censo social”, como lo describió, “es lo que nos posibilitó acordar con ellos y avanzar en cuestiones vinculadas al uso del espacio público, tratar el tema de la limpieza y la seguridad” entre otras temáticas de abordaje social.

No obstante, Cobos no dejó de lado la posibilidad de que se vayan sumando más ferias, dado que se trata de la herramienta “que motoriza la familia y la economía barrial”. “El esquema de las ferias es familiar y es lo que termina dinamizándolas”, subrayó. 

Ese trabajo que se inició en las primeras semanas de gestión de la intendenta Bettina Romero “se vio atravesado por la pandemia" y desde ahí es donde se empieza a trabajar sobre los protocolos que se iban a utilizar en la reativación de las ferias, contó Cobos. Sin embargo, aseguró que en las últimas semanas tuvieron que "extremar los cuidados y fortalecer la prevención” y por ello, “se tomó la decisión de suspender la actividad de las ferias barriales por siete días más”.

El sondeo de la informalidad 

Cobos afirmó que la información recabada da cuenta de los “altos índices de informalidad laboral” en la que se encuentran los feriantes. Por eso, “sabemos que, si la gente no trabaja en el día, no garantiza el sustento básico que es el plato diario”. Ante el cierre de la actividad, la funcionaria dijo que brindar la comida "es lo que hay que atender de manera urgente”.

En esa línea, aclaró que cada feria “es una realidad distinta e incluso necesitan de una focalización diferente”. Por eso, dispusieron que la asistencia se dé a partir del trabajo conjunto de las distintas áreas del gobierno. “Rescato eso porque sería muy difícil comprometerse a la contención social si no fuese por el trabajo que veníamos realizando”, indicó Cobos.

La subsecretaria dijo que el Programa Unidos surgió como un “plan de seguridad alimentaria, pero brevemente se convirtió en un plan de abordaje integral”. Aseguró que esta conversión se dio por las problemáticas comunes que fueron detectando en los barrios y que se vinculan a la situación habitacional, el uso del transporte, el acceso a la salud pública y servicios públicos, y que debieron ir atendiendo en la medida que transcurrían las etapas de aislamiento y distanciamiento social.

Aseguró que es necesario llevar tranquilidad a los vecinos. “Lo que estamos haciendo es prevención en un contexto donde hay que reforzar, pero donde no desconocemos la difícil situación de las familias”, expresó. Señaló que Romero “está implementando atender lo urgente, pero con miras a lo que se viene en donde las personas puedan salir con fuentes de trabajo y desarrollo económico”.

Descontento 

La feriante de la zona sudeste Isabel Palma no estuvo de acuerdo con la decisión adoptada por la gestión municipal. “Estamos indignados con la medida que han tomado porque el viernes (pasado) nos prometieron que no iba a suceder”, manifestó. Palma sostuvo que la situación que viven es “desgastante”, teniendo en cuenta que anteriormente estuvieron "parados 70 días”.

La feriante entendió que la crisis fue global y que con el reinicio de las ferias estaban tratando de subsistir, “pero ahora nos cortan de cuajo y la verdad que no podemos seguir así”. Palma recorre habitualmente algunas ferias, entre ellas las de los barrios Solidaridad, San Benito, San Francisco Solano, las más concurridas. Indicó que solamente la zona sur reúne alrededor de 1500 familias.

Desde el 22 de mayo se reactivaron las ferias en los barrios y Palma dijo que desde ese momento venían "más o menos” con las ventas. Pero que los resultados económicos eran entendibles  puesto que "la gente se quiere cuidar y, además, porque sabemos que cuando uno vuelve a empezar todo es paulatino”. “Hemos tratado de respetar todos los protocolos y hasta pagamos personal policial para que hagan respetar lo dispuesto”, señaló a Salta/12.

En ese sentido, cuestionó que se vuelva a cerrar la actividad cuando “nos estábamos reactivando”. “Nosotros tenemos nuestras propias cuentas, debemos pagar a nuestros proveedores y cada vez que cerremos va a implicar que nos sigamos metiendo en cuentas”, destacó. 

Criticó que la medida de suspensión abarque únicamente a las ferias barriales ya que entiende que "casos de Covid hay en todos lados". "Hay gente que trabaja en el centro y que vive en diferentes puntos de la ciudad”, expresó. “Así es todo el tiempo, pero ellos (por el Gobierno) nos clausuran únicamente a nosotros”, enfatizó Palma.

Por su parte, Daisy Serrudo, feriante en el barrio Solidaridad, afirmó que “la situación es fea porque somos los que tenemos que trabajar independientemente”. “Vemos que nosotros no tenemos la fuente de trabajo habilitada, pero también vemos que en el centro la gente sigue vendiendo”, manifestó. 

En esa línea, hizo referencia a los centros comerciales que siguen abiertos, a pesar de que tienen una concurrencia similar a una feria barrial. "Ahí también asisten personas de todas las zonas de la ciudad", expresó. “No sé qué hay, pero ahí hay algo con ellos porque nos cierran solo a nosotros y a los demás no”, aseguró.

Serrudo dijo que si siguen sin trabajar no van a "tener lo suficiente para pagar la luz, el agua, los impuestos” y hoy están "a la deriva”. “Esperemos que todo esto pase rápido, por nuestra salud, pero también porque queremos trabajar. Necesitamos nuestra fuente de trabajo porque de eso vivimos”, indicó. 

Palma sostuvo que la ayuda alimentaria que promueve la Municipalidad “no es más que un bolsón de mercadería”. Ante ello, preguntó “¿qué familia puede subsistir con un bolsón cuando las cuentas aumentan?”. “Me parece una falta de respeto porque nosotros no les estamos pidiendo limosna, estamos pidiendo trabajar”, enfatizó.

Por eso, solicitó que el gobierno de Romero “revea la situación” porque “ellos dicen que no hay ningún ánimo en ir contra las ferias, pero están demostrando otra cosa”. Consideró que el gobierno municipal solo los ve como el “comercio informal” y que no considera que al suspender la actividad no solo se va en contra de los feriantes sino de las familias que subsisten por las ferias.

“Al cerrarnos están obligando a las familias a ir a un supermercado y sabemos que muchas veces no les alcanza para hacerlo”, reprochó Palma. Entendió que con estas acciones "no solo nos están atacando a nosotros sino a la gente que es nuestro cliente y que por comprarnos llega a fin de mes”.