Referentes de derechos humanos plantearon la necesidad de la creación de un Comité de Seguimiento de la Violencia Policial e Institucional. Lo hicieron en una reunión con el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo. La fiscala de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, anunció la implementación de un Protocolo de investigación ante las denuncias por abuso policial, lo puso a disposición de las organizaciones para que realicen aportes y ya cuenta con la aprobación del procurador. Además, informó que se pondrá a disposición un sistema de denuncias web para estos casos.
Del encuentro, realizado ayer, participaron autoridades del Ministerio Público Fiscal, representantes de HIJOS Salta, Canela Álvarez y la abogada María José Castillo, y los abogados que integran la Asociación Pensamiento Penal, Martín Plaza y Josué Díaz Cueto.
Las organizaciones presentaron un Registro de Casos de Violencia Institucional durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio y la vigencia del decreto provincial 255/20 (convertido en ley). Hasta el momento llevan relevados 27 hechos de abuso policial. Por ello solicitaron la conformación de un Comité de Seguimiento de Casos de Violencia Policial e Institucional.
“No se concretó nada aún. Quisimos poner el tema en agenda. El procurador dio su visto bueno. Desde la Asociación acordamos que vamos a presentar un proyecto para la conformación del Comité”, contó Díaz Cueto a Salta/12. Aclaró que aún no han empezado a trabajar en esto pero prevén que el espacio pueda estar integrado por organizaciones civiles, autoridades de la Procuración y del Ejecutivo Provincial.
“Queremos un Comité que funcione de manera similar al Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género”, especificó Díaz Cueto.
El abogado consideró que con el apartamiento del anterior fiscal de Derechos Humanos, Gustavo Vilar Rey, y la incorporación de la fiscala Simesen de Bielke “empezaron a avanzar las investigaciones”.
Vilar Rey fue removido de la Fiscalía de Derechos Humanos por decisión del procurador. Al funcionario se le abrió un sumario a raíz del planteo de las organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas respecto a la inacción para investigar las denuncias por violencia policial.
La fiscala Ana Salinas Odorisio se encuentra a cargo del sumario administrativo pero no acudió a la reunión con las organizaciones. Díaz Cueto dijo que solicitaron tener acceso al sumario para “ver la posibilidad de intervenir en éste y avanzar en un jury de enjuiciamiento”. Añadió que en la reunión se informó que en más del 90% de las causas contra policías que llegaban a juicio, éstos eran absueltos por la falta de investigación fiscal.
Por su parte, Simesen de Bielke, anunció la aplicación de un Protocolo de Actuación Interna, desde “el momento cero” de una investigación y hasta que se concrete el juicio por hechos de abuso policial. También, de un Protocolo Externo que será destinado a otros organismos y especialmente al Ministerio de Seguridad de la Provincia.
Este protocolo fue elaborado sobre la base de la “Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes” y el “Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes”, más conocido como el Protocolo de Estambul, que consiste en el primer conjunto de normas internacionales para documentar la tortura y sus consecuencias.
El protocolo establece buenas prácticas de actuación y especialmente las destinadas a evitar la revictimización. Díaz Cueto dijo que la fiscala lo puso a disposición de las organizaciones para que introduzcan modificaciones y realicen aportes.
"Esto viene a subsanar la ausencia de un protocolo ante las causas de violencia policial. Son delitos que no pueden ser investigados de la misma manera que otros porque requieren especialización y actuaciones de manera urgente. El sujeto activo del delito y presunto responsable es un policía", sostuvo Díaz Cueto. El letrado explicó que en los delitos comunes "es la Policía la que actúa de forma primaria y releva pruebas" mientras que en que los casos violencia institucional, la "Policía tiene que investigarse a sí misma". El protocolo deberá "permitir investigar, recabar la prueba necesaria, e instruir al personal que interviene", aseveró.
El abogado expuso que faltan medidas cautelares para las víctimas que denuncian violencia policial como el apartamiento de los miembros de la fuerza y la detención. También señaló que las medidas cautelares se suelen disponer a favor de los policías cuando también denuncian y en contra de las víctimas. Además, indicó que debe ser inmediato el secuestro de los libros de guardia cuando se denuncia abuso policial.
Simesen de Bielke anunció la puesta en marcha del Sistema de Denuncias Web para denuncias de violencia policial e institucional, por las numerosas quejas de víctimas que alertan sobre la imposibilidad de denunciar a efectivos de la fuerza en las comisarías. Se indicó que la página estará habilitada en breve.
Por su parte, Cornejo informó sobre distintas medidas adoptadas por el Ministerio Público Fiscal en pos de la investigación, esclarecimiento y sanción de hechos de violencia policial. El procurador presentó un proyecto en la Cámara de Diputados para que la Fiscalía de Derechos Humanos vuelva a denominarse de Causas Policiales y Penitenciarias, también solicitó que se constituya y ponga en funcionamiento el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura.
Los referentes y las referentas denunciaron la violencia policial sistemática, el avasallamiento permanente sobre los derechos humanos, la falta de acceso a la justicia de los sectores vulnerables de la población; la obstrucción y entorpecimiento policial para que ciudadanas y ciudadanos denuncien y el Ministerio Público Fiscal investigue y las demoras en imputaciones y las amenazas a denunciantes y testigos por parte de efectivos.
