El aprovechamiento del monte, o lo poco que queda de él a causa de los desmontes, está en tensión continua entre los que lo explotan de manera intensiva y pese a los cuestionamientos logran tener todos sus procedimientos en regla, y aquellos que lo hacen por subsistencia, como las comunidades del Pueblo Wichí, que siempre son señaladas por hacerlo de manera irregular.

Un ejemplo es el de los empresarios que desde enero, e incluso durante la cuarentena, desmontaron 9.241 hectáreas. Para la Provincia, quienes lo hicieron estarían autorizados por la gestión anterior. La decisión política parece ser permitir el desmonte durante la cuarentena, si es que cuenta con autorización previa, por considerarlo “actividad esencial” al estar contenido en las actividades agrícolas. Las topadoras arrasaron con lugares que según el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) son de alto y mediano nivel de conservación.

La otra cara de esa misma realidad es la del monte ya degradado que habitan las comunidades wichí (acorraladas por los desmontes), cuyos integrantes terminan también por sacar la madera para subsistir. La extracción, que sería irregular, tiene controles aceitados en los destacamentos policiales del Interior que terminan por secuestrar a los clientes de los indígenas los muebles, el carbón y las artesanías que compraron a las comunidades.

Este freno de las ventas a raíz de los secuestros de las mercaderías fue lo que llevó a quienes forman parte de la organización wichí La Nueva Integridad, al corte de la ruta provincial 53, a la altura de Padre Lozano (a 35 kilómetros de Embarcación, en el departamento San Martín), desde el viernes pasado. Este miércoles el corte se instaló desde las 7. Diez horas después, tras el compromiso de la Policía y la Municipalidad de Embarcación de dar soluciones, la protesta se suspendió. 

La alternativa que se les comunicó a los habitantes originarios es que a partir de ahora la producción de la comunidad pase por el destacamento de Padre Lozano con el fin de contar con una certificación para ser luego comercializada en la Playa de Transferencia de Embarcación. El propósito es también que los compradores no ingresen a las comunidades para evitar el riesgo de la transmisión de la Covid-19. Las comunidades dieron un compás de espera hasta el lunes, con el propósito de ver si se cumplen estos compromisos.

El conflicto

Leonardo Pantoja vive en Misión Chaqueña, es miembro de La Nueva Integridad y presidente de la Comisión Nacional de Investigación de Genocidio para el Resarcimiento Histórico de los Pueblos Originarios. Explicó a Salta/12 que la protesta se realizó por un desencuentro con el intendente de Embarcación, Carlos Funes.

Según el referente wichí, en abril hubo un acuerdo con el jefe comunal para que en un canchón de Padre Lozano expongan sus producciones a los compradores de artesanías, carbón y muebles. Luego, el problema principal radicó en que las comunidades habían perdido a sus clientes, dado que ante la falta de un comprobante, la mercadería comprada quedaba secuestrada en los destacamentos.

La posibilidad de vender artesanías quedó truncada por el cierre del turismo. Ante ello, las alternativas son en el carbón y los muebles, que salen de las maderas del monte que quedan en algunas comunidades. En medio de la emergencia y la necesidad de buscar opciones para subsistir, este trabajo implica una salida económica, aunque mínima. 

Según lo explicado por Pantoja, por mes se venden unas 200 bolsas de carbón a un promedio de $200 por unidad, es el resultado del trabajo que realizaron grupos de 25 personas. Esos $40 mil mensuales son repartidos entre quienes trabajaron. Además, las familias reciben alguna ayuda social (a través de módulos alimentarios), la Tarjeta Alimentar o el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). “Pero no es para todos, porque muchas veces o no cumplen los requisitos o se les complica entrar por Internet para pedir porque no entienden”, dijo Pantoja. Lejos de generar trabajo genuino, los desmontes no implicaron tampoco una salida laboral suficiente para las comunidades.

El referente reconoció que el uso del monte para subsistir no es lo óptimo, menos para comunidades que fueron, a su vez, acorraladas y desalojadas por la destrucción forestal a gran escala. Dijo que por ello esperan la respuesta a un proyecto que se presentó hace un mes. El objetivo de esa iniciativa es la instalación de una planta de procesamiento de harina de algarroba. Además de cuidar el algarrobo, esta salida “nos va a permitir también cuidar alimentos como el chañar y el mistol”, dijo Pantoja.

El problema de las guías

“El playón de transferencia está en la terminal de Embarcación”, dijo Funes por su parte a Salta/12. Añadió que “el problema es que a la gente que viene a comprar de otros lugares la Policía no la deja pasar por no tener documentación”. 

El mandatario comunal afirmó que esa autorización viene de la mano de la Secretaría de Ambiente de la provincia que habilita las guías para sacar madera del monte y convertirla en carbón o en muebles, y no de la intendencia. Desde la Municipalidad “sí permitiríamos a las comunidades llevar sus productos a esa playa de transferencia de Embarcación”, sostuvo.

Fuentes de Ambiente adelantaron que el conflicto podía destrabarse. Explicaron que el problema es que efectivamente se otorgaron guías a dos comunidades de la zona, Carboncito y La Esperanza, para el aprovechamiento forestal. “El tema es que ellos tienen que rendir las guías con las que se les habilita el aprovechamiento y se les va descontando de los cupos” o cantidad de madera que se les permite extraer. 

Esto quiere decir que se permite sacar hasta cierta cantidad de madera en un tiempo determinado, y para ello deben ir “rindiendo” las guías, para especificar cuánta madera sacaron. Pero las comunidades no presentaron las rendiciones y la sospecha es que fueron utilizadas por distintas comunidades más de una vez. 

Las fuentes oficiales explicaron que si bien se facilitan los procesos para que las comunidades originarias accedan a las guías para extraer madera, solo estas dos poblaciones indígenas lograron obtener los permisos porque las demás “no presentan los proyectos de aprovechamiento forestal y no se les puede otorgar las guías en esas condiciones”.