La pandemia puso de manifiesto, una vez más, las amplias desigualdades que lastiman la sociedad argentina. La parálisis económica golpea a todos los sectores, pero no todos tienen la misma espalda financiera para sobrellevarla, aún con la indispensable política de ingresos desplegada por el gobierno. El encierro en las casas tampoco es el mismo para todes, como demostró la explosión de contagios en las hacinadas villas de la ciudad de Buenos Aires. La educación a distancia que funciona medianamente bien en los estratos medios, va para atrás en los sectores bajos donde la disposición de computadoras, acceso a internet y la presencia de alguien que puede sustituir las tareas de acompañamiento del docente son más esporádicas.
La desigualdad también se puso de manifiesto al regularse las actividades económicas, separando aquellas consideradas esenciales, de las que no lo son. Esa división, pone sobre la mesa un asunto que hasta hace poco era un tabú para los economistas: ¿qué necesidad social resuelve aquello que producimos?; ¿es ésta esencial o secundaria? Si se acepta que la prioridad ética es resolver primero las necesidades esenciales de toda la población, entonces las políticas productivas y de demanda deben priorizar el desarrollo productivo de los sectores esenciales dentro de los que abastecen el mercado interno, así como un ingreso universal mínimo que permita su adquisición por toda la población. La realidad argentina muestra que mientras más de la mitad de las fuerzas productivas se destinaban a sectores no esenciales, un porcentaje importante de la población carecía de los bienes más indispensables.
Al respecto, no todos los que desarrollan actividades esenciales durante la cuarentena son considerados de la misma manera. Es el caso de los recicladores urbanos más conocidos como “cartoneros”. Su actividad se enmarca dentro de la “recolección, transporte y tratamientos de residuos sólidos urbanos” considerada como esencial por las autoridades nacionales y, por tanto, que se mantiene activa pese a la cuarentena. Sin embargo, los cartoneros se vieron mayormente obligados a dejar de trabajar so pena de ser perseguidos por las fuerzas de seguridad. ¿Cuál es la razón? ¿Sumar un golpe adicional a sus extremas condiciones de precariedad laboral y bajos ingresos?
El rol del Estado con los trabajadores de la economía popular no puede seguir siendo persecutoria como en tiempos del macrismo cuando se consideraba que los cartoneros “robaban la basura”. La visión punitiva con que el liberalismo se relaciona con la economía de los más humildes se justifica en su ilegalidad. Pero la misma no es responsabilidad de quienes desde sus más básicas necesidades se abren paso a la subsistencia en los márgenes de una legalidad construida a espaldas de la realidad social del país. La tarea de un gobierno popular es construir una legalidad amplia, que incluya las actividades de los sectores populares, como un paso más hacia el acceso a la justicia social de quienes en ella se desempeñan.
@AndresAsiain
