Mientras gran parte de la base social que responde al macrismo critica por autoritaria a la cuarentena que estableció el gobierno nacional al que acusan de “infectadura”, el gobernador de Jujuy, el radical PRO Gerardo Morales, debió regresar a una cuarentena rigurosa por el brote del virus en su provincia.

El gobernador responsabilizó “a las juntadas” de amigos que se realizan después del trabajo. Y dijo que había que dejar de hacerlas por un tiempo. Sin embargo, las características de los contagiados están más relacionadas con sus trabajos que con sus actividades sociales.

Trabajadores de la salud y obreros mineros y del azúcar representan el 55 por ciento de los contagios. Lo que muestran esas cifras es una responsabilidad política más que social individual. Son estadísticas que hablan de condiciones laborales.

El personal de salud ha reclamado desde el principio de la pandemia que se los provea de Equipos de Protección Personal (EPP), que en muchos casos les fueron negados. En este momento, Jujuy sólo dispone de 51 camas libres para el tratamiento enfermos sintomáticos de la pandemia.

La falta de camas para dar cuenta de una crisis sanitaria, según denunció el médico Pablo Jure, también es un problema político, porque pone de manifiesto cuáles han sido las prioridades de Morales ante la pandemia. La falta de equipamiento surge de esa problemática.

El gobernador Morales rechazó la ayuda que le ofreció el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, quien había planteado el envío de un equipo de médicos terapistas e infectólogos. Pero aceptó una ayuda similar por parte del gobernador cordobés, Carlos Schiaretti. El rechazo de la ayuda ofrecida por el gobierno nacional fue esencialmente político.

El gobierno nacional ha insistido en que el combate de la epidemia debe superar las diferencias de agrupamientos políticos. Sobre todo en el caso de los dirigentes que tienen responsabilidades de gestión. El ofrecimiento de ayuda se encuadra en esa decisión del presidente Alberto Fernández

Es evidente que Morales especula desde el primer momento con los efectos políticos que tendrá la pandemia en su provincia y no quiso la intervención del gobierno nacional, del que es opositor.

Sus correligionarios se manifiestan en las calles de Buenos Aires, insultan al gobierno nacional e incluso los intelectuales orgánicos del macrismo y el radicalismo PRO acusan al gobierno nacional de “infectadura”. Resulta llamativo que esos mismos personajes no digan nada sobre las medidas que ha tomado Morales, quizás, las más autoritarias de esta cuarentena.

Morales ha dicho que las casas de los pacientes en cuarentena serían señaladas con una faja; ha dicho que no dejaría regresar a su provincia a los jujeños que estuvieran en zonas de circulación del virus, y metió en forma intempestiva en un ómnibus para mandarlos a la CABA sin alojamiento ni estudios sanitarios previos a 61 ciudadanos de Bolivia, Brasil, Colombia y Venezuela que estaban en Jujuy cuando se declaró la pandemia. Pero como es macrista, eso no es infectadura sino la manifestación simpática de un dirigente de carácter. No es doble vara, es hipocresía.

Morales encuentra la forma de derivar responsabilidades sobre la base de alimentar prejuicios. El gobernador amenazó con penas de hasta 15 años a los que contagien el virus. Infectadura y media. Y dijo que el brote había sido introducido desde Bolivia, lo cual no está probado.

Su idea de combatir el coronavirus no es aumentar la cantidad de camas de internación y de terapia, aumentar los respiradores y proveer de protección a los trabajadores de salud y a los mismos policías. Para Morales se trata de aumentar el control del contrabando hormiga desde Bolivia. De esa manera se respalda en la reacción xenófoba y racista del sector de los jujeños que lo ha respaldado en su persecución a los movimientos sociales.