Hace 44 años se producía la conocida "Noche del Apagón" en dominios de la empresa Ledesma, en la provincia de Jujuy, durante la última dictadura cívico militar. A la medianoche del 20 de julio de 1976 se apagaban las luces de las localidades jujeñas del Libertador General San Martín y Calilegua. A partir de ese momento, durante siete días las fuerzas de seguridad secuestraron a más de 400 personas, a las que se sumaron otros secuestros en El Talar. Hoy continúan desaparecidas 55 personas.

Estos hechos son un ejemplo de la participación del sector civil y empresarial en los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la vigencia del terrorismo estatal. En este caso, por parte de las autoridades del ingenio Ledesma, Carlos Blaquier, su presidente, y Alberto Lemos, gerente administrativo de ese entonces. Ambos están acusados de haber facilitado los vehículos y las instalaciones del Ingenio para llevar a los secuestrados. 

Sin embargo, antes de esos días de julio, el plan para perseguir y asesinar a personas por cuestiones políticas ya se había iniciado el 24 de marzo de 1976 con el secuestro y desaparición del médico Luis Aredez, quien fuera intendente de Libertador en los años 50 y luego trabajador del propio Ingenio. 

La Noche del Apagón es recordada cada año con una gran marcha. Este año, pandemia mediante, tuvo que suspenderse. En este marco, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación organizó un conversatorio virtual junto a sobrevivientes y militantes de derechos humanos.  

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, manifestó en la apertura que la Noche del Apagón “es el símbolo de la complicidad empresarial con la dictadura militar”. Destacó que hay “altibajos en la causa” en la que se investiga a Blaquier y Lemos. “Todavía no pudimos condenar a los responsables”, señaló. En 2012, el juez federal Fernando Poviña procesó a Blaquier como partícipe primario del delito de privación ilegítima de la libertad de 29 personas en lo que se conoció como la Causa Burgos. A Lemos lo procesaron como partícipe secundario, por los mismos delitos. Sin embargo, en 2015, la sala IV de la Cámara de Casación Penal los favoreció con una falta de mérito y hoy la causa se encuentra apelada, aguardando la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La acusación a Blaquier es por haber facilitado las camionetas de la empresa para trasladar a las personas secuestradas hasta los centros clandestinos. 

Pietragalla también recordó a Olga Aredez, la compañera del aún desaparecido Luis Arédez. Olga falleció en 2005 sin encontrar el cuerpo de su esposo. “Fue una luchadora incansable que en soledad marchaba todos los jueves para pedir justicia en una sociedad que vivió tantos años de impunidad y para demostrar la responsabilidad del Ingenio”, recordó el funcionario nacional.

“La complicidad está explícita, lo dicen tanto los testigos como los sobrevivientes que han declarado que fueron secuestrados en las camionetas” de la empresa, aseguró. Reiteró que “es evidente” la participación y en ese sentido, y expresó que por eso “queremos que la Justicia pueda abrir otra vez la posibilidad de un juicio para que ningún ciudadano se quede con la duda de lo que pasó".

Por su parte, Eva Arroyo, miembro de HIJOS Regional Jujuy y querellante, aseguró que al margen de la falta de mérito a Blaquier y Lemos, “es importante que la sociedad ya sepa” lo sucedido porque eso permitió que se “haya construido una condena social”, y hoy se sabe que Ledesma “es una empresa relacionada con el terrorismo de Estado”.

Para Arroyo, el ingenio sigue manteniendo un “vínculo importante” con el poder político. “Sigue digitando todo lo que es política desde el Ejecutivo de esa ciudad”, pero señaló que “los organismos hemos construido una condena social y eso se lo debemos a las madres de Libertador”.

En esa línea, María José Castillo, abogada representante de la querella por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, contó que en la Megacausa, que se inició en 2018, hay una acumulación de quince causas por delitos de lesa humanidad. “Nos falta ir a esa tierra de Ledesma”, señaló y agregó que hasta que no pase la pandemia los juicios seguirán frenados.

Castillo coincidió en que “la condena social es la que está, el pueblo sabe lo que hicieron, pero necesitamos que el Poder Judicial lo diga”, en referencia a la falta de resolución existente desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“Hoy los que tienen que hacer más son los jueces y este es un pedido expreso a la Corte porque están dadas las condiciones para que estos genocidas ingresen al proceso”, subrayó. También destacó que en las declaraciones que se conocieron en los juicios, los testigos contaron que su secuestro, tortura, exterminio y hasta expulsión de la localidad se debía a su lucha sindical. 

“El pueblo ya lo comprendió y es la Corte quien tiene que dejar que este esfuerzo enorme se traduzca en un castigo ejemplar para la empresa. El Nunca Más tiene que ver con el castigo”, enfatizó. “Celebramos que sea política de estado y poner en el tapete que faltan los empresarios en los delitos de lesa humanidad”, finalizó Castillo. 

Cuando las luces se apagaron

Oscar Alfaro, uno de los sobrevivientes y parte de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, no pudo obviar la marcha que se hace todos los años desde Calilegua hasta Ledesma. “Por la pandemia, nos vimos obligados a quitar nuestro instrumento de lucha que es la calle”, expresó. 

Alfaro estuvo en el Centro Clandestino de Detención de Guerrero. “Yo diría también de exterminio”, agregó. “De ese centro desaparecieron a la mayor cantidad de compañeros” y “todos conocen lo que ocurrió en Guerrero porque hay testimonios en los juicios con nombre y apellido”, subrayó.

“Cuando decimos Nunca más es porque nunca más quisiéramos pasar por la situación que pasamos. Además, porque no queremos que ningún argentino pase por eso. Por eso la importancia de los juicios”, sostuvo. 

En tanto, Ricardo Aredez, hijo de Luis Aredez, planteó que es necesario “ampliar la lista de responsables en esa esta época” y  se debe agregar a todo el directorio que estuvo al frente de la empresa en ese período. Y sumó su anhelo de “querer” y “necesitar” encontrar a los detenidos desaparecidos. “Terminar con este duelo y seguir exigiendo justicia”.

Aredez memoró el momento en que se llevaron a su padre el 24 de marzo de 1976. “Tenía 16 años cuando vi a mi padre a las 3.30 de la mañana subirse a una camioneta”. Contó que tocaron el timbre y vio en la puerta a los militares mientras que quien conducía el vehículo era el ténico de fútbol Juan de la Cruz Kairuz.

Meses después Olga consiguió una reunión con Lemos. “Mi madre le pide a Lemos que como cristiano le diga la verdad”, relató. Lemos le dijo entonces que su marido “había hecho mucho daño a la empresa desde el 58 y que por eso lo iban a tener años”, recordó.

Ricardo también sufrió las embestidas de la dictadura en carne propia. El 21 de julio del 76, se encontraba en la plaza de Libertador. “A las 10 de la noche se cortan las luces. Corrimos, recuerdo el ruido de las ruedas y antes de llegar a mi casa, me alumbran con una camioneta blanca”, indicó. Se abre la puerta del vehículo y le piden sus documentos. “Este es Arédez, este no”.

Ricardo enalteció la organización de las madres y padres desde el momento en que desaparecieron sus hijos. “Qué valentía tuvieron las madres de Ledesma para empezar a buscar justicia en medio de ese feudo”, sostuvo. Recordó a Sixta Tejerina, Rita Garnica, la “Gringa” Coronel y muchas más. “Había mucha presión y muchas madres morían de pena”, recordó.

También recordó el encuentro que su madre tuvo con el entonces presidente Néstor Kirchner. “Tengo un afecto enorme al presidente Néstor”. “Para mí tener la posibilidad de haber sido recibido en la Casa Rosada marcó un hito importante”, aseguró. Además, agradeció el acompañamiento de las organizaciones sociales sociales como la Tupac Amaru, de Milagro Sala, y la Tupac Katari.