“Queremos dejar constancia que la situación de público conocimiento de desnutrición en nuestras comunidades se debe a la complicidad del Estado y las empresas privadas en el terricidio que atenta contra toda posibilidad de crear cualquier forma de soberanía alimentaria”. “Actualmente nuestros territorios están permanentemente amenazados por desalojos, deforestación, fumigados con agrotóxicos. El Estado no puede ser cómplice una vez más de la vulneración de derechos humanos, es más, no tiene que hacerlo NUNCA MÁS”.
El extracto es parte de la extensa nota que enviaron integrantes de comunidades originarias a la titular del INADI, Victoria Donda, con adhesión de organismos de derechos humanos.
Según indicó a Salta/12 el titular de ese organismo en Salta, Gustavo Farqhuarson, la nota será viabilizada desde la entidad a los ministerios de Gobierno, Salud, y Desarrollo Social de Salta y la Nación, también será enviada a la Cámara de Diputados de la provincia con el fin de enmarcar legislativamente la intención de ejecutar políticas de contención acordes a las realidades de las comunidades originarias.
“Queremos contarle” es la frase que encabeza cada reclamo y detalle de la realidad que persiste entre las comunidades. “Queremos contarle que esta situación es de mucho tiempo, tanto tiempo que podemos ya llamarle segregación racial, étnica, cultural, política, lingüística y sanitaria, por supuesto”.
“Nuestras comunidades muchas están en regiones aisladas de las urbanizaciones, se podría pensar que en este momento eso nos protege pero es una protección engañosa. Porque el aislamiento no es sólo geográfico, sino que nos encontramos aislados y aisladas de condiciones dignas de vida. Y que las comunidades y municipios que se encuentran en zonas urbanizadas también sufren el mismo tipo de aislamiento”, indica la primera parte de la nota.
“Queremos contarle que se dicen mentiras que se vuelven verdades cuando se repiten mucho tiempo: ‘esconden los enfermeros’ ‘los caciques tienen la culpa’ ‘se van’ ‘no son indígenas de verdad’ ‘son vagos’ ‘no se cuidan’ y muchas más”. “Utilizamos muchas estrategias para sobrevivir, incluso ahora en esta crisis, pero que no es suficiente y tenemos miedo… Necesitamos condiciones dignas de salud para enfrentar esta crisis: El agua tiene que estar garantizada ante todo. La electricidad y el acceso a puntos de luz tiene que estar garantizado. Los elementos sanitarios como lavandina, alcohol, barbijos y guantes, tienen que estar garantizados no sólo para nuestras comunidades sino para el personal sanitario”, agregaron al señalar que ante la instalación de la pandemia, estas carencias se sienten mucho más.
“Es muy difícil que muchos y muchas de nosotros podamos acceder a una unidad de cuidados intensivos o a un respirador, debido a la distancia y la falta de preparación de los escasos hospitales que hay. Queremos contarle que la segregación que sufren nuestras comunidades también hace que tengamos más problemas de salud muchas veces. La alimentación digna es una de las condiciones para tener buena salud, el acceso al agua potable es una de las condiciones para tener buena salud, buena atención sanitaria es una de las condiciones para tener buena salud”.
“El despojo es tal, que sabemos que con nuestros cuerpos desnutridos, nuestras tierras ocupadas, nuestra agua contaminada, hasta con nuestro último pellejo aún se hace dinero que no llegará nunca para ser usado en nuestro bienestar. La permanencia en la zona de entidades internacionales de ayuda de diversa índole (Unión Europea, Organización Mundial de la Salud, Unicef, OCHA, Cruz Roja) muestran de manera contundente que el relevamiento de datos no se tradujo nunca en justicia social”, afirmaron.
“Las prácticas de racismo institucional, terricidio, ecocidio y abandono tienen efectos materiales específicos y directos en nuestras comunidades, viviendas precarias por la dificultad de acceso a buenos materiales, la desocupación y la falta de reconocimiento de los saberes arquitectónicos y artísticos ancestrales. Viviendas sin tratamiento de excretas, en zonas sin acceso a agua segura. Esta situación impacta directamente sobre nuestros cuerpos que enferman: hay un alto porcentaje de tuberculosis, desnutrición, anemia, diabetes, parasitosis, HIV, leucemia, cáncer, infecciones de la piel, chagas, sarna. El dengue endémico implica que la mayoría de nuestras comunidades lo curse hasta dos veces una misma persona, que las enfermedades de la piel se hayan generalizado en nuestros niñes. Nuestros niñes discapacitades sobreviven sin asistencia sanitaria ni social”.
En todo ese detalle se involucra además el incumplimiento a leyes nacionales e internacionales, como la Ley Nacional 23.302, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que establece “la protección de la salud de las comunidades originarias y sus descendientes”, o el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La burocracia, otra forma de discriminar
Hay entusiasmo ante la posibilidad de contar con una huerta. Pero el agua es insuficiente y en algunos casos, hasta está almacenada en bidones que antes albergaron agrotóxicos, a los que en una jerga más elegante se les dice “fitosanitarios”. Entonces se trata de agua contaminada. “La base del agua seguro que la encuentra donde están las agroexportadoras”, afirmó Seila Pérez, quien se autodefine guaraní y acompaña a distintas comunidades del departamento San Martín ante las privaciones impuestas por las burocracias y la falta de políticas adaptadas a las realidades originarias.
Pérez integra la Liga Argentina por los Derechos Humanos y es parte de la organización Omaguaca Warmikuna. Este jueves, cuando habló con Salta/12, contó que estaba “en territorio”, en este caso en la comunidad wichí de Kilómetro 6, para ver la posibilidad de hacer una huerta. Pero en general la tierra está seca. La falta de agua en el departamento San Martín es recurrente, y lo es aún más en las comunidades, que para obtenerla cuentan con conexiones clandestinas como las que se muestran aquí.
Seila, como muchos otros miembros de las comunidades originarias, aportó a la nota que elevaron a Donda. “Hay una discriminación sistemática que existe en la salud, en las áreas sociales de la Municipalidad”, indicó.
Mientras, la realidad que viven las comunidades indígenas en la pandemia es cuanto menos preocupante. La mujer señaló, por ejemplo, que en una habitación de madera viven “más de 15 integrantes” de una familia.
Conseguir ayuda social suele ser un problema teniendo en cuenta la dificultad de los habitantes indígenas para comprender la burocracia, más aún cuando muchas de las mujeres wichí a veces ni siquiera hablan el castellano. “Las madres van a pedir un bolsón y les piden una serie de requisitos que la mamá se queda mirando, porque no tiene cómo acceder”, sostuvo Pérez. Afirmó que el problema se extiende a la atención local de la ANSeS, que diferenció de los operativos “que se hacen desde la ANSeS de Buenos Aires”.
Estos últimos se instalan en los territorios y permiten que el acceso a los beneficios sea más fácil. Pero con la pandemia, no hay posibilidad de nuevos operativos. El primer requisito para acceder a los beneficios es, además, contar con el DNI. Pero en las comunidades hay personas indocumentadas ya mayores que si bien logran acceder en algún operativo que realiza el Registro Civil en los territorios, no llegan a retirar sus documentos “porque se tienen que ir al monte a buscar su alimento”. Sin el documento de identidad no tienen beneficios, y sin beneficios no hay posibilidad de acceder a comida más que yendo al monte. Entonces al DNI no lo retiran, y pasan dos años más y deben volver a inscribirse.
Pérez explicó que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) tiene también “toda una burocracia”. Y es que a veces no tienen celular y, si lo tienen, no tienen acceso suficiente a internet para hacer el trámite.
La falta de acceso a los derechos ahondó la situación de necesidades básicas insatisfechas en la pandemia. Ante ello es que, dijo Seila, decidieron consensuar la nota que fue elevada a Donda y reencontrarse entre las comunidades para organizar su reclamo.
“Se los trata como casi humanos porque no cuentan con nada de los servicios y siempre escuchamos decir que ellos no se adaptan a las políticas estatales cuando debería ser al revés”, dijo Farqhuarson. En este punto recordó que Salta es la provincia con mayor cantidad de población originaria. “Según el último censo hay 80 mil” personas de pueblos indígenas “y no hay políticas dirigidas al sector cuando hablamos del 7 por ciento del total de la población”, enfatizó. En este punto evaluó que hay recurso humano muy formado “que no veo que sea convocado para elaborar las políticas públicas. Uno ve que las políticas muchas veces están disociadas de las necesidades actuales y en las comunidades se ve mucho más. Las políticas deben estar bien elaboradas si no, no sirven”.
