A los 89 años, en su casa en la ciudad de Buenos Aires, donde cumplía prisión domiciliaria, falleció el martes último el represor Miguel Raúl Gentil, reiteradadamente condenado, y encausado, por actos de terrorismo estatal cometidos en la provincia de Salta durante la última dictadura cívico militar. Fue jefe de la Policía de Salta en los años más duros de la represión. 

Al momento de su muerte el militar estaba acusado en 35 causas penales en los tribunales federales de Salta, que investigan los crímenes cometidos por los personeros del régimen de terror instaurado formalmente en el país el 24 de marzo de 1976 pero que en los hechos, en la provincia de Salta, comenzó ya a finales de 1974. 

Precisamente, Gentil asumió como jefe de la Policía de Salta en noviembre de 1974, y permaneció en ese cargo hasta mediados de 1977. 

Aunque por muchos años logró, como los otros genocidas, evitar el reclamo de justicia, finalmente, terminó encausado y entre 2010 y 2017 recibió siete condenas, seis de ellas a perpetua. 

En diciembre de 2010 fue condenado a reclusión perpetua, por la matanza de once detenidos políticos conocida como la Masacre de Palomitas, cometida la noche del 6 de julio de 1976 a unos 60 kilómetros de la ciudad de Salta. 

Luego recibió cinco condenas a prisión perpetua. En noviembre de 2011 se lo encontró responsable por el secuestro y la desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, el 11 de marzo de 1976, desde la misma ciudad de Salta. En diciembre de 2013, en la Megacausa Salta, fue condenado junto a otros quince represores por crímenes en perjuicio de 34 personas. En septiembre de 2014 lo condenaron en la Causa Metán, por delitos de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 12 personas (entre ellas una chica de 15 años) en el sur de la provincia, entre 1976 y 1977.

En junio de de 2015 fue condenado en el Séptimo Juicio, que reunió diez expedientes, entre ellos una segunda causa por Ragone. En mayo de 2017 compartió condena con el ex jefe del Ejército, Héctor Ríos Ereñú, el comisario Joaquín Guil y el también militar y ex jefe policial Víctor Modesto Mendíaz, en un proceso en el que se analizaron crímenes cometidos en perjuicio de 32 personas entre junio de 1975 y octubre de 1976 en las ciudades de Orán, Tartagal, Colonia Santa Rosa, Embarcación, Metán y Salta. Se juzgaron 27 homicidios, cinco casos de privación ilegítima de la libertad, tres de imposición de tormentos y un hecho de violación.

Marcial Uro, en la audiencia, con su hija

Y en junio de 2017 fue condenado a ocho años de prisión como coautor del delito de privación ilegítima de la libertad agravada en concurso ideal con el de imposición de tormentos agravados, en perjuicio del cooperativista barrial Marcial Uro. 

El abuelito asesino 

Los nietos del genocida lo despidieron públicamente con esquelas publicadas ayer en medios de Salta. Lo pintaron como a un abuelo afectuoso: recordaron sus "hermosas anécdotas, sonrisas, consejos, historias, abrazos" y agradecieron que les haya transmitido "luchar siempre por nuestros ideales y el amor". 

Es imposible conocer cómo habrá sido el ex jefe de Policía en su entorno familiar íntimo, pero se conoce su actuación pública criminal, muy alejada de la visión idílica que insistentemente los represores tratan de mostrar ahora que les toca enfrentar las consecuencias de aquellos actos aberrantes. 

La ferocidad de la acción represiva, de la que Gentil era uno de sus comandantes en Salta, la dan cuenta tres hechos que se reseñan a continuación, como muestra apenas de los actos sobre los que hubo condena. 

El 20 de abril de 1975 la Policía de Salta masacró a seis personas en un raid sangriento que comenzó en la villa turística San Lorenzo, donde acribillaron la casa en la descansaban los militantes montoneros René Locascio Terán y Ramón Antonio Díaz. 

Este procedimiento fue similar al de la matanza, esa misma noche, en Rosario de Lerma, de los militantes Alfredo Mattioli, Ricardo Tapia, Marcos Estopiñán y Liendro Estopiñán. La versión oficial de la Policía fue que se trató de enfrentamientos, pero en el proceso judicial se probó que fueron ejecuciones sumarias . 

Locascio Terán y Díaz eran dos jóvenes tucumanos. El padre del primero vino a Salta acompañado por un hermano médico, quien revisó el cuerpo y no encontró huellas de un enfrentamiento, “solamente un impacto de bala en la nuca” que demostraba que estaba de espaldas cuando recibió el disparo. 

En el caso de Díaz, su madre falleció el 21 de abril de 1975, cuando se enteró de su muerte, por lo que la hermana del joven recién pudo venir a buscar el cuerpo el 24 de abril. En la Delegación de la Policía Federal salteña le arrojaron fotos de su hermano ya muerto, alcanzó a ver en su cuello una cadena con medalla de oro que le había regalado. Pero cuando fue a retirarlo de la morgue del Hospital San Bernardo le entregaron el cuerpo “bañadito, limpito”. La cadenita, por supuesto, había desaparecido. Además, en la Jefatura de la Policía de Salta la joven fue sometida a abusos sexuales. 

En el caso de los asesinatos de Tapia, Mattioli y los hermanos Estopiñán, el Tribunal Oral en lo Federal Criminal 1 de Salta sostuvo en su sentencia que "la hipótesis de un enfrentamiento no puede ser sostenida frente a la constatación de que (...) mientras que entre las fuerzas de seguridad se registró un herido" leve, el agente Simón Cayo, "en el caso de sus pretendidos oponentes las bajas fueron totales, esto es, los cuatro supuestos contendientes resultaron muertos a través de múltiples impactos de bala". Según el informe del médico Ernesto Tamayo Ojeda, Mattioli recibió 26 impactos de bala, Marcos Estopiñán tenía 36 heridas de bala, Tapia tenía 28 y Liendro Estopiñán, 18.

El tercer hecho se dilucidó en la Causa Metán. En ese debate declaró  una mujer que en 1976 era conocida como “la guerrillerita”. Tenía apenas 15 años y nada de información y formación política cuando fue secuestrada en diciembre de 1976 en un parador de Metán. La llevaron a la comisaría y fue torturada, vejada, violada reiteradamente y sometida a un régimen de esclavitud durante más de un año, en una práctica que era conocida en el ámbito de la fuerza. Cuando se cansaron de abusar de ella la vendieron a un finquero de 70 años, que continúo sometiéndola. Los horrores que narró esta mujer en nada se condicen con la imagen de un abuelito afectuoso.