El ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, argumentó que se indemnizó a las empresas de peajes con 500 millones de dólares "porque eso salvó al país de pagar 3.000 millones". También sostuvo que no benefició a Mauricio Macri ni con esa indemnización ni con los siderales aumentos de tarifas de los peajes ni con la increíble renovación de las concesiones porque el Grupo Macri sólo estaba representado en un 2,37 por ciento de las acciones y las vendió en 2017. Los argumentos, expuestos este viernes en su declaración indagatoria, ya están rebatidos por la prueba documental que consta en la causa y hasta por el ex procurador del Tesoro, Carlos Balbín, que sostuvo que la indemnización de ninguna manera correspondía. Los funcionarios macristas implicados recusaron al juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral, pero ahora la recusación les importa poco porque el expediente quedará en manos de un magistrado cómodo para Cambiemos, Julián Ercolini, quien subrogará el juzgado de Canicoba.

La audiencia de este viernes se hizo por el sistema de videollamada y Dietrich entregó su declaración en forma de escrito, enviándolo de manera electrónica. El diálogo fue breve: el exministro afirmó "me remito al escrito presentado" y "no voy a contestar preguntas". Sus compañeros de acusación , el ex titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, y el ex procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, optaron directamente por no declarar y tampoco respondieron preguntas, mientras que al último integrante del cuarteto, el ex ministro de Economía, Nicolás Dujovne, le tocará el turno el lunes.

Iguacel y Saravia Frías ya fueron procesados y todo indica que Canicoba resolverá la situación de Dietrich y Dujovne antes de retirarse el miércoles que viene , día en el que cumple 75 años, la edad que obliga a la jubilación de los magistrados. Canicoba no recurrió a lo que hicieron los magistrados de Comodoro Py alineados con el macrismo durante estos años: no detuvo a nadie, no embargó los bienes, no impuso ninguna restricción y formuló gran parte de la imputación en base a prueba documental.

Justamente en ese terreno es que naufragan las afirmaciones esgrimidas por Dietrich a lo largo de las 120 páginas de su escrito. El exfuncionario asegura que salvó al país de perder un juicio en el Ciadi -el tribunal arbitral del Banco Mundial- de unos 3.000 millones de dólares por supuestos incumplimientos con los concesionarios, dado que el Estado se había comprometido con determinado nivel de construcciones y ganancias en beneficio del consorcio encabezado por la española Abertis, que curiosamente tenía como principal accionista al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

El argumento ya fue demolido por un dictamen que en su momento presentó el procurador del Tesoro, Carlos Balbín, designado por el propio macrismo, que sostuvo que la demanda estaba prescripta y que el Ciadi no podía intervenir porque no se habían agotados los recursos judiciales en el país. Balbín, además, declaró en el expediente e igualmente derrumbó lo sostenido por los ex funcionarios macristas. En paralelo, la ex directora de Jurídicos de Vialidad, Julieta Ripoli , también declaró ante Canicoba y contó desde adentro cómo fueron las maniobras. Finalmente, hubo otro informe, realizado por la interventora de Vialidad, Laura Andino, en el que se dio cuenta de que las ganancias de Autopistas del Sol estuvieron por encima de la media y, por lo tanto, no tenía razones para sostener la demanda en el Ciadi.

La otra prueba documental que consta en el expediente proviene de la Inspección General de Justicia, en tiempos del macrismo. Los papeles demuestran la presencia del grupo Macri en Autopistas del Sol en tiempos de la indemnización, los aumentos de tarifas y la extensión por diez años de la concesión. La prueba más evidente es que las acciones, que antes de la asunción del expresidente valían tres pesos, terminaron vendidas por el Grupo Macri en 75 pesos. Para colmo, no está del todo clara esa venta del paquete accionario. Dietrich sostiene que Natal S.A. ya era propietaria de una parte, pero es una empresa que no tiene antecedentes en el rubro.

La denuncia original la formularon los diputados Leopoldo Moreau, Rodolfo Tailhade, Carlos Castagneto y Adrián Grana. Tras el llamado a indagatoria, los imputados recusaron a Canicoba argumentando que el magistrado sostuvo públicamente, en Página/12, que fue perseguido por el gobierno de Macri, lo que le quitaría imparcialidad. El dato irónico es que un "milagroso" sorteo determinó que Ercolini será quien reemplace a Canicoba a partir del 29, cuando el juez deje el cargo. En los últimos años, Ercolini fue uno de los magistrados --junto a Claudio Bonadio-- que más se alinearon con Cambiemos. Todo indica que antes de efectivizar su renuncia, Canicoba tendrá la última palabra.