El Ministerio Público de la Acusación emitió ayer un mensaje institucional en relación a la evidencia que apunta a un nexo entre un personal de Fiscalía y un integrante de la banda imputada el jueves (ver aparte) por asociación ilícita y extorsiones. "Vamos a llegar hasta las últimas instancias", prometió el fiscal regional Patricio Serjal, para establecer quién pasó información que consta en el sistema de legajos de la Fiscalía, sobre dos personas que habían sido detenidas en enero. El fiscal general Jorge Baclini también planteó que "es gravísimo" y remarcó que "es importante que haya salido a la luz para poder investigar quién fue". En tanto, los fiscales que están a cargo de la investigación contra la banda indicaron que "no quedó registro" de quién filtró información del sistema, si fue un fiscal o un empleado. Apenas conoció el caso, ayer la auditora del MPA, María Cecilia Vranicich, pidió la remisión de evidencias. "Solicitamos el informe aunque no sabemos si se relaciona con el desempeño de un fiscal", indicó sobre su competencia. El ministro de Seguridad Marcelo Saín, dijo en LT8: "Llegamos al punto donde hay un fiscal, para mí, y no un empleado -aunque no aportó ningún dato sobre la identidad-, que evidentemente tenía estos lazos".
Tras conocerse en la audiencia del jueves que información de la fiscalía fue a uno de los imputados en la causa relacionada al delito de extorsiones y casinos ilegales –vinculados con la banda de Los Monos–, durante la feria judicial de enero pasado, el jefe de los fiscales de la regional Rosario aseguró: "Es de una gravedad institucional enorme y no debemos dejar de investigarlo para llegar hasta las últimas instancias".
Por su parte, los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra detallaron cómo dieron con el mensaje que dejó al descubierto "un contacto del MPA" con uno de los prófugos en el expediente que ya tiene a cinco imputados, entre ellos, el policía retirado Alejandro Torrisi. Sobre la evidencia detallaron que fue ubicada en el teléfono de Maximiliano "Cachete" Díaz, quien está detenido y ahora acusado como organizador de la banda y de la balacera de enero al casino, donde resultó víctima Enrique Encino.
Edery dijo que “la persona que recibe el mensaje es uno de los prófugos, que hizo una captura de pantalla de su conversación con la persona de Fiscalía (donde no figura el nombre del contacto) y se la envió a Cachete Díaz; ahí es donde la encontramos”, precisó.
Además, sumó que la situación se dio en los primeros días de la feria judicial de enero, y que es información a la que sólo puede acceder personal de la Fiscalía, pero aseguró que no queda registro de quién entró a consultar sobre la situación de dos presos, aunque señaló: "Fue una persona que trabaja acá dentro”. Según se indicó, la información filtrada tiene que ver con los hechos que comenzaron dos días antes del ataque al casino, cuando Hernán Quinteros y Claudio Ricaldes fueron arrestados con armas en un operativo de la Gendarmería. Schiappa Pietra sumó que "esas personas detenidas tenían proyectado ir al casino a disparar o amedrentar. Es parte de la estructura de extorsión. Los detienen tres días antes e inician gestiones para recuperar la libertad", indicó.
La investigación arrojó que hubo un pedido para la liberación a alguien de la Fiscalía. Leonardo Peiti –según la imputación– se comunicó con alguien del MPA y le pasó los nombres de los detenidos. La información que recibió consta en el sistema de legajos, pero ante el pedido de qué podía hacer para beneficiar al detenido, el interlocutor respondió: “No tengo la causa yo”, aunque dijo que trataría de meter "un comentario". Las respuestas fueron reenviadas a Cachete, de cuyo teléfono fueron recuperadas, pero sin el dato del contacto de la persona.
Ayer, los fiscales aseguraron no tener conocimiento de quién filtró los datos. "Lo que tenemos es un mensaje a través de un contacto evidentemente del MPA, pero no sabemos si hay otra influencia. (...) Hay que ver qué implicancias tuvo esto en la causa. Si hubo otros mensajes. Ese es un análisis que hay que hacer. La persona que recibe el mensaje es uno de los prófugos. Hizo una captura de pantalla de la conversación con la persona de fiscalía; le recorta el contacto y se lo envía a Díaz. Al secuestrar el teléfono de Díaz encontramos esa captura". Edery dijo que "en principio habría que ver si esto constituye un delito o falta, saber si eso tuvo implicancia en la causa y qué más hubo".
Vranicich, al frente de la Auditoría General del MPA, señaló que se enteró por los medios del presunto nexo y pidió informes y evidencia a los fiscales intervinientes en la causa para iniciar una investigación preliminar administrativa, ya que no tienen conocimiento de si se trata de un fiscal o un empleado.
