El Estado nacional se ahorrará $ 23.700 millones que la administración anterior estableció como compensación a las empresas productoras de gas en noviembre de 2019, a días de terminar el mandato presidencial de Mauricio Macri. Será como consecuencia de la derogación de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), que anoche obtuvo la media sanción en el Senado, y ahora resta su ratificación de la Cámara de Diputados.

La medida había sido adoptada en octubre de 2018 mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 1053, que definía que las empresas distribuidoras de gas debian cobrar casi 24.500 millones de pesos en 30 cuotas mensuales a sus clientes, para pagar el aumento del gas a las productoras.

Ese precio dolarizado había sido establecido en noviembre de 2017 en un encuentro convocado por el entonces ministro, Juan José Aranguren, para garantizarle a las empresas una retribución ventajosa en dólares durante los dos años siguientes. Este "acuerdo" fue denunciado por el actual interventor del Enargas, en una presentación judicial reciente en la que imputa al ministro, un secretario del área y a las autoridades del Enargas de entonces por pretender imponer ese sobreprecio en la tarifa. 

El 14 de noviembre de 2019, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) emitió la resolución 735, en la cual determinó que el Estado nacional debía abonar $ 24.524,7 millones a las prestadoras por las diferencias diarias acumuladas (DDA) mensualmente entre el valor del gas comprado y el incluido en los cuadros tarifarios vigentes entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019.

Pero esos pagos no llegaron a concretarse. Ahora, por decisión de la Cámara Alta, ese supuesto compromiso fue dejado sin efecto. La derogación del DNU recibió 41 votos a favor y 25 en contra. La aprobación de la marcha atrás se sustentó en el apoyo del Frente de Todos, mientras que Juntos por el Cambio votó mayoritariamente para mantener la compensación a las empresas.

Historia

La historia del DNU 1053 se remonta a comienzos de octubre de 2018, cuando el por entonces secretario de Energía, Javier Iguacel, firmó la resolución 20 de la Secretaría de Energía. En esa norma se definía que “para las diferencias entre el precio del gas previsto en los contratos y el precio de gas reconocido en las tarifas finales de las prestadoras del servicio de distribución, valorizadas por el volumen de gas comprado desde el 1º de abril y hasta el 30 de setiembre de 2018, el Enargas instruirá a las distruibuidoras al recupero del crédito a favor de los productores en línea separada en la factura de sus usuarios en 24 cuotas a partir del 1º de enero de 2019”. La cuota se actualizaría según las tasas de interés del Banco Nación.

La resolución 20 fue uno de los tantos casos del “si pasa, pasa”, del macrismo. Unos días después, el gobierno dio una parcial marcha atrás, porque definió que no sean los usuarios sino el Estado nacional aquel que compense a las empresas distribuidoras. Más de un año después, en noviembre de 2019, el Enargas definió que la compensación sería de 393 millones de dólares en 30 cuotas mensuales, en base al DNU 1053 firmado por Macri el año anterior, a pagar por los usuarios.

La primera cuota de parte del Estado a las empresas fue abonada el 6 de diciembre de 2019, previo al recambio presidencial, y ascendió a 818 millones de pesos. El remanente cotizado en 23.654 millones de pesos queda ahora sin efecto ya que el Senado derogó la compensación a las distribuidoras de gas.