La represión policial a miembros de la Comunidad Guaraní Cheru Tumpa (Padre Dios), en la localidad de Colonia Santa Rosa, en el departamento Orán, mereció ayer la intervención del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y de organizaciones sociales que exigieron al gobierno provincial, al Ministerio Público Fiscal y al Poder Judicial de Salta que se respeten los derechos de los pueblos originarios y exigieron la libertad de la referenta Yamila Veleizán, que anoche continuaba alojada en la Comisaría 9º de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán. 

La presidenta del INAI, Magdalena Odarda, remitió una nota a la fiscala penal de Pichanal, Sofía Fuentes, requiriéndole información sobre el procedimiento policial desatado al anochecer del jueves último, que terminó con una mujer guaraní detenida y 18 heridos de balas de goma, entre ellos seis niños, uno de apenas año y medio, que recibió un perdigón de bala de goma en la frente. También intervino la delegación local de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. 

Más temprano el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir exigió al "Gobierno Nacional que intervenga de inmediato para el resguardo de los Derechos de la comunidad Guaraní Cherú Tumpa en Colonia Santa Rosa". Y pidió "a todos los pueblos indígenas y el pueblo argentino que levanten su voz de indignación y repudio frente a estos acontecimientos". Asimismo, advirtió, como ya lo había hecho Juliana Martínez Soria, miembro de la conducción comunitaria, que las autoridades provinciales pretendían también detener al cacique Raúl Ceballos.

La titular del INAI recordó que la “ocupación de las familias indígenas viene desde el año 2015”, a pesar de lo cual ahora “integrantes de la fuerza policial se hicieron presentes en el lugar sin exhibir orden judicial y se dispusieron a desalojar con disparos de balas de goma a las 80 personas que se encontraban en el lugar, dejando como resultado a varios heridos, entre ellos a un menor de edad y la detención de la referente Yamila Veleizán”. Además, el organismo resaltó que hay un “agravamiento de la detención de la referente comunitaria, toda vez que dispusieron su arresto en la Comisaría Novena de Orán, a una hora de Colonia Santa Rosa, su lugar de residencia”.

El INAI manifiestó su "enorme preocupación ante la gravedad de los hechos denunciados" y pidió que "se adopten las medidas necesarias para resguardar la integridad física de los miembros de comunidades indígenas, con el fin de propiciar el mantenimiento de la paz social en este momento excepcional que atraviesa el país por la declaración de emergencia económica, financiera, previsional, sanitaria y social, decretada por medio de sendas legislaciones nacionales y provinciales”.

Además, teniendo en cuenta los conflictos que las comunidades indígenas están atravesados por el reclamo territorial, resaltó "la vigencia de la emergencia territorial dispuesta por la ley 26.160 y sus prórrogas, que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas del país, ordenando la suspensión de la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos que tiendan al desalojo o desocupación de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas”.

Y solicitó “la aplicación del artículo 2 de la ley 26.160", que precisamente ordena la suspensión de los desalojos, y que se busquen "métodos de resolución alternativa por fuera del enjuiciamiento penal en todas aquellas causas judiciales que podrían existir afectación de derechos territoriales de comunidades indígenas hasta tanto se efectivice el relevamiento territorial ordenado por la ley 26.160”.

El jueves último, cuando ya anochecía, un grupo de policías de la Brigada de Infantería irrumpió en un asentamiento de familias guaraníes en un terreno baldío vecino al de la Comunidad. Los policías agredieron a golpes y disparos de balas de goma y se llevaron detenida a Veleizán, afirmando que había resistido el accionar de la fuerza de seguridad. Las familias indígenas disputan un terreno con la familia Manero, que asegura tener la propiedad registral de estas tierras que, sin embargo, estaban sin ocupación y llenas de malezas. 

La Policía de Salta informó que el operativo se llevó a cabo tras recibir una denuncia de una mujer de 74 años que afirmaba que un grupo de unas 60 personas estaban tratando de "usurpar" un terreno de su propiedad conocido como Finca Manero. La Policía aseguró que informó de esta situación a la Fiscalía de Colonia Santa Rosa y que demoraron "a una mujer de 32 años" y luego "realizó el despeje del predio". 

El Ministerio Público Fiscal de Salta añadió que la denuncia señalaba a "Veleizán y otras personas" por el intento de "usurpar otro espacio ayer (por el jueves último), en el denominado Asentamiento Gauchito Gil, establecido desde 2015". Según se indicó, la familia Manero tiene distintas matrículas en el lugar y denunció nuevas usurpaciones. El MPF aseguró que los ocupantes guaraníes impidieron que empleados de Manero cerraran un predio y luego, se negaron a que los policías los identificaran. 

Veleizán fue imputada ayer por una ristra de delitos, como ocurre cada vez que la Policía y el Ministerio Público Fiscal deben vérselas con personas de escasos recursos que toman terrenos, le atribuyeron "resistencia a la autoridad y amenazas, usurpación, estafa y extorsión". Sobre estas dos últimas acusaciones, se informó que se presentaron denuncias de compradores de lotes, quienes afirman que la mujer ocupaba terrenos y luego los vendía. Martínez Soria confirmó la existencia de estas denuncias, dijo que fueron realizadas por miembros de la propia Comunidad que ya no quieren pertenecer a ella e interpretó que se hicieron por un acuerdo con la titular registral. 

El Ministerio Público Fiscal destacó que no hubo denuncias de la Comunidad a los policías, y que, en cambio, ellos fueron agredidos con piedras durante el procedimiento. 

El Movimiento de Mujeres Indígenas sostuvo que Veleizán "fue arrestada sin orden judicial, brutalmente golpeada y arrastrada y llevada a la comisaría n° 9 de Orán" y destacó que los "efectivos policiales que actuaron eran todos hombres incumpliendo la ley". En uno de los videos difundidos por los comuneros se ve que la referente indígena es sujetada por hombres. Asimismo, el Movimiento denunció que "en Argentina se está llevando adelante una guerra de baja intensidad contra los pueblos indígenas, con el objetivo de exterminarnos y permitir el emplazamiento de empresas extractivistas". 

Ayer la Comunidad Cheru Tumpa recibió la visita del referente del Movimiento Evita, Jocha Castro Videla, quien acercó mercadería y el apoyo de esta organización. "Esto fue una cacería que recuerda los peores tiempos de Argentina. Vinieron en busca de los líderes y de la lideresa de la comunidad, vinieron a los tiros, se llevaron puesto todo, se rieron, los insultaron, con el objetivo de básicamente secuestrar y detener a los referentes, mburuviches, caciques", sostuvo el referente. Añadió que además de detener a Veleizán, y de los disparos "tiraron la bandera de ellos, la pisotearon, los tiraron a ellos, los pisaron. Acá hay bebés con balazos de goma en la frente. Hay niños con marcas de balas de goma, mujeres grandes, mujeres embarazadas”. Castro Videla sostuvo que el hostigamiento contra la Comunidad comenzó "hace unos meses”.