El escándalo por la difusión de 50 nombres de funcionarios que ocupan cargos electivos en toda la provincia y que figuran como que al menos intentaron inscribirse para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) involucró a todo el sector político salteño, por lo que sus principales referentes salieron a repudiar lo sucedido.

La mayoría son concejales de pequeñas localidades del interior provincial. También figuraban como inscriptos pero rechazados, el diputado por Santa Victoria Oeste, Francisco Acosta, y el intendente de El Quebrachal, Rolando Rojas.

Ambos negaron rotundamente haber intentado inscribirse. “Yo no cargué ningún IFE para nadie, menos para mi persona”, sostuvo Acosta, quien informó que enviará una carta documento a la ANSeS para que se investigue por qué figura su nombre de esa manera.

Rojas, en diálogo con este medio, también negó cualquier posibilidad de haberse inscripto “además de intendente, soy empresario y tengo factura A, en ningún momento se me pudo haber cruzado por la cabeza registrarme”, dijo. El jefe comunal figura inscripto en la AFIP en las actividades de transporte de mercaderías y la venta de combustibles.

De todas maneras, sí apuntó contra los concejales que recibieron aquel beneficio, “en los tres casos se ve claramente que lo cobraron o estaban gestionando el cobro, por lo que no pueden negarlo”. Los tres ediles son Ludmila Borujow, Rojelio Fernández y Nilda Rojas (de la cual el intendente desligó cualquier parentesco). En todos los casos el sistema de ANSeS indica que cobraron los $10.000 que otorga esa ayuda nacional.

Otro que se excusó fue el concejal de Rosario de Lerma, Leonardo Rosas. El integrante del Frente de Todos, explicó que durante la campaña para informar a la gente del lugar cómo inscribirse usó su nombre en reiteradas ocasiones. “Mi caso no fue un error de sistema ni acuso a nadie más por lo que sucedió, yo soy un militante y salí a asistir a la gente, como lo hago con otros programas como el Potenciar, y usé mi celular y mis datos para no estar pidiendo los datos de los demás”, manifestó. 

Pero aseguró que sabía que sería rechazado, "sólo lo usaba para mostrar cómo inscribirse, la gente sabe que es verdad lo que digo y tengo esa tranquilidad, además no cobré nada".

En otros casos, los argumentos no fueron tan convincentes, como el de la concejala Raquel Egüe, de Embarcación, que negó haber gestionado ni cobrado el IFE a pesar de figurar como beneficiaria. O la edil de San Lorenzo, Mónica Melisa González, que sostuvo que a pesar de no haberlo tramitado lo recibió, pero lo utilizó para comprar bolsones “para los más necesitados”.

En tanto, su par de Aguaray, Antonieta Ordoñez, indicó que lo cobró para una amiga que lo necesitaba.

Uno que sí aceptó su error fue Jesús Cuellar, concejal de Urundel, quien en su cuenta de facebook indicó: “Cargué mis datos de manera inocente, fue un error mío y me pongo a disposición”.

También se supo que la integrante del cuerpo deliberante de Los Toldos, Nicolasa Maras, había renunciado a su dieta de concejala debido a que era inferior a lo que recibía por la asignación universal, por lo que sin tramitar el IFE, lo recibió automáticamente. 

Por fuera de la lista, trascendió que el ex concejal capitalino Luis Hosel habría cobrado la ayuda nacional y que "es funcionario" en el centro de referencia local (CDR) dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Sin embargo, desde esa dependencia nacional se informó que, si bien se había dispuesto su designación, el nombramiento formal nunca se concretó.

Allegados a Hosel confirmaron que no está nombrado ni cobrando en el CDR, y que actualmente está "haciendo en forma particular instalaciones sanitarias y trabajos de albañilería para poder vivir, ya que no tienen ningún contrato, ni trabajo en relación de dependencia desde hace más de dos años, cuando dejó de ser concejal".

La justicia y una aclaración de ANSeS

Desde la ANSeS, la titular de la Udai (Unidad de atención integral) Salta Norte, Susana Aramayo, informó que tras una investigación interna, dejaron todo en manos del fiscal federal del Área de Delitos Complejos, Ricardo Toranzos, quien ya había ordenado una investigación de oficio por tratarse de fondos nacionales.

“Lo que salió publicado es una notitia criminis y yo como funcionaria pública tengo la obligación de denunciarlo, por lo que me voy a presentar en la fiscalía a formalizarla, pedir una información y acercar todos los datos que yo tengo a mi alcance”, había dicho a Salta/12 la funcionaria.

Mientras que la fiscala penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos en feria, Verónica Simesen de Bielke, dispuso de oficio la apertura de una investigación. Simesen también utilizó el argumento de la notitia criminis para intervenir.

En tanto, el responsable de Udai Sur, Marco Vera, subrayó que la “ANSeS va hacer hincapié en aquellos que efectivamente recibieron el beneficio o que están por recibirlo”, y añadió que se frenarán todos los depósitos que “puedan llegarles del segundo pago o el que tienen en camino por el tercero”.

A su vez, aprovechó para aclarar su situación, ya que muchos medios locales indicaban que él también lo había solicitado. El funcionario aclaró en primer término que nunca lo cobró ni intentó hacerlo, y que asumió al frente del organismo “a fines de mayo”, cuando la solicitud había sido hecha en marzo.

Sobre su inscripción, explicó que nunca fue en función de cobrarlo, porque sabía que no era posible, ya que en ese momento tenía otro trabajo y estaba registrado “pero sí lo hice demostrando cómo funcionaba el sistema para otras personas, porque somos militantes y ayudamos a mucha gente sin ingresos a percibirlo”.

En un comunicado que compartió horas más tarde, agregó que cuando se inició el registro y ante la presencia de testigos,"me encargué de realizar personalmente un tutorial para la difusión de esta política pública (...), allí expliqué a los ciudadanos cómo debían llevarlo".

Precisó que allí aclaraba y demostraba que él, como trabajador en situación de dependencia, jamás podría acceder a dicho programa. 

"Mientras algunos estamos trabajando sin descanso para implementar políticas de acompañamiento hacia los sectores más vulnerables en este contexto tan difícil para todos, algunas personas prefieren dedicar su tiempo a pergeñar operaciones políticas y de prensa carentes de toda verdad", añade el comunicado.   

Las repercusiones políticas

Durante el día de ayer tres referentes de los sectores políticos más importantes de la provincia utilizaron las redes sociales para repudiar la actitud de los funcionarios que recibieron un plan de ayuda nacional en plena crisis provocada por la pandemia de coronavirus.

"Repudio la actitud miserable de aquellos concejales y políticos que utilizaron una herramienta como el IFE, creada con un fin noble y para los más afectados por la pandemia, para su propio beneficio. Le pido a la Justicia que actúe con máxima celeridad y con todo el peso de la Ley", expresó en un hilo de Twitter el gobernador Gustavo Sáenz.

Luego señaló que "la política es servicio" y que no se puede "defraudar la confianza de los salteños". "Atravesamos uno de los momentos más tristes y dolorosos de la historia, por vergüenza, lo que hicieron esto y no pueden demostrar lo contrario deberían renunciar a sus cargos!", cerró el mandatario con un último posteo.

En tanto, el presidente del Partido de la Victoria y senador nacional, Sergio Leavy, también por las redes sociales advirtió que expulsarán del partido a los afiliados que siendo funcionarios o legisladores hayan cobrado el IFE.

Por último, la intendenta de la ciudad de Salta, Bettina Romero, también utilizó el servicio de Twitter para manifestar su rechazo: “Asistimos a miles de personas en los barrios populares de la ciudad de Salta, entregamos 50.000 raciones de comida por semana porque el IFE no les llegó a todos. Repudiamos totalmente a los concejales que aprovecharon esta situación en su propio beneficio”, escribió.