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Cuatro eventos de los últimos días permiten observar con más nitidez cómo intervienen actores económicos relevantes en la disputa sobre el rumbo del gobierno de Alberto Fernández.
1. Los titulares de corporaciones reunidos en la Asociación Empresaria Argentina (AEA), conducidos por Techint y Clarín, emitieron un comunicado, luego de la reunión virtual con dirigentes de la CGT, que es un pliego de condiciones ortodoxas de ajuste fiscal, desconociendo el papel central del Estado en la pandemia y minimizándolo para la pospandemia, además de no apoyar la estrategia oficial en la negociación con los acreedores. La declaración fue difundida el martes pasado y fue acompañada por la CGT.
2. Al día siguiente, esa misma conducción de la CGT reparó en parte haber participado de ese grotesco político contra el gobierno y emitió un comunicado afirmando que los acreedores deben comprender que la última oferta presentada por el gobierno es "el máximo esfuerzo que el país está en condiciones de realizar".
3. El viernes, el presidente Alberto Fernández tuvo un encuentro virtual cálido y de mucha densidad política con la amplia representación de dirigentes pymes y sindicales para anunciar la continuación del apoyo del Estado al tejido productivo y laboral a través del ATP mientras continúe la pandemia. Se amplió así la incompleta e insuficiente foto del 9 de Julio en la Quinta de Olivos.
4. Finalmente, ese mismo día las cámaras del establishment reunidas en el G-6 difundieron un comunicado constipado respaldando la oferta argentina, invitando a que "los acreedores externos cooperen con un esfuerzo final para concretar la reestructuración consensuada". Es mejor que nada.
Deuda
La reestructuración de la deuda en default de Macri, que está transitando el último tramo de negociación, es la pieza relevante y más notoria de la tensión estructural acerca del proyecto económico en disputa. Queda de manifiesto en las expresiones públicas que ha emitido cada uno de los actores económicos en estos meses.
Un camino es intentar el complejo que propone el desarrollo nacional con inclusión social. Otro ofrece una economía subordinada y proveedora mundial de materias primas con fragilidad laboral y social.
Como se sabe, el desastre financiero que dejó en tiempo récord de cuatro años el último experimento neoliberal será un fuerte condicionante de la economía durante muchos años, incluso con una renegociación exitosa de la deuda privada, en los tramos internacional y local, y de la acumulada con el FMI.
Pese a ello, y siendo una cuestión no menor para evaluar las restricciones de la economía en el mediano plazo, el acuerdo con los acreedores que impulsa el gobierno de Fernández es la apuesta oportuna para aspirar a reconstruir una economía pospandemia de desarrollo nacional.
A esta altura no es un misterio que no es el proyecto que quiere la conducción política del poder económico, que tiene su base de operaciones en AEA. Esa oposición no es sólo por una cuestión ideológica conservadora y política de rechazo al peronismo-kirchnerismo, también es por la defensa de sus propios intereses inmediatos (los titulares y sus empresas son también acreedores al poseer bonos de deuda) y estructurales, que están referidos a expandir la base material de sus negocios corporativos.
Impunidad
El último comunicado de AEA deja en evidencia que a ese club de dueños de grandes empresas no le interesa la expansión del mercado interno ni la reconstrucción del mercado de deuda en pesos.
Estos dos objetivos próximos son postulados por el equipo económico liderado por Martín Guzmán, que tiene la salida del default de Macri como precondición para desplegarlos en plenitud para financiar la pospandemia y comenzar la reparación del tejido productivo, laboral y social.
El plan que propone la cúpula del poder económico, en cambio, es arreglar rápido la deuda con los acreedores externos, sin importar si se supera el límite superior de sustentabilidad de la deuda. Pretende también pagar pocos impuestos y no tener controles de capitales para dolarizar sus excedentes sin restricciones.
No es necesario ser un experto en el lenguaje de gestos para darse cuenta de ese plan: la amplia red de economistas de la city postulan esa receta y sus medios de comunicación (Clarín, La Nación e Infobae) la amplifican en forma coordinada.
Como cada uno y entre ellos se miran en forma permanente al espejo no registran que para observadores atentos exhiben un nivel de impunidad e impudicia mayúsculo.
Si en el último tramo de una compleja negociación con los más poderosos fondos de inversión del mundo, liderados por BlackRock, cuyo dueño Larry Fink tiene estrechos vínculos con el gobierno de Estados Unidos (es agente financiero de la Reserva Federal), se vocifera que el ministro Guzmán que lidera las conversaciones "miente", como afirmó el economista Carlos Melconian en estos días, no se requiere mucho esfuerzo para darse cuenta del lado del mostrador en que se ubican.
Mesa
No mencionan -ni agradecen por lo tanto- al Estado como actor relevante en el diseño de un dispositivo de emergencia con recursos públicos para proteger empresas y trabajadores en la pandemia.
No hacen referencia a la necesidad de fortalecer el mercado interno.
No consideran que el Estado vaya a tener un rol central en la recuperación económica de la pospandemia.
No apoyan al gobierno en la negociación de la deuda en default con los acreedores privados.
Ese comunicado de AEA es revelador de cuál es el plan de la conducción política del poder económico. Para lecturas mezquinas es necesario aclarar que esas compañías deben ser parte de una mesa de diálogo y de elaboración de políticas específicas para rescatar la economía.
La clave se encuentra en quién se sienta en la cabecera de esa mesa; o sea, quién define los tiempos y la orientación de la política económica.
La conducción política del poder económico pretende definir las reglas de juego, como lo ha hecho en otras oportunidades, la más reciente en la gestión macrista. La prueba de ello es la Ceocracia de la administración del Estado en esos años.
El gobierno de Alberto Fernández está convencido de que al frente de esa mesa debe estar el Estado para impulsar el desarrollo nacional, lo que no significa desplazar al sector privado como confunde el discurso vulgar de defensa de escándalos empresarios, como Vicentin y Edesur, sino potenciarlo con políticas públicas para alcanzar ese objetivo.
Mercado interno
La estrategia oficial de la pospandemia no excluye sino que incorpora en sentido amplio a cada uno de los actores económicos del entramado productivo, laboral y social, estableciendo prioridades.
Plantea que la economía necesita poner a trabajar los recursos ociosos y recuperar el mercado interno en forma inmediata (2021), al tiempo de generar las condiciones para aumentar las exportaciones posteriormente (2022-2023, cuando el comercio internacional también mejoraría).
De ese modo aspira a no toparse con la restricción externa, o sea la escasez relativa de divisas, origen de todas las últimas grandes crisis económicas locales.
Esa secuencia requiere como precondición el acuerdo de la deuda en default (alivio en los pagos próximos) para que haya margen fiscal para utilizar recursos públicos en esa política expansiva. Una mala resolución con los acreedores, que implica pagar lo que ellos quieren, no lo ofrecería.
Si se entiende ese recorrido queda al descubierto por qué la conducción política del poder económico combate el proyecto oficial, puesto que ella postula una secuencia inversa.
Propone un arreglo rápido con los acreedores, para poder así conseguir endeudamiento en dólares para sus compañías, privilegiar la salida exportadora con un tipo de cambio todavía más elevado, y postergar la mejora del mercado interno.
Confusiones
AEA dejó escrito lo que pretende en ese comunicado que incluyó a la CGT como representantes de los trabajadores. Es notable como esos dueños de grandes empresas ignoran la existencia de la parte de la economía que está en la informalidad. Postulan la necesidad de implementar "políticas específicas" y que ellas son "aún más urgentes en vista a la crítica situación económica y al esfuerzo enorme que implicará mantener en actividad al dispositivo productivo y al empleo formal en el país".
La pandemia dejó al descubierto la existencia de amplios sectores desamparados y en situación económica muy frágil, y ellos sólo hacen referencia al "empleo formal".
Es tan fuerte el antikirchnerismo de sus integrantes que los lleva a confundir el recorrido histórico de la economía local. Dicen que "Argentina viene de muchas décadas de un mal rendimiento económico". Podrían afirmar que no están de acuerdo cómo se creció en ese ciclo, pero las estadísticas públicas y privadas muestran que en esos años, con no tan buenos resultados en el último mandato de CFK, hubo un importante aumento del PIB. También lo hubo en el ciclo 1991-1998.
La clave es entender las razones de la posterior caída, no desconocer los períodos de auge. Lo que sucede es que avanzar en esa comprensión puede ubicarlos en el lugar de ser unos de los principales responsables de esas debacles.
El pliego de condiciones de AEA es el siguiente:
1. "El papel clave de las empresas privadas y sus cadenas de valor en el proceso de desarrollo y especialmente para la salida de esta crisis.
2. Políticas específicas para promover el empleo registrado.
3. Políticas públicas destinadas a movilizar la capacidad productiva y las exportaciones de bienes y servicios.
4. La inserción inteligente de la Argentina en el mundo. Específicamente, se aspira a un resultado positivo en las decisiones con los acreedores externos.
5. La necesidad de reducir gradualmente la presión tributaria sobre el sector formal de la economía, atendiendo a su vez a la necesidad de equilibrar las cuentas fiscales.
6. Educación Técnica y Formación Técnico-Profesional".
Aire fresco
El último punto, así presentado, no ofrece mucha precisión de qué se trata. Reitera además el papel clave de las empresas privadas, como si el gobierno de Fernández no lo considerara ni tampoco un proyecto de desarrollo nacional.
Se trata de una consigna que la conducción política del poder económica está instalando en el debate público sólo con el objetivo de erosionar a la coalición gobernante.
Esa campaña no se sustenta en un análisis ni descripción rigurosa de lo que está pasando. Más aún cuando AEA fue uno de los principales soportes financieros y políticos de la administración macrista, que no se inhibió de atropellar al mundo empresario.
El macrismo, además de promover la destrucción de miles de compañías, en especial pequeñas y medianas, con su política económica, persiguió empresarios, los metió presos, incentivó el procesamiento de decenas de ellos con fotocopias de cuadernos, intentó que amigos de Macri y de funcionarios se quedaran con compañías, despreció a industriales, utilizó a miembros del Poder Judicial para apretarlos, los espió en forma ilegal y les hizo perder plata como nunca.
En esos años no había preocupación por la propiedad privada por parte del establishment y sus voceros, lo que deja al descubierto que esa consigna ahora es un instrumento para horadar la gestión Fernández.
El encuentro con las pymes, en el cual hubo intercambios fructíferos para construir un proyecto de desarrollo nacional, fue aire fresco ante el agobio permanente que la conducción política del poder económico somete a la mayoría de la sociedad.
