El Banco de la Nación Argentina, como integrante de la Comisión de Control formada por acreedores de Vicentin, volvió a reclamar el desplazamiento del Directorio de la firma y además pidió extender el alcance de la responsabilidad patrimonial frente a la deuda en concurso a todas sus participaciones accionarias en más de 20 empresas del holding, así como las participaciones indirectas a través de las firmas intermediarias constituidas en el Uruguay. El escrito presentado ante el juez del concurso esta semana incluyó la transcripción de los dos pedidos de "discovery" hechos por bancos extranjeros ante tribunales de Nueva York, que hacen explícita alusión a los desvíos de fondos y cambios de titularidad de activos que afectaron el patrimonio de Vicentin SAIC.

El escrito, que fue acompañado además con la firma de los sindicatos de aceiteros de General Obligado y San Javier, y de San Lorenzo (todos departmentos de la provincia de Santa Fe), solicita revisar la operación de venta del 16,7% de las acciones de Renova (bidodiesel) en diciembre de 2019 y sugiere la posibilidad de declararla "nula" en tanto que fue concretada bajo período de sospecha, apenas tres días antes de la declaración de la cesación de pagos. Esta venta fue realizada a favor de la  cerealera suiza Glencore, mencionada en diversas versiones como una de las firmas extranjeras interesadas en quedarse con Vicentin.

El Comité provisorio de Control del proceso concursal está conformado por seis partes acreedoras (dos sindicales y cuatro empresarias). El planteo que llevó el Banco Nación a dicho comité contó con el respaldo de los sindicatos pero no de los otros tres miembros: dos bancos extranjeros y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), entidad ligada a Coninagro. Ante la opinión repartida en dos posiciones con igual número de integrantes, el juez Lorenizni admitió que se hicieran dos presentaciones por separado. 

"Llama la atención que los bancos extranjeros tengan una postura tan dura en el exterior, donde directamente acusan de estafa a Vicentin y de engaño a sus acreedores, y aquí sean tan prudentes", comentó uno de los letrados que interviene en el expediente. 

El documento objeta, una vez más, la falta de presentación del balance al 31 de octubre último por parte de Vicentin y cita el trabajo de investigación de Alejandro Gaggero y Gustavo García Zanotti, encargado por el propio BNA, que revela la pérdida patrimonial de más de 1300 millones de dólares entre el 31 de julio de 2019 (informe consolidado trimestral) y el febrero de 2020. Ese dato surge de comparar el cuadro de situación presentado ante los bancos acreedores en la primera fecha, y el informe que Vicentin expusio ante el juzgado a principios de este año acompañando el pedido de convocatoria de acreedores. En el medio, correspondía cerrar un balance que difícilmente pudiera explicar semejante salto para atrás.

"En condiciones normales, la sociedad no podría haber pasado ni siquiera de ser aspirante a concursada", señala el escrito. Irregularidad que, por otra parte, se prolonga por el tratamiento laxo que el juez le presta al asunto. En un fallo de los últimos días, Lorenzini reiteró el pedido de presentación de balance a Vicentin, otorgándole un plazo insólitamente extenso de 40 días más para cumplir ese requisito básico.  

Por su condición de deudora ante bancos internacionales, Vicentin está obligada a presentar el balance con auditoría de una consultora internacional. En su caso, audita a través de KPMG. Son varios los testimonios que señalan que la prestigiosa consultora (considerada entre las cuatro más reconocidas del mundo) se habría negado a dar validez a los números presentados por el Directorio, lo que puede ocurrir cuando considera que éstos no se ajustan a la realidad económica de la empresa. Por razones de ética profesional, la firma se niega a hacer comentarios al respecto, ni para confirmar ni desmentir la versión.