Por Juan Manuel Boccacci
La determinación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia de aplazar las elecciones para el 18 de octubre encendió señales de alarma en el país y también en Argentina. El expresidente y líder del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, criticó la decisión ya que no fue consensuada con los partidos políticos. El candidato a presidente por el MAS, Luis Arce dijo que la medida era inconstitucional. La expresidenta de Senado boliviano durante el último periód del gobierno de Morales, Adriana Salvatierra, también del MAS, habló de presiones políiticas al tribunal. El sábado hubo movilizaciones en algunas regiones de Bolivia y Central Obrera Boliviana (COB) convocó para una gran marcha el martes próximo. Desde el Instituto Patria que preside la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner remarcaron que se trata de un intento por perpetuar al actual gobierno de facto. Las elecciones estaban convocadas para el 6 de septiembre. El tribunal fue electo por el congreso con mayoría del MAS en marzo del 2020
"En las dos oportunidades en las que se modificaron los plazos para las elecciones, el Tribunal Supremo Electoral envió notas a la Asamblea Legislativa poniendo en consideración de ésta esas modificaciones. Ahora lo hace unilateralmente, dándole un golpe a la democracia", expresó Morales, asilado en la Argentina desde diciembre tras el golpe de Estado que forzó su renuncia en noviembre del año pasado.
La nueva postergación fue duramente criticada por Arce, quien lidera cómodamente las encuestas de intención de voto y podría ganar en primera vuelta. "Muchos organismos internacionales han avalado una ilegalidad con este TSE al decir que están de acuerdo en determinar unilateralmente una nueva fecha de elecciones. Esto hay que hacerlo en el marco de una ley que establezca un rango de fechas, la ley vigente tiene como límite el 6 de septiembre, pero el TSE estableció el 18 de octubre por fuera de la ley", afirmó el candidato. Además se refirió a los procesos legales abiertos en su contra. "Yo tengo ya tres juicios y me han notificado más. Cuando llegué a Bolivia y bajé del avión me estaba esperando un policía con una notificación para que al día siguiente vaya a la fiscalía. Se están violando muchos derechos so pretexto de la pandemia. En un marco donde no tenemos democracia y las fechas van cambiando al borde de ser inconstitucional", enfatizó Arce.
Salvatierra también puso en duda que el tribunal haya actuado por razones estrictamente sanitarias. "El TSE está bajo una fuerte presión politica. Cada vez que se fija fecha de elecciones hay ascenso de la curva de contagios. Sin embargo no hay cálculo efectivo para ver cuando va a ser el pico de contagios. Somos el país que menos pruebas realiza en la región," señaló a Página/12.
Por su parte, la COB, principal entidad obrera de Bolivia, también se opuso al nuevo calendario electoral. "No vamos a permitir la suspensión de las elecciones del 6 de septiembre. Exigimos el respeto a la ley que aprobó la Asamblea Legislativa para que se lleve adelante las elecciones promulgadas por el poder Ejecutivo, el 6 de septiembre", aseguró Juan Carlos Huarachi, su máximo dirigente, citado por el diario boliviano Página Siete. La COB convocó a una marcha para el martes contra lo que tildó de "golpe a la democracia". La caravana partirá desde Senkata, a 40 kilómetros de La Paz y se dirigirá hasta El Alto, ciudad periférica a la capital boliviana.
Dos organizaciones fuertes del masismo, la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Tupac Katari, y las Bartolinas, también exigieron que el TSE ratifique la fecha de las elecciones para el 6 de septiembre. "La paciencia del pueblo boliviano tiene límites", expresaron desde la primera organización. Segundina Flores, máxima dirigente de las Bartolinas, manifestó que "todas las organizaciones que vivimos en nuestro país estamos molestas". Mientras que Leonardo Loza, dirigente cocalero, dio un ultimátum al TSE y expresó que si hay "derramamiento de sangre" será responsabilidad del organismo electoral.
En Argentina en Instituto Patria emitió un comunicado criticando la postergación de los comicios, a la que describió como "una clara maniobra que tiene como objetivo tornar ilegal nuevamente el proceso electoral." Desde el instituto miembros de la comisión de Integración Regional y Asuntos Internacionales consultados por Página/12 enfatizaron que el gobierno de facto está utilizando a pandemia para justificar irregularidades. " Es un gobierno que a diferencia del nuestro respecto a la pandemia, no ha cuidado la salud ni asistido económicamente a su pueblo. A su vez, no utilizaron a las fuerzas armadas y de seguridad para la logística y construcción de hospitales, sino para reforzar el aparato represivo", enfatizaron desde el instituto. "La política de persecución judicial y manipulación de los procesos electorales, ha sido una constante en toda la región, como lo demuestran los casos de Brasil, Ecuador, Bolivia."
