Solo 20 ejemplares de yaguaretés quedan en la ecorregión del Chaco argentino, en donde se continúa desmontando, pese a la cuarentena. En Salta, la decisión política es permitir el paso de las topadoras si los desmontes estaban previamente autorizados. Sin importar si pasan por zonas que según el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), son de mediana o de alta conservación.
Sucede que en Salta, tras dos decretos que emitió el ex gobernador Juan Manuel Urtubey en 2011, se modificó el valor de áreas rojas y amarillas para permitir que se desmontaran en al menos 32 fincas, unas 125 mil hectáreas. En 2014, y tras las críticas, el decreto se derogó, pero no se dio marcha atrás con las autorizaciones ya otorgadas.
En 2018 tras una “exhortación” del Ministerio de Ambiente de Nación se suspendieron los desmontes autorizados en áreas rojas y amarillas. Pero a meses de la decisión, se dictó una resolución que, a entender de la actual gestión del gobierno provincial a cargo de Gustavo Sáenz, hizo caer las suspensiones de las autorizaciones y, por lo tanto, estaban de nuevo habilitadas. Es decir que quienes desmontaron en cuarentena (al menos algunos) están autorizados. A ello suman su interpretación de que el desmonte es parte de las actividades agrícolas ganaderas, es decir, esencial. Y es por esta razón quien tiene que decidir sobre la validez o no de esos desmontes es la Justicia.
Frente a esta actitud en la medida cautelar que presentó la organización ambientalista Greenpeace se solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación “se ordene la retrocesión de las recategorizaciones de la zonificación establecida en los OTBN ya realizadas en las provincias de Chaco y Salta que provocaron una regresión en materia de protección ambiental y atentan contra el hábitat, vida y supervivencia de la especie Yaguareté de la ecorregión del Gran Chaco argentino”.
Si bien la especie felina extendía su recorrido hasta el centro de la Argentina, las diversas actividades encerraron a los pocos ejemplares en la ecorregión del Gran Chaco Argentino que atraviesa las provincias de Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco. Algunas conexiones de los montes de la ecorregión fueron ya discontinuados por la actuación de las topadoras. Ante ello es que la demanda solicitó que se prohíba en estas zonas “toda deforestación, fragmentación y degradación”, de esos corredores, se prohíban las recategorizaciones, se cumpla con la total disposición de los fondos presupuestarios legales dispuestos por la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos en el Presupuesto Nacional , y se ordene a la Administración de Parques Nacionales (APN) a disponer las medidas conducentes para la realización de un Plan de Manejo sobre el Yaguareté.
Diez millones de vacas, diez millones de hectáreas
En la demanda elevada a la Corte Suprema de Justicia los ambientalistas sostienen que existen “ambiciosos planes de desarrollo de la ganadería intensiva” en las provincias del norte, que no fueron modificados tras aceptar la instrumentación del “Manejo de Bosques con Ganadería Integrada” (MBGI) en zonas rojas y amarillas. Esta metodología sería defendida por el sector agroganadero por entender que es menos nociva que el desmonte a gran escala. El objetivo es incrementar en la ecoregión el stock en 10 millones de vacas, “lo que pone en riesgo cerca de 10 millones de hectáreas de bosques chaqueños”, se sostuvo en el escrito. En Salta, se afirmó, hay 1.400.000 de vacas, y se quiere aumentar ese stock a cuatro millones más. Es por ello que en la demanda pidieron que se suspenda cualquier desmonte o autorización de actividad ganadera intensiva en zonas rojas o amarillas, así sea con la metodología de MBGI.
El desmonte terminó por generar una discontinuidad en el hábitat del yaguareté, que acorralado al 5 por ciento de lo que ocupaba desde siempre (según la estimación de investigadores citados por Greenpeace), suele moverse por lugares en donde algo de monte queda en pie.
Se explicó que los yaguaretés del Gran Chaco argentino dependen de territorios muy grandes (400-2.900 km2), y su disminución puso a la especie al borde de la extinción en la región. “Entre 1985 y 2013, más del 20 por ciento de los bosques de la ecoregión del Gran Chaco (142.000 km2) fueron convertidos en pastizales y tierras de cultivo, reduciendo su biodiversidad, particularmente de los mamíferos más grandes”. Además de “la deforestación desenfrenada” de las dos últimas décadas debido a la expansión de la ganadería a gran escala y de los cultivos agroindustriales, como la soja u otros, tanto el jaguar y el puma son a menudo también cazados por ganaderos, debido al riesgo -real o percibido- de ataques al ganado. En muchos casos eso sucede en aquellas zonas donde el monte está menos explotado y trabajado por manos campesinas.
Ante este panorama en el cual se cruzan intereses, es que también se solicitó la concreción de una audiencia pública con carácter de informativa citando a las partes y las contrapartes del caso.
