Terminó otra semana difícil de pandemia, en la que sorpresivamente el Gobierno provincial el viernes anunció una nueva serie de restricciones por la sucesión de días consecutivos con más de 10 positivos que elevan el alerta.

Ayer se conoció un contagio masivo entre los trabajadores del Hospital Papa Francisco que de un solo tirón sumó 17 casos, que en total llegaron a 25, dejando este sábado como el día con mayor cantidad de positivos desde que se inició la pandemia.

Igualmente la ministra de Salud Josefina Medrano reiteró que no existe la circulación comunitaria del virus, y tranquilizó con un dato concreto: no hay ningún paciente que demande atención de terapia intensiva, ni asistencia de un respirador.

Solamente cuando esas dos variantes estén cerca de alcanzar el máximo disponible, la Covid-19 se convertirá en un grave problema, mientras tanto preocupa, pero se puede decir que se encuentra controlada. 

Las nuevas restricciones retroceden un poco más la flexibilidad de esta particular normalidad que se vive en la provincia. Las reuniones ahora serán solamente para la familia y los domingos, cualquier similitud con los Benvenuto es pura casualidad (y si el lector entiende a qué me refiero es porque se encuentra orillando la edad de riesgo).

Igualmente, los que están que trinan son los empresarios gastronómicos, que sienten que se convirtieron en la variable de ajuste de la cuarentena administrada. En tres semanas ya tuvieron tres cambios horarios de cierre nocturno: de las 24 pasaron a las 20, volvieron a las 24 y ahora bajaron a las 22.

Igual después de haber conocido la paralización total de la actividad, las quejas son por lo bajo, porque saben que el “no va más” puede estar a la vuelta de la esquina.

IFE escandaloso

Esta semana la política salteña se conmovió con la buena investigación periodística que hicieron el sitio Salta entre Líneas y FM Noticias, que develó un listado de unos 50 concejales que se postularon para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia, a los que se le agregaron un par de funcionarios nacionales, un intendente y un diputado.

Esta suerte de Panamá papers local, aunque con repercusión nacional, arroja como resultado que una veintena de esos concejales lograron cobrar los 10 mil pesos, lo que representa en total 200 mil pesos.

Los postulantes en general son de localidades chicas del interior provincial. La mayoría negó que hayan intentado inscribirse, otros en cambio admitieron haber cobrado y deberán hacerse cargo de las consecuencias legales y políticas que la avivada les acarreará.

El informe está basado en 300 DNI que ingresaron los periodistas a la página web de la Anses destinada a chequear el estado del IFE, y ya adelantan que existirían más casos.

Desde la Anses Salta señalaron que investigarán los casos en los que se efectuó el pago y  pidieron a la Justicia que intervenga. Con los rechazados, más allá de la falta ética, no cabría en principio sanción judicial ni administrativa, al no haberse consumado el delito, en tanto que probar que hubo intención de dolo parece una misión casi imposible. 

Igualmente, el escrache social en los pueblos chicos, donde se conocen todos, se magnifica y seguramente los que figuran en la lista deberán dar varias explicaciones cara a cara a los vecinos, invirtiendo la máxima judicial de la inocencia por la de: "serán culpables hasta que se demuestre lo contrario".

A nivel nacional el foco de interés se puso principalmente en Marcos Vera, gerente de una de las delegaciones de Anses en Salta. En su descargo público dijo haber introducido sus datos durante una capacitación a sabiendas de que sería rechazado, lo que finalmente sucedió.

Su condición de referente de La Cámpora ya hizo que ligue su segundo linchamiento mediático; el primero fue cuando asumió hace un mes y lo recibieron con una serie de notas periodísticas dudando de su capacidad para encabezar ese organismo. Ahora su futuro quedó entre signos de preguntas y seguramente se decidirá, tal como fue su designación, en Buenos Aires.

El otro que fue señalado por su condición de funcionario nacional es el ex concejal del Partido de la Victoria, Luis Hosel, que efectivamente cobró esos 10 mil pesos y que son la única retribución que recibió del Estado Nacional en lo que va del año.

Designado de palabra en febrero en el Centro de Referencia Local (CDR) de Desarrollo Social de la Nación, hasta ahora no salió su nombramiento, por lo que este vecino del barrio Democracia (uno de los más carenciados de Salta o, como se dice de forma elegante, vulnerable socialmente) combina las tareas ad honorem que debe desarrollar en el CDR, con las de albañilería y plomería con las que realmente se sustenta, y que como todo trabajador del rubro, sufrió el parate de la cuarentena que lo llevó a pedir el IFE para sobrevivir.

De hecho, mientras el ex asesor en el Senado Nacional Martín Del Frari lo escrachaba el viernes en las redes sociales, Hosel pedía permiso para irse una hora antes de su trabajo ad honorem para cumplir con el compromiso de terminar una instalación sanitaria en la casa de un vecino, situación que ilustra la foto de esta nota.

Lo que sí fue una gran noticia es la inmediata y enérgica reacción que tuvo “la política” para bajar el garrote a estos concejales del interior. Referentes de los principales espacios salieron escandalizados con los tapones de punta y el repudio a flor de piel pidiendo renuncias, expulsiones y guillotina, instrumento este último que por suerte, como pasó de moda, ya no se fabrica.

Por ejemplo, el gobernador Gustavo Sáenz abrió el fuego explicando que la política es servicio y que por lo tanto esperaba la renuncia de todos los involucrados. Ese ímpetu le faltó con el caso Huergo, en el que quedaron bajo sospecha de defraudación millonaria al Estado varios de sus funcionarios municipales, los cuales permanecieron en sus cargos o se fueron cuando quisieron “por razones particulares” (aunque continuaron en su espacio político).

Otro que también marcó terreno fue Sergio Leavy que, sin que nadie le pregunte, adelantó bíblicamente que expulsará a los pecadores del Partido de la Victoria, lo que le valió sumar aún más cuestionamientos en el seno interno del sector que es referente.

En la lista de repudiantes se anotaron, entre otros, Juan Ameri, Bettina Romero y Pablo Kosiner en nombre del PJ, que también tiene dirigentes de primera línea imputados en el caso Huergo, pero que hasta ahora ni cerca les pasó la guadaña partidaria.

Sería muy bueno que este hecho a partir de ahora se tome como un mojón en la historia política salteña y que esa capacidad de indignación y reacción ante todo caso sospechoso de corrupción, sea la regla y no la excepción, capaz así, sobre la base de expulsiones, se da de una vez la promocionada renovación.

Durand clorado

Justo cuando la pandemia empieza a enseñar su peor cara en la provincia, con contagios que amenazan con incrementarse diariamente, el senador Guillermo Durand Cornejo emprendió una quijotesca cruzada para conseguir que el dióxido de cloro sea incluido en el vademécum contra el coronavirus.

Usado industrialmente como blanqueador de papel, desaconsejado por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de Salud, una decena de asociaciones relacionadas con la salud de la Argentina y rechazado en todos los países que sufrieron la pandemia, aquí el senador capitalino lo propone como un plan B para cuando todo falle.

Ahora faltaría explicitar cual es el momento del “cuando todo falle”, especialmente si es antes o después de las procesiones patronales, que ya son evaluadas como última alternativa ante el fracaso científico.

Para su aceptación el senador recurre a tres argumentos que considera contundentes: “la OMS no da pie con bola”, “nadie murió por tomar dióxido de cloro” y el apoyo del suizo Andreas Ludwig Kalcker, doctor de filosofía en psicobioenergía en medicinas alternativas y biofísica natural de la Universidad Abierta de Ciencias Avanzadas. Nada puede fallar.

Lo cierto es que en la última reunión del COE, en la que participó Durand Cornejo en forma presencial y Kalcker por videoconferencia, casi termina en escándalo cuando desde el ala científica de ese organismo (dícese los médicos) comenzaron a rebatirle sus argumentos con evidencias concretas, como, por ejemplo, los efectos que genera el dióxido (diarreas y vómitos, entre otros), las que exasperaron al legislador capitalino, que se retiró ofuscado luego de cruzarse con la diputada y médica Gladys Paredes, que ya lo había desacreditado el martes durante la sesión de la Cámara Baja.

Por ahora parece que no prosperará la alternativa del senador, que sorprende día a día, por lo que no se descarta que en el futuro proponga la adhesión de Salta a alguna teoría terraplanista.