"Murió Roberto Durrieu, un referente del derecho", tituló el diario La Nación la noticia de la muerte, a los 80 años, del ex fiscal de Estado Adjunto de la provincia de Buenos Aires y ex subsecretario de Justicia de la Nación. Aunque en el resto del curriculum el diario señala con prolijidad los años de cada una de sus actividades profesionales, políticas y académicas, en los dos primeros casos los omite. No es por casualidad. Fue fiscal adjunto en la provincia entre 1976 y 1978, cuando se desarrolló el sangriento reinado de Ramón Camps, y subsecretario de Justicia de 1978 a 1981, donde su trabajo fue dar apoyatura legal a la dictadura de Jorge Rafael Videla. Un verdadero "referente del derecho".
En 1987, Durrieu fue firmante de una solicitada en solidaridad con Jorge Rafael Videla, quien ya había sido condenado por violaciones a los derechos humanos. También Camps fue condenado por cientos de secuestros, torturas y asesinatos en los campos de concentración bajo su mando en la provincia de Buenos Aires. Pero el general no se olvidó de su amigo Durrieu y lo incluyó en la dedicatoria de su libro Caso Timerman. Punto final.
Buena parte de la profusa actividad pública de Durrieu estuvo oblicuamente dirigida a justificar su pasado. Cuando al principio de su gobierno Néstor Kirchner solicitó la renuncia como procurador del Tesoro de Carlos Sánchez Herrera –quien había defendido a un militar detenido por robo de bebés durante la dictadura–, Durrieu manifestó que “ahora resulta que haber tenido una vinculación con los militares que lucharon contra la guerrilla significa la excomunión de la política, mientras que ser abogado de los subversivos que comenzaron esa guerra terrible significa ser exaltado en los cargos públicos”.
Cuando llegó a la presidencia del Colegio de Abogados de la Capital Federal (entre 2002 y 2006), entidad minoritaria que agrupa a los estudios más tradicionales, aprovechó para mantener una activa participación en los debates sociales y políticos de esos años. Desde ese cargo intervino en la polémica sobre la Ley de Unión Civil que, en la Ciudad de Buenos Aires, legalizó la convivencia entre personas del mismo sexo: “Implica consumar un extravío que los poderes públicos deben evitar a toda costa, so pena de dar pasos irreversibles hacia la disolución de las bases sociales”, ya que “implica el desconocimiento de la ley natural, que organiza la célula fundamental de la sociedad, sobre la base de la unión estable del varón y la mujer”.
También se pronunció contra los por entonces flamantes piqueteros. Lamentó la “pasividad absoluta” de la policía ante tales demostraciones y amenazó a los fiscales que no acusaban a quienes obstruían el tránsito con “denunciarlos por incumplimiento de los deberes del funcionario público”. Para Durrieu, las organizaciones piqueteras eran “organizaciones delictivas con intereses políticos”.
También como presidente del Colegio de Abogados, Durrieu firmó la solicitada contra la designación de Eugenio Zaffaroni como juez de la Corte Suprema, afirmando que “todas” las sentencias de ese jurista “concluyen en un encuadramiento y razonamiento destinado siempre a mejorar la situación del delincuente”. Al mismo tiempo, se convirtió en asesor del referente de la "mano dura" en materia penal, el falso ingeniero Juan Carlos Blumberg.
El diario La Nación, donde habitualmente publicaba sus columnas de opinión, eligió a "uno de los amigos más estrechos, Eduardo Padilla" para que defina a Durrieu: "una persona muy generosa, interesado por las cuestiones políticas de la Argentina. Un hombre de una gran rectitud y de sólidos principios morales".
Ni Videla ni Camps lo hubieran dicho mejor.
