El día en el que escribo esta nota (26/07/20) el total de casos de coronavirus en el mundo es de 16.375.922 y 651.160 personas han muerto a causa de este virus. El actual epicentro global—cantidad de contagios y muertes--de la pandemia es el continente americano en su conjunto. Seis países--Estados Unidos, Brasil, México, Perú, Colombia y Chile--suman 315.592 muertos, esto es; el 48.46% las víctimas del mundo están en América. En medio de este escenario y su devastadora expansión, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se apresta a elegir un nuevo presidente, en septiembre. Hay varios candidatos a encabezarlo; entre ellos, y por primera vez en la historia, un representante de Estados Unidos. Se ha debatido mucho alrededor de la decisión del gobierno del presidente Donald Trump de impulsar un candidato; del perfil ideológico del mismo; de lo que eso revela respecto a la postura de Washington, por ejemplo, en cuanto a la crecientemente tensa relación entre Estados Unidos y China; del efecto de la agudización de esa disputa en América Latina, entre otros.

Me quiero detener en una dimensión no analizada del tema: el vínculo entre la pandemia del coronavirus y los bancos regionales de desarrollo. La principal consideración es que a pesar de que la covid-19 es indistinta en sus efectos sobre las personas, sí se manifiesta de modos diferentes en el Norte desarrollado y en el Sur global. En el Sur el grado y el alcance de la desigualdad son más agudos; los niveles de densidad demográfica en las grandes metrópolis resultan muy altos; las capacidades estatales son, por lo general, bajas; la infraestructura sanitaria muy insuficiente; los porcentajes de informalidad laboral elevadísimos; la fragilidad económica notoria; las condiciones de vulnerabilidad de minorías específicas son ostensibles; las desventajas materiales, legales y políticas patentes para las mujeres; las instituciones públicas en muchos casos son poco creíbles y en varias naciones la existencia de fuertes conflictos de diversa naturaleza e intensidad dificultan la aplicación de políticas para mitigar las consecuencias de la pandemia. En América Latina y el Caribe muchas de esas características, con ligeras variaciones por país, están presentes a lo largo y ancho de la región. En breve, la covid-19 entre nosotros resulta letal.

Como se sabe hay cuatro bancos de desarrollo regional: el BID fundado en 1959, el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) fundado en 1966, el Banco Africano de Desarrollo (BAfD) fundado en 1964 y el Banco Europeo para el Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) fundado en 1991. Todos ellos proveen asistencia financiera y técnica, así como préstamos a bajas tasas de interés y donaciones.

Frente a la covid-19, el BERD se comprometió a otorgar 21 mil millones de euros a los países miembros, para el período 2020-2021. (A su turno, en Europa la Unión Europea acaba de aprobar un rescate económico de 857.000 millones de dólares a raíz del Coronavirus.) El BAsD ha triplicado su paquete de apoyo a los países con la provisión de 20 mil millones de dólares. El BAfD, con mucho menos recursos que los dos bancos anteriores, ha recaudado 3 mil millones dólares mediante la venta de bonos de sostenibilidad social y ello será destinado a fortalecer su asistencia a las naciones en la lucha contra la pandemia. Con el propósito de hacer frente a la covid-19 el BID anunció un incremento de 3.2 mil millones de dólares adicionales a lo ya estipulado en materia de préstamos para 2020 y amplió la cobertura de riesgos bajo lo que se denomina Facilidad de Crédito Contingente para Emergencias por Desastres Naturales.

Hoy es central debatir y precisar qué tipo de banco regional necesitamos para América Latina y el Caribe en la pospandemia y ese debate está aun ausente; en especial respecto a que se entiende y entenderá por “desarrollo” después de la covid-19 y sus consecuencias sociales, económicas y políticas. No se trata de un intercambio que solo tenga la voz de los estados, debe tener también la de las sociedades y una elección apresurada y contenciosa del presidente del BID no contribuye ni facilita esa urgente tarea. Creo que para lograrlo es aconsejable posponer la votación hasta el primer semestre de 2021.    

Juan Gabriel Tokatlian es vicerrector de la Universidad Di Tella.