La incorporación de la aplicación CuidAR en la Argentina, sumada a las experiencias ya en curso en otros países de la región y del mundo, reavivó en un sector de la sociedad el temor creciente al uso de la tecnología para recabar datos personales y utilizarlos en provecho con otros objetivos. Una manifestación expresada fundamentalmente por votantes opositores, que han sumado esta dimensión a su lista de reclamos. Experta en tecnología y militante de derechos humanos en internet, Natalia Zuazo asesora a la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en políticas tecnológicas. En esta charla con Página/12, explicó en qué consiste la incorporación de la aplicación CuidAR como una de las herramientas necesarias para enfrentar la pandemia y alertó sobre las implicancias que tendrá el uso de la tecnología en este tipo de contextos si los gobiernos y las compañías no respetan estándares básicos de privacidad.

--La incorporación de la aplicación CuidARgeneró, en parte de la población, cierto temor a ser vigilados. ¿Tiene asidero este temor? ¿Hay antecedentes que permitirían explicarlo?

--Cuando se puso en marcha la aplicación CuidAR en Argentina ya había otras aplicaciones en curso, tanto en América Latina como en otros países. Primero se impulsó en Asia; luego, en Europa; y finalmente, se incluyó en países de América Latina y en Estados Unidos. Singapur quedó como el modelo incluso para Europa, con la app Trace together, una tecnología llamada contact tracing, que es mucho más invasiva de la que se está utilizando en la Argentina. Se trata de tecnología que puede tener distintas funciones y ser concebida de maneras muy diferentes.

--¿Cuáles son esas posibles maneras de concebirla?

--Pueden ir desde un supuesto “solucionismo tecnológico” --pensar la tecnología como la solución única para combatir el virus y no hacer nada más-- hasta pensar la aplicación dentro de un paquete comprensivo que incluya una serie de políticas destinadas a enfrentar la enfermedad. Este eje hace a la primera gran diferencia. Poner toda la esperanza en la aplicación conduce claramente al fracaso. Ningún país razonable haría eso. Incluso en aquellos países en los que la aplicación se descargó masivamente --porque están más acostumbrados a la interacción con el desarrollo de tecnologías estatales (en Singapur, la bajó el 20 por ciento de los ciudadanos)--, debieron hacer retrocesos y endurecer sus cuarentenas.

--¿Qué aportaría la aplicación en esa estrategia más compleja y comprensiva a la que usted se refiere?

--Una opción es contar con aplicaciones que sean informativas: decirte qué tenés que hacer, con quién comunicarte en caso de presentar síntomas. En Argentina, además, la aplicación incluye el permiso de circulación, que es un gran incentivo para bajársela. Por último, se puede añadir un seguimiento de contacto (contact tracing). Es allí donde reside la gran discusión.

--Claro, es precisamente el aspecto que despierta mayores niveles de desconfianza frente a la posibilidad de ser vigilados.

--El seguimiento de contacto se puede hacer manualmente --que se hace con testeos, políticas sanitarias y ayuda de la aplicación CuidAR-- o se puede hacer a través de tecnologías como la de Singapur, o también sumándoles a las que hoy están ofreciendo Apple y Google a través de un sistema propio. Estas compañías hoy están desarrollando una API, es decir una interfaz, que facilita que el sistema de contact tracing esté disponible en cualquier teléfono IPhone o Android, el 99 por ciento de los teléfonos del mundo. Eso no impide que los países sigan desarrollando sus propias aplicaciones.

--¿El contact tracing sería una fase superior al de la app CuidAR en materia de control y seguimiento?

--El contact tracing se utilizó en otras enfermedades, como el ébola en África. Consiste en preguntar a alguien que haya estado con otra persona cuyo test haya dado positivo: ¿con qué otros individuos estuvo durante los 14 días previos?; desde compañeros de trabajo hasta alguien de quien se pudo haber contagiado en algún viaje. El propósito es indagar a quiénes frecuentó en esos días en los que tal vez no presentó síntomas pero pudo haber desarrollado la enfermedad y, por ende, contagiar. Se indentifica a esas otras personas para poder prevenir y aislar. La aplicación, concretamente, lo hace cruzando teléfonos mediante tecnología bluetooth. Pero esta es una parte de la historia.

--¿Cuál sería el lado oscuro en todo esto?

--Uno asume que esta es una aplicación desarrollada y puesta en funcionamiento por un Estado o alguna empresa privada. Y es entendible que haya reticencias porque los Estados tienen una historia en materia de vigilancia, al igual que los privados. El manejo de los datos personales por parte del Estado no empezó con la pandemia. Pero, también, como decía anteriormente, una tecnología no resuelve todo: entonces cuando un gobierno evalúa una decisión, tiene que evaluar qué otras cosas está haciendo. Si hay otras medidas que están funcionando bien, entonces se puede reducir la instancia tecnológica. No es una cuestión de oscuridad, sino de equilibrio.

--El temor que genera la pandemia a veces nos hace bajar la guardia y la atención sobre la posibilidad de ser vigilados. ¿Cree que existe el riesgo de que esta aplicación sea aprovechada para acceder a datos personales con otros propósitos?

--Sí, por supuesto. Lo que ocurrió a partir del 11 de septiembre de 2001 es un precedente claro. En aquel momento, ante la excusa de la amenaza terrorista, el gobierno de Estados Unidos comenzó a recopilar masivamente datos de los ciudadanos norteamericanos y contactos que hubieren tenido esos ciudadanos con otros y, así, espiar a todo el mundo. Trece años después, Edward Snowden reveló que el Estado, junto con una serie de empresas que cooperaron en ello (Google, los mails, Yahoo, Facebook), se dedicó no solo a recopilar sino a espiar a las personas con la excusa de combatir el terrorismo.

--¿Podría ocurrir que se recopilen datos de las personas ilegalmente con la excusa de CuidAR nuestra salud y, en particular, prevenirnos de la pandemia?

--Podría, pero también es cierto que hoy tenemos un precedente que nos hace estar atentos. El riesgo actual del uso ilegal de datos personales es posterior a la declaración de Snowden y de otro precedente importante: el caso de Cambridge Analytica, donde se descubrió la existencia de una trama que usaba bases de datos que habían sido recabados con un propósito y ofrecidos para ser usados con otro objetivo. Eso significa que, en esta pandemia, no estamos parados en el mismo lugar. Por ende, creo que tenemos otras y mejores herramientas que en 2001 o en 2016. En este momento, además, hay una importante movilización por parte de organizaciones de derechos humanos en el terreno digital, tanto en América Latina como en otros países. Recientemente, la Organización Mundial de la Salud (OMS), con la colaboración de especialistas en Derechos Humanos en internet, sacó un documento con recomendaciones para que estas aplicaciones respeten los derechos humanos en internet. Hoy, la OMS se ocupa de este tema, una actitud que habría sido impensable 15, o siquiera 5, años atrás.

--Por cierto, a usted que trabaja Derechos Humanos en el ámbito digital, la han convocado para asesorar en la puesta en marcha de la app CuidAR. ¿En qué consistió su aporte en el asesoramiento de la Secretaría de Innovación Pública?

--Junto con la Secretaría, Conicet, Fundación Sadosky, el Ministerio de Salud y el equipo de Desarrollo, mi trabajo es que las tecnologías creadas para la etapa de la pandemia respeten estándares internacionales de derechos humanos. Es decir, todo esto que venimos hablando. De la misma manera en que la OMS hoy se ocupa de advertir, con expertos internacionales, que los desarrollos de salud no pueden hacerse sin respetar estándares de privacidad, los gobiernos nacionales tienen que tener especialistas que nos ocupemos de que esto pase a nivel local. Ese es mi trabajo: que las tecnologías se piensen respetando y defendiendo derechos.

--Una cuestión que se pone de manifiesto en el marco del actual aislamiento es el de la inequidad en el acceso a la tecnología. ¿Cómo afecta la interrupción de ciertas políticas públicas en el terreno de la educación, como por ejemplo, el programa “Conectar Igualdad”?

--La educación como el trabajo son dos ámbitos donde se han catalizado más claramente las diferencias, las desigualdades y lo que falta hacer. En el campo educativo, que Conectar Igualdad haya sido una política pública destruida en los últimos cuatro años obligó a salir con un plan alternativo: proyectar y coordinar estrategias para llegar a lugares donde no había conectividad ni computadoras, con cuadernillos para chicos y docentes y, así, garantizar que sigan estudiando. Ese esfuerzo se complementó con programas televisivos y radiales, es decir, con medios tradicionales. Allí se pone de manifiesto la importancia de la tecnología en tanto proyecto político, porque Conectar Igualdad significaba, y hoy queda claro, igualar el acceso a la educación primero, y a la tecnología también, en gran parte del país. Luego, la educación no se reduce a que la tarea llegue. Hay otras cuestiones muy necesarias para aprender y enseñar. Poner nuevamente en marcha “Conectar Igualdad” significará empezar nuevamente a resolver una desigualdad.

--Con el aislamiento producto de la pandemia también vuelven a la agenda la vulneración de una serie de derechos de los trabajadores, entre ellos, los trabajadores de las plataformas y los que hacen delivery, en particular. ¿Qué consecuencias puede tener este problema si no se problematiza a tiempo?

--Los trabajadores precarizados, especialmente los repartidores de delivery vía plataformas, fueron designados como “esenciales” en la pandemia. De hecho, se recomienda pedir “delivery” con las apps, pero no se atiende la vulneración de los derechos de esos trabajadores, que son los más precarizados entre los precarizados. A diferencia de otros sectores que cuentan con una representación sindical o aquellos que tienen sus cámaras empresariales o pymes, y cuyas demandas tienen cierta visibilidad en los medios, estos trabajadores todavía esperan que se les reconozca su personería gremial. El caso de APP, la Asociación de Trabajadores de Plataformas, es uno de ellos. Sin reconocimiento, no hay visibilidad. Y sin ella no hay camino a los derechos.

--Cierto es que los trabajadores de plataformas habían iniciado reclamos para cubrir derechos laborales mínimos, además de la posibilidad de agremiarse. ¿En qué situación quedó ese proceso?

--Está pendiente. Y creo que este es un buen momento para reconocerlos. Los trabajadores de plataformas, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), están ubicados en el escalón más bajo de los precarizados, son los que más sufren la falta de cobertura de salud, la falta de vacaciones y la nula disponibilidad de su tiempo. Ese es un elemento muy importante que poco se atiende. Frente a otros trabajadores precarizados, que con esfuerzo logran con dos o tres trabajos reunir un salario que les permita llegar a fin de mes, los estudios de la OIT muestran que los trabajadores de plataforma, y los de delivery en particular, están más precarizados, no solo porque no disponen de su tiempo sino porque tampoco pueden contar con un ingreso fijo estimable que les permita planificarsu ingreso, que es su vida. No saben si a fin de mes van a juntar 25 mil pesos, 19 mil o 15 mil.

--Presentarlos como trabajadores esenciales en el marco de la covid-19, ¿podría ayudarlos a poner en agenda la vulneración de sus derechos laborales o, por el contrario, profundizará sus niveles de precariedad?

--Confío en que avance un proyecto de ley, que fue presentado por el Ejecutivo y el Ministerio de Trabajo antes de que empezara la pandemia, para comenzar a reconocerles sus derechos. Si se aprueba, los repartidores entrarían en el régimen de seguridad social, con prestaciones de salud, aportes jubilatorios y, al mismo tiempo, permitiría que la AFIP controle a las empresas. Y, además, establece dos cuestiones fundamentales. Primero, un máximo de 48 horas semanales de trabajo, es decir, un día de descanso al menos. Segundo, que el salario se regule vía salario mínimo vital y móvil, esto es, que no lo establezca la app unilateralmentevía un algoritmo.

--De aprobarse, ¿qué efectos puede tener este proyecto en las relaciones laborales de este sector?

--Si ese proyecto se aprobara significaría un avance en materia de derechos básicos para estos trabajadores, que se calcula que entre PedidosYa, Uber Eats, Rappi y Glovo son entre 60 y 80 mil en Argentina. Si a eso sumamos la inclusión del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que es una forma de ingreso universal que adoptamos recientemente en la Argentina, estaremos llegando a una porción significativa del trabajo precarizado. La IFE hoy cubre a empleadas domésticas, un sector mayormente feminizado y no registrado, joven y precarizado. La otra dimensión que deberíamos discutir a futuro es quién debe cubrir ese ingreso universal. Hoy, ese gasto lo afronta el Estado pero cuando salgamos de la pandemia, hay que pensar quién pone de su parte para que no recaiga exclusivamente en el Estado. Porque así la cuenta no cierra. Yo creo que se debería hacer por medio de un impuesto a las grandes fortunas.

¿Por qué Natalia Zuazo?

“Yo me ofrezco. Soy periodista, soy argentina, estoy acreditada y todavía no hice nada peligroso”, respondió Natalia Zuazo en 2014, ante la pregunta de Jake Appelbaum, uno de los hacktivistas más reconocidos del mundo. La misión: ingresar a la cumbre de la Red organizada en Brasil, donde la entonces mandataria Dilma Rousseff había convocado a países y otros actores involucrados en el manejo de internet, a discutir el uso de la Red. Aquel año 2014 fue “un punto de quiebre”, cuenta Zuazo en su libro Guerras de internet. Muy cerca en el tiempo, habían quedado las revelaciones de WikiLeaks y de Edward Snowden, indicando que la Red puede usarse para espiar ciudadanos, perseguir disidentes y esconder secretos. Seis años después, esta militante de derechos humanos en internet es convocada para asesorar a la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en políticas tecnológicas. Y tiene un papel central en la instrumentación de la app CuidAR, velando porque esta como otras herramientas tecnológicas “se piensen respetando y defendiendo derechos”.

Especialista en política y tecnología, Zuazo se dedica a la comunicación digital, al asesoramiento en la regulación de tecnologías y a la inclusión de los derechos humanos en el ámbito online. Es directora de Salto, una agencia dedicada a la comunicación y la innovación digital, e investigadora de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).

Tamaña experticia quedó plasmada en dos libros: Guerras de internet (Debate, 2015) y Los dueños de internet (Debate, 2018), referencia indudable en materia de derechos humanos en el ámbito digital.