Es uno de los proyectos más anunciados por el presidente Alberto Fernández y el más esperado por estos días en el Congreso. Mientras en la Quinta de Olivos y Casa Rosada se pule el texto de la reforma judicial que llegaría esta semana al Senado, Cristina Fernández de Kirchner ya allanó el camino para su debate: el decreto por el cual prorrogó la semana pasada las sesiones remotas por otros 60 días --con el aval de todas las bancadas parlamentarias-- no tiene límites temáticos y le pone fin a la resistencia de Juntos por el Cambio de negarse a tratar en forma virtual proyectos que no estén vinculados a la emergencia sanitaria. En la Cámara alta, el Frente de Todos tiene las manos suficientes para avanzar con la reforma judicial y le da tiempo al oficialismo en Diputados --donde los números son ajustados-- para buscar los consensos necesarios al calor del propio debate.

Todo está listo en el Senado para recibir el proyecto. Las versiones indican que podría llegar el miércoles o el jueves, pero que en todo caso no pasaría de esta semana. Aunque nadie tiene la certeza sobre una decisión que finalmente tomará el Presidente, que pretende que la reforma judicial sea uno de los hitos institucionales de su gestión. La pandemia fue demorando su lanzamiento.

En la definición del texto del proyecto de reforma judicial trabajan el propio Alberto Fernández, la ministra de Justicia, Marcela Losardo, la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y también se suma el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz.

PáginaI12 accedió a algunos de los ejes del proyecto. “Va a ser lo que denominamos una reforma corta", aseguraron altas fuentes del Gobierno a este diario. La propuesta apunta a que sean 46 los jueces federales, repartidos entre los doce de Comodoro Py, donde hay algunos juzgados vacantes, a los que se sumarán 34 entre los fueros penal y penal económico. También pondrá en funcionamiento el sistema de juicios por jurados y no habrá modificaciones en cuanto a la elección y los concursos de los jueces.

“El sistema acusatorio ya pasó por el Congreso. Lo que falta sobre ese tema también pasará por el Congreso", destacaron las mismas fuentes ante las versiones que impulsaba la oposición sobre la inclusión del sistema acusatorio en el proyecto de reforma.

El Código Procesal Penal de la Nación aprobado por el Congreso en 2018, que adoptó el sistema de enjuiciamiento acusatorio a cargo de los fiscales y dejo atrás el viejo sistema a cargo de los jueces, ya comenzó a implementarse en distintas provincias. La demora de su llegada a la Ciudad de Buenos Aires obedece, en gran parte, a la resistencia de los magistrados de Comodoro Py.

La decisión de ingresar la reforma judicial en el Congreso a través del Senado se debe a que el oficialismo tiene una mayoría que le permitiría atravesar la primera etapa legislativa sin sobresaltos. En el FdT existe unanimidad en la necesidad de llevar adelante la reforma en un fuero altamente cuestionado por moverse y reacomodarse según los tiempos políticos.

Con la apertura del debate en la Cámara alta, los diputados oficialistas contarán con más tiempo para trazar su propia estrategia legislativa en busca de acuerdos para transformar en ley la reforma judicial. El FdT necesita sumar al menos una decena de legisladores de los distintos bloques opositores para garantizar la mayoría en Diputados.

Antes, también allí deberá acordar --como en el Senado-- un protocolo para el funcionamiento de las sesiones virtuales mixtas sin condicionamientos, si el aislamiento social continúa. En la prórroga que se extiende a lo largo de julio, Juntos por el Cambio impuso que todos los proyectos que lleguen al recinto deben contar con “el acuerdo de todos los bloques” y dictamen de comisión.