El abogado Fabricio Torres pidió ayer la libertad de Yamila Veleizán, la mujer guaraní detenida el 23 de julio pasado durante un operativo de represión a un asentamiento realizado por familias de la Comunidad Guaraní Cheru Tumpa, en la localidad de Colonia Santa Rosa del departamento Orán.

Ese día Veleizán fue detenida por policías varones, y trasladada a la Comisaría 9º de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, a más de 50 kilómetros de su lugar de residencia, una medida que para el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) implica una agravamiento de sus condiciones de detención. 

Torres hizo el pedido de libertad en una causa en la que Veleizán está imputada por resistencia, atentado y amenazas, en relación al operativo policial del 23 de julio. Por otro lado, el Ministerio Público Fiscal informó que también se le imputan los delitos de usurpación, estafa y extorsión, hechos en los que la fiscala penal de Pichanal, Sofía Fuentes, acusa a otros comuneros, a partir de una denuncia de la titular registral, Mirta Divano de Manero, que disputa con la comunidad los terrenos baldíos ocupados. Más  allá de esta acusación, la Fiscalía inició un proceso de mediación sobre el conflicto suscitado por la tenencia de la tierra.

En la solicitud de libertad, el abogado destacó que Veleizán reside en el Asentamiento Gauchito Gil, que data de 2015, al lado del terreno ocupado recientemente; es una jornalera que se desempeña en tareas rurales, tiene una hija menor de edad con problemas de salud. En estos días de ausencia materna la niña está al cuidado de su abuela, una mujer que también se encuentra con la salud afectada. 

Torres sostuvo que Veleizán tiene arraigo en Colonia Santa Rosa y que esto permite inferir que no intentará huir. Pidió al juez de Garantías Claudio Alejandro Parisi que "disponga la libertad" de la mujer "con una atenuación de la medida de coerción penal menos gravosa". Y propuso distintas posibilidades, entre ellas, que le imponga la obligación de presentarse todas las semanas en la Fiscalía de Colonia Santa Rosa. 

Además, el abogado destacó que Veleizán es "único sostén de una familia tipo, dependiendo de sus ingresos". "La intención de mi cliente es recuperar su libertad de movimiento y poder ejercer su verdadero oficio, ello es jornalera para así lograr el sustento económico de madre e hija", indicó. Y recordó asimismo, que la gravedad del delito que se le imputa "no justifica por sí sola una prisión preventiva sino que deben evaluarse otros elementos". 

En el mismo sentido reseñó que la Cámara Nacional de Casación, "el máximo tribunal penal, estableció que todo acusado tiene derecho a esperar su juicio en libertad y que sólo se podrá ordenar su prisión preventiva si el juez de Garantías considera acreditado que existe peligro de que se fugue o de que entorpezca la investigación, lo que no sucede en el caso que nos ocupa".

Muchas acusaciones 

El Ministerio Público Fiscal informó ayer que a Veleizán se le atribuyen otros delitos, además de los derivados de la represión que sufrió junto a otras mujeres y niños de la Comunidad Cheru Tumpa. 

En este caso el decreto de imputación, del mismo 23 de julio, le atribuye los delitos de usurpación, estafa y extorsión. Allí se indica que Veleizán es presidenta del Asentamiento Gauchito Gil (parte de la Comunidad  Cheru Tumpa) y que el 10 de junio último, "junto a Guillermina Aramayo, Soledad Segundo, Jorge Ariel Salto, Brian Cresencio Maza y Victor Guerrero, ingresaron a la propiedad de la Sra. Divano de Manero identificada con Numero de Catastro 27833, sector denominado Gauchito Gil, y una vez adentro cortaron y voltearon árboles con motosierras y machetes a los fines de limpiar el terreno para después dividirlo en lotes, lotes que son vendidos limpios o no por las imputadas Veleizán y Aramayo, a cambio de dinero, según lo manifestado por la denunciante, testigos y compradores, despojándola así de su posesión a (...) Manero, para luego instalar un precario servicio de electricidad y agua, servicio que es cortado a los compradores de los lotes, si no les entregan dinero a la imputada Veleizán, cada vez que esta se los requiere".

Para la fiscala, Veleizán "vendía como propios, lotes pertenecientes a (...) Manero". Aseguró que desde 2015 "viene cometiendo sistemáticamente el mismo delito, enajenando lotes a terceros, otorgando en algunos casos recibos de pagos". La Fiscalía reseñó nombres de vecinos que sostienen estas acusaciones. 

En el delito de extorsión la fiscala incluyó a Aramayo. A los restantes imputados, Segundo, Salto, Maza, y Guerrero, los imputó por usurpación porque el 30 de junio de 2020 "ingresaron al terreno comprendido en el catastro 27833, de manera clandestina y violenta, utilizando machetes y motosierras, cortaron árboles y malezas para limpiar los lotes que iban delimitando cada uno, permaneciendo en el lugar hasta el día de la fecha, despojando de su derecho de propiedad a la denunciante Manero, quien acreditó propiedad de los mismos mediante Cedula Parcelaria y plano catastral".

En el decreto se reseña que la denuncia penal fue presentada el 20 de junio de 2020 por Divano de Manero, quien ya en 2015 había denunciado la ocupación de la Comunidad. 

Sobre el pedido de la presidenta del INAI, Magdalena Odarda, para que se busquen vías no judiciales de resolucion del conflicto por la tierra, el Ministerio Público Fiscal indicó que desde el sábado último la Fiscalía inició un proceso de mediación en cuyo marco visitó ese mismo día a la Comunidad para interiorizarse de la situación.