Al menos tres lugares comunes circulan acerca del conflicto docente, intentaremos a continuación analizarlos críticamente.

1. “Nos faltan políticas educativas de Estado.” En estos 33 años de democracia hubo dos momentos donde se implementaron políticas educativas con un consenso político y social mayoritario. El primero fue entre 1983 y 1987, en la llamada primavera alfonsinista se realizó el Congreso Pedagógico Nacional, se desarrolló el Plan Nacional de Alfabetización, se normalizaron las universidades nacionales, se produjo el retorno de los docentes perseguidos y exiliados, se legalizaron los centros de estudiantes, se eliminaron aranceles y exámenes de ingreso a la educación superior, se eliminaron el examen de ingreso y el uniforme obligatorio en la escuela media, se cambiaron los contenidos de la educación cívica, etc. El segundo fue entre 2003 y 2006, donde se sancionaron con apoyo de oficialismo y oposición las Leyes 25.864, de garantía de 180 días anuales de clase y del salario docente (que previó que las provincias en conflicto con su personal docente podrían solicitar asistencia financiera del Poder Ejecutivo Nacional), 25.053 del Fondo Nacional de Incentivo Docente, 26.058 de Educación Técnico Profesional y 26.075 de Financiamiento Educativo que estableció un incremento de la inversión educativa de nación y provincias hasta llegar al 6 por ciento del PBI en 2010, y en su artículo 10 la necesidad de acordar entre el Ministerio nacional, el Consejo Federal y los gremios docentes un convenio marco que incluya el salario mínimo. Finalmente la Ley 26.206 de Educación Nacional estableció entre los derechos de los docentes el de la negociación colectiva nacional y jurisdiccional.

Por el contrario entre 1989 y 2001 se vivió una conflictividad permanente entre el gobierno nacional por una parte y los trabajadores de la educación y el movimiento estudiantil por la otra. La transferencia de los servicios educativos que estaban en órbita de la Nación a las provincias de 1992, las leyes Federal de Educación de 1993 y de Educación Superior de 1995 contaron sólo con el respaldo del oficialismo y fueron rechazadas en masivas manifestaciones por la Ctera y la FUA, entre otras organizaciones. Las dificultades de las provincias para pagar los salarios docentes en el marco del nuevo sistema federalizado desembocaron en la instalación de la Carpa blanca frente al Congreso y en la protesta con ayuno de los trabajadores de la educación. 

2. “El paro es porque gobierna Macri.” Los hechos desmienten que la conflictividad docente responda al color político del gobierno jurisdiccional o nacional. En sus ocho años al frente de la ciudad el PRO pudo exhibir con orgullo que siempre las clases comenzaban en tiempo y forma, lo mismo que ocurrió en marzo de 2016 al inicio de su gobierno nacional. La provincia de Buenos Aires, por su parte, gobernada por el FpV, tuvo una elevada conflictividad docente. Ahora bien, si comparamos los recursos relativos de cada jurisdicción veremos que el presupuesto de la Provincia en 2014 fue de 195.225 millones de pesos, de los cuáles 56.122 millones fueron para la finalidad educación (28 por ciento). Con esos 56 mil millones la provincia educó a 4.042.000 alumnos desde el nivel inicial al superior no universitario, lo que dio una inversión por alumno/año de 13.800 pesos. La Ciudad de Buenos Aires es una jurisdicción privilegiada y contaba en 2014 con un presupuesto de 59.501 millones de pesos, de los cuáles 13.900 millones fueron para la finalidad educación (23 por ciento).

Con esos 13 mil millones la ciudad educó 700 mil alumnos desde el nivel inicial al superior no universitario, eso arrojó una inversión por alumno / año de 19.800 pesos. La conflictividad parece correlacionarse con los mayores o menores recursos de cada jurisdicción, en relación a su matrícula, y no al color político del gobernante.

3. “Es un conflicto entre Vidal y Baradel.” Los medios de comunicación se esfuerzan en presentar el conflicto docente como una pelea entre una gobernadora joven y transparente y un sindicalista gordo y pelilargo.

Sin embargo, lo que está en juego es, como en los años 90, reformar el sistema educativo oponiendo las familias a los maestros. El Banco Mundial ya señalaba en 1996 que “los sistemas de educación imperantes protegen a menudo los intereses de los sindicatos de maestros y no los de los padres y las comunidades. El aumento de la participación de los padres y de las comunidades puede contrarrestar el poder de los intereses de los sindicatos de maestros”. En ese marco se explican medidas insólitas tales como convocar a la comunidad a anotarse como voluntarios en los días de paro o el pago de una suma fija a aquellos docentes que, renunciando a su identidad de trabajadores de la educación, se abstengan de ejercer el derecho de huelga consagrado en la Constitución y en los convenios de la OIT.

Deslegitimar a las organizaciones de trabajadores y oponerlas a las familias son estrategias viejas que resurgen justamente para hacer políticas públicas educativas que necesariamente serán conflictivas, es decir para discontinuar las políticas de Estado consensuadas hace una década, agregando en el campo educativo problemas a un Gobierno que ya tiene bastantes problemas en el campo económico y social.

* Subsecretario de Educación Media de la UBA.