La justicia porteña suspendió un intento del gobierno de la Ciudad de mudar la Escuela Taller del Casco Histórico, que funciona en el edificio de avenida Paseo Colón y Brasil, en San Telmo, que va a ser demolido para extender el Metrobus del Bajo y que está judicializado. La suspensión llegó el domingo a la madrugada, luego de que el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC) e integrantes de la comunidad educativa dieran intervención a la policía. En la denuncia advirtieron que se estaba violando una medida cautelar dictada en el marco del amparo que la ONG había presentado para exigir que, antes de la demolición, se asigne un edificio definitivo en la misma zona para la escuela. 

Tras la intervención policial, la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 39, a cargo de Gonzalo Viña ordenó "suspender cualquier movimiento sobre el inmueble hasta tanto se realicen las averiguaciones correspondientes".

La mudanza de la escuela, que forma en artes y oficios orientada a la conservación y restauración de bienes culturales, comenzó durante la mañana del sábado, explicaron fuentes del Ministerio de Cultura, organismo del que depende la institución. Pero varias horas después, cuando el personal ya llevaba cargados varios camiones con el mobiliario -que fue trasladado al edificio de la calle Alsina 963-, los vecinos alertaron a integrantes de la escuela y al titular del ODC, el abogado Jonatan Baldiviezo, quien llegó hasta la puerta de la escuela.

“Avanzaron con la mudanza sin que se haya levantado la medida cautelar, sin mostrar siquiera un papel firmado por algún funcionario, ni un dictamen de la procuración con una interpretación distinta de la cautelar. Tampoco informaron a la comunidad educativa, y había profesores que tenían herramientas en la escuela y no sabemos qué se llevaron”, explicó a Página/12 el letrado, quien dio intervención a la policía al denunciar que se “estaba violando una orden judicial”.

No obstante, para cuando intervino la fiscalía que ordenó suspender la mudanza -que iba a continuar el domingo-, parte del mobiliario ya había sido trasladado al edificio de Alsina, que el gobierno porteño ofreció como alternativa al que será demolido y donde anteriormente funcionaba la Dirección de Música. De todas formas, la fiscalía estableció una consigna policial en la escuela para garantizar la protección del lugar y lo que aún queda adentro, y cito a las partes a una audiencia para resolver la situación.

Baldiviezo explicó que “vamos a presentar una denuncia por incumplimiento de la cautelar, y avanzaremos con una denuncia penal contra los funcionarios que autorizaron esta mudanza, que no tiene autorización de la justicia”.

Por su parte, voceros del Ministerio sostuvieron que “el amparo habla de que no se puede demoler la sede. No dice que no se puede hacer la mudanza que, por otra parte, es necesaria para que cuando se habiliten las clases se pueda dar continuidad al ciclo lectivo, en un edificio al que se puso en valor y en el que se invirtieron seis millones de pesos para mejorarlo". "No se está incumpliendo con el amparo”, remarcaron, aunque aclararon que “todavía hay pasos legales por resolver”.

Al respecto, Baldiviezo señaló que la medida judicial es “para proteger la escuela, no el edificio". Por eso, añadió, "la jueza ponía la condición de que tenía que dar el visto bueno de la nueva sede. Si fuese por la demolición, a la jueza no le importaría a dónde envían a la escuela taller”.

El Gobierno porteño decidió demoler la escuela, que forma parte del plan de manejo y de protección del Casco Histórico, para avanzar con la etapa N° 2 del Metrobus del Bajo. La primera opción que ofreció para reubicar a la comunidad educativa fue un edificio que se iba a construir fuera del Caso Histórico, en el Parque España, en el barrio de Barracas.

Pero la comunidad educativa de la escuela se opuso y presentó con el ODC una acción judicial solicitando que la reubicación sea dentro del casco histórico. Como alternativa y de forma provisoria se planteó el edificio de Alsina.

En ese momento se presentó otro amparo solicitando al fuero de la Ciudad que no permita la construcción de edificios en un parque público, ya que tiene que ser la Legislatura la que autorice el cambio de uso de un parque. Por esta razón también se suspendió la construcción de esa nueva sede.

Casi en paralelo, el 28 de noviembre pasado, la titular del Juzgado N° 1 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, Romina Tesone, dictó una cautelar ordenando a la Ciudad que "suspenda las obras de demolición del inmueble … hasta tanto se encuentre efectivamente disponible otra sede para ser utilizada a tales fines, lo que será sometido a decisión del Tribunal".

Para Baldiviezo, “la jueza ratificó que hasta que no estén todas las habilitaciones, los permisos, el final de obra, que aún no están presentados en la causa, no se puede tocar la escuela taller”.