A más de nueve meses del octubre rojo, los masivos cacerolazos de las últimas semanas y las manifestaciones espontáneas volvieron a reavivar el fuego de la revuelta social iniciada a fines del año pasado en Chile: “Tanto el pueblo como el movimiento feminista tienen muy claro que aquellas demandas que motivaron el estallido aún continúan pendientes”, asegura la académica y experta en género Ana Luisa Muñoz.
Esa agitación popular tenaz sin dudas empujó la aprobación en el Poder Legislativo del retiro extraordinario de un 10 por ciento de los fondos previsionales -que están completamente en manos privadas. Es una medida que responde a la crisis por la pandemia pero que a la vez pone en jaque lo que parecía inamovible: que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) dispongan para la especulación financiera de los aportes de trabajadores y trabajadoras que nunca recibían completos ni siquiera al momento de jubilarse.
Ana Luisa Muñoz explica: “Las condiciones por las cuales ese ahorro luego se devuelve es muy bajo, no solo porque ese dinero va a la Bolsa y las pérdidas suelen ser mayores que las ganancias, sino también porque cuando la persona se jubila ese ahorro se divide por 40 años, porque la expectativa de vida de las AFP, aunque parezca ridículo, es de hasta 110 años. Además, un sector importante de las trabajadoras y trabajadores en Chile están precarizadxs. Entonces, en el caso de quienes ahorraron toda su vida, al jubilarse se encuentran con que ese dinero no es lo que esperaban”.
El rechazo al sistema previsional había sido uno de los principales objetivos del estallido de octubre, por eso la medida aprobada la semana pasada por la mayoría del Congreso tiene sabor a victoria para toda la sociedad chilena. Menos para Sebastián Piñera, el presidente que insiste en ejercer su gobernabilidad a través de la violación sistemática de los derechos humanos y las leyes creadas en la última dictadura militar que aún continúan vigentes.
La analista política Francisca Quiroga afirma que esta ley es un triunfo popular sobre el mundo empresarial y la derecha que gobierna en Chile: “Lo que vino a dejar en evidencia esta discusión pública es que nuestros ahorros están en las grandes empresas y en las pocas familias que concentran el poder bursátil de Chile. El proyecto tuvo un apoyo abrumador, y creo que lo más importante de este momento es el surgimiento de una nueva lógica de lo colectivo en la que el feminismo vuelve a aparecer con mucha fuerza, porque las caras del sistema de las AFP también son todo un emblema del sistema patriarcal que nos gobierna”.
Entre la revuelta y el terrorismo
La Coordinadora Feminista 8M, un espacio que articula a múltiples organizaciones sociales, ha cumplido un rol fundamental en el estallido de octubre. Javiera Manzi, una de sus voceras, analiza: “Estas semanas de manifestaciones, tanto por el retiro del 10% de los fondos de pensiones como por el caso de Antonia Barra, sumado a otras acciones que también ocurren desde el comienzo de la pandemia, dan cuenta de que la revuelta y la impugnación a este Gobierno no solo continúan, sino que las razones y el deseo de transformación se han ido confirmado cada vez más”.
¿Qué lectura hacen en la Coordinadora de la forma en la que Piñera decidió afrontar la pandemia?
-El Gobierno está llevando adelante una política de la masacre, porque las medidas que se han ido tomado no tienen ninguna relación con el resguardo de la vida. Decidieron poner las ganancias por sobre el cuidado de la mayoría, y eso quedó muy en evidencia en el colapso total del sistema de salud y la ausencia de condiciones sanitarias mínimas para vivir una pandemia. Al mismo tiempo, también vivimos un sistemático ocultamiento de la información, porque han cambiado las cifras de contagios para dar la impresión de que la situación es menos crítica.
¿Qué significa vivir una pandemia en ese contexto?
-Si bien desde el confinamiento las manifestaciones se redujeron muchísimo, sigue habiendo represiones porque las calles están totalmente militarizadas: desde que en marzo se decretó el Estado de Catástrofe estamos viviendo un Toque de queda, y el plan de retorno del Gobierno ahora no contempla el fin de esta medida porque quieren seguir normalizando la presencia militar en la vida democrática.
¿Hubo algún avance en las casi dos mil querellas presentadas al Instituto Nacional de Derechos Humanos contra agentes del Estado?
-No hubo avances, y ese es otro ejemplo de la impunidad que estamos viviendo. Para lxs cientxs de presas y presos políticxs de la revuelta que están entrando en los procesos de audiencia, muchxs menores de edad, el Gobierno ha tenido una política de castigo brutal, con pedidos de entre 10 y 25 años de prisión. Y para las personas que fueron víctimas de trauma ocular también sucede algo parecido: no solo no se sabe quiénes ejecutaron esos disparos, sino que el Estado tampoco realizó ningún tipo de reparación con esas vidas. Estamos viviendo una pandemia con prisión política y con mutilación de personas, dos acciones que son propias de la violación más absoluta de los derechos humanos.
Un suicidio femicida
Otro hecho que también despertó una gran agitación del pueblo chileno y del movimiento feminista fue el juicio que se realizó la semana pasada por el caso de Antonia Barra; una joven de 21 años que fue violada en septiembre del año pasado y que, como consecuencia de eso, un mes más tarde se suicidó. El movimiento feminista calificó este hecho como un “suicidio femicida” porque lo considera una forma más de expresión de la violencia machista.
“La sociedad volvió a ser testigo de un sistema judicial totalmente patriarcal, en el que tanto el juez como el abogado de la defensa se encargaron de quitarle toda gravedad a la situación, culpabilizando a la víctima y defendiendo al acusado. Y también resultó muy indignante el análisis que hicieron de un video que muestra el momento previo a la violación, en donde se ve claramente la actitud del acusado, pero el juez hizo una lectura muy diferente”, cuenta Ana Luisa Muñoz.
Al momento de la sentencia, Federico Gutiérrez, el juez del caso, reconoció la violación pero, en vez de dictar la prisión preventiva, dictaminó un arresto domiciliario. Según Ana Luisa, esa fue la gota que rebalsó el vaso para que las manifestaciones públicas se hicieran oír en todo el territorio chileno.
Ante la presión popular, Gutiérrez tuvo que dar marcha atrás con la sentencia y resolvió la encarcelación del acusado. Javiera Manzi reflexiona: “Si esto pasa en el caso de Antonia, con millones de ojos atentos, ¿qué podemos esperar de la actuación de la Justicia en tantos otros casos? Este hecho deja de manifiesto una vez más la (in)justicia de clase, patriarcal y racista que existe en Chile”.
