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Brasil profundiza su degradación institucional gobernada por Jair Bolsonaro y su gabinete militarizado. A diferencia de la pandemia descontrolada que se extiende por el país, el militar de ultraderecha y sus funcionarios centralizan la política inquisitorial del Estado de manera ilegal. Nada dejan fuera del alcance de su radar de vigilancia masiva. El repudio que causó cómo se fichó a 579 académicos, profesores y militantes críticos del presidente y sus actos cada vez más cuestionados, se refleja en el testimonio de referentes del PT, militantes de los Derechos Humanos y la oposición parlamentaria.
Esta vez se trató de una decisión del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública que primero tuvo a su cargo el ex juez Sergio Moro y hoy es manejado por el abogado y pastor presbiteriano André de Almeida Mendonça. Tras la salida del primero en abril, se creó la Dirección de Inteligencia de la Secretaría de Operaciones Integradas mediante el decreto 9662/19. Desde sus oficinas se puso en práctica la confección de listados con nombres, fotos y documentos de personalidades como Paulo Sergio Pinheiro, jurista y ex secretario de Derechos Humanos del ex presidente Fernando Henrique Cardoso y Luis Eduardo Soares, ex secretario nacional de Seguridad Pública durante el primer gobierno de Lula. PáginaI12 consultó distintas opiniones en el país vecino y la de un especialista argentino en DDHH de la ONU que conoce muy bien la trayectoria de Pinheiro porque ambos son relatores de Naciones Unidas.
El ex ministro de Educación de Lula, Tarso Genro, comparó a la política de Bolsonaro de fichar opositores con la que llevaba adelante la Gestapo: “Es la formación de un ‘orden’ concreto, de ‘excepción’, paralelo al mandato legal y formal de la Constitución del ‘88, que inició un proceso de burocratización ilegal de la acción policial como Policía del Gobierno, y no del Estado. Una fuerza de control y represión ideológica y política, cuyo modelo fue producido por la experiencia de la Gestapo”.
El presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos con sede en Porto Alegre, el experimentado abogado Jair Krischke comentó: “Bolsonaro creó después de que se fuera Moro y dentro de la estructura del Ministerio de Justicia, una Secretaria de Operaciones Integradas, dirigida por un oficial de la Polícia Civil del Distrito Federal de Brasilia, donde a su vez funciona una Dirección de Inteligencia, bajo un mando con formación militar. Este sector elaboró informes sobre 579 personas calificadas como antifascistas. Los hicieron como si fueran la Agencia Brasilera de Informaciones, la Polícia Federal, las de algunos Estados, el Ministerio de Defensa, Centros de Informaciones del Ejército, la Marina y Aviación. Todo absolutamente ilegal y especialmente inconstitucional. Se trata de algo clandestino, pues el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública solamente puede producir informes vinculados a la seguridad pública”.
El militante de DDHH agregó: “Además de evidenciar su caráter represor, ilegal y absolutamente antidemocrático, el gobierno de Bolsonaro está violando el artículo 5° de nuestra Constitución, que garantiza a todas y todos los brasileños el derecho de elegir y ejercer su opción religiosa y político-ideológica. Lo que causa espanto es el silencio del Congreso Nacional, que tiene el deber de fiscalizar y acompañar a todos los Servicios de Inteligencia del país”.
La diputada federal del PT por Río Grande del Sur y ex ministra de Derechos Humanos, María do Rosario Nunes, la misma a la que el presidente Bolsonaro agravió en el Congreso cuando ambos eran diputados y fue condenado a indemnizarla por eso, explicó: “Brasil tiene un gobierno fascista que moviliza ilegalmente a las fuerzas estatales para el acoso político de los ciudadanos brasileños que defienden la democracia y los derechos humanos. La persecución del profesor Paulo Sergio Pinheiro es porque perteneció a la Comisión Nacional de la Verdad. El gobierno quiere silenciarlo porque tiene una influencia internacional capaz de demostrar fuera de Brasil quién es el genocida de Bolsonaro”.
La legisladora que demandó a Bolsonaro antes de ser presidente y le ganó el juicio por un ataque misógino cuando el militar llegó al Planalto, el año pasado donó la indemnización de 20 mil reales que recibió del jefe de Estado a siete movimientos de mujeres. El condenado le había dicho que “no la violaría” porque “no lo merecía”.
El argentino Fabián Salvioli es relator especial sobre la promoción de la verdad, la justica, la reparación y las garantías de no repetición en Naciones Unidas. Como su colega Pinheiro ocupa un cargo en la estructura de DDHH de la ONU y tiene una extensa obra jurídica. “Es muy grave lo que pasó en Brasil, inadmisible en democracia y amerita toda la acción necesaria para investigar y juzgar a los responsables y condenarlos. Es un hecho que no solo invade el derecho a la privacidad sino que además tiene un efecto atemorizante sobre el colectivo y la sociedad. Pinheiro es un prestigioso jurista que ha estado en los temas más importantes de Naciones Unidas”.
En Brasil hubo más demostraciones de solidaridad con Pinheiro y los 579 damnificados de la política macartista que inauguró el gobierno desde su Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. La diputada federal por San Pablo y militante del partido de izquierda PSOL, Samia Bomfim posteó en twitter que respaldaba a “Paulo Sergio Pinheiro y a todos los profesores universitarios y activistas que el Ministerio de Justicia, ilegalmente, decidió fichar en razón de ser comprometidos en la lucha antifascista”.
