Si la falta de agua es un problema histórico, con la sequía y en plena pandemia se volvió crucial el contar o no con ella. Desde el lunes último está tomada la Municipalidad de Santa Victoria Este (SVE). Quienes decidieron protestar de esta forma afirman que uno de los reclamos es porque el agua no llega a las comunidades. Quienes están al frente de la Municipalidad, afirman que por la toma no logran sacar los camiones con agua. Mientras, las comunidades esperan poder contar lo antes posible con el recurso, dado que la sequía se adelantó en la región del Chaco salteño, región que atraviesa el departamento Rivadavia.
José Palma, quien se definió como coordinador de las comunidades de Santa Victoria Este, enumeró entre otros reclamos la falta de asistencia a las comunidades porque el intendente “se llevó los tickets y hace cuatro meses que no reciben” en algunos lugares. Estos “tickets” corresponden al programa de “Abordaje Integral de Políticas Alimentarias Salta-AIPAS”. Es un bono de 300 pesos mensuales y fue, quizás, uno de los primeros conflictos que impulsó la crisis al iniciar este año. El ex secretario de Políticas Públicas de la Municipalidad, Marco Lucas, no habría rendido correctamente los fondos que envía la provincia mes a mes. Además hubo quienes se quejaron de no haber percibido el dinero. Lucas afirmó que se trató de una merma en el dinero que entregó la Municipalidad para luego repartir. La secretaria de Hacienda de la Municipalidad, Julieta Catardo, dijo por su parte que tras hacer un relevamiento en las comunidades originarias, se dieron con que había personas que “no percibían el beneficio desde hace cuatro meses”. La situación conllevó al alejamiento de Lucas del gabinete municipal y fue entonces que inició el conflicto.
Las comunidades pidieron entonces más diálogo a Nerón. Pero afirmaron no tenerlo. El jefe comunal, por su parte, ponderó su potestad como intendente de elegir su gabinete. Eligió al reemplazo de Lucas, Damián Pérez. Quienes cuestionan a Nerón desde las comunidades, en tanto, sostienen que esos cargos deberían consensuarse con ellas, dado que Nerón, quien también es del Pueblo Wichí, llegó a la intendencia a través de esos acuerdos entre originarios.
El histórico dirigente wichí Pedro Lozano, fallecido hace más de un mes, y que era secretario de Obras Públicas, había mostrado su disconformidad con Nerón por el alejamiento de Lucas. Tras su fallecimiento, se volvió a solicitar un consenso al momento de elegir a quien lo sucedería, lo cual no sucedió. Según Palma, Nerón dejó desamparada a la familia de Lozano, quien tenía hijos pequeños. Catardo, por su parte, aseguró que se “quiso dar una pensión a la viuda pero se negó”. Afirmó que la mujer se negó porque el “abogado le dijo que no reciba ni firme nada. Y están pidiendo una indemnización de 7 millones de pesos”. El otro pedido es que sea el hijo de Lozano quien lo reemplace en el Gabinete, dijo la funcionaria.
Los concejales, por su parte, ya habían pedido la intervención del municipio, algo que elevaron incluso a la Legislatura. Palma había afirmado que incluso los ediles estaban en la toma de la Municipalidad. El presidente del Concejo Deliberante, Rafael Andrada, por su parte, afirmó que no están de acuerdo con la modalidad de la protesta, aunque sí con los reclamos. Sostuvo que si piden la intervención es por la falta de rendiciones trimestrales de Nerón ante el Concejo, dado que “asumió hace 8 meses” y a su entender el plazo de gracia era “de tres o cuatro meses” para mejorar las cosas. A ello sumaron una denuncia que se hizo este martes en sede judicial, acusando a Nerón de no cumplir con los informes ante el Concejo, ni con la presentación del presupuesto con el cual se mueve la Municipalidad.
Dos pozos, un cajero y “servicios pagos”
Catardo afirmó que por el momento, Santa Victoria Este cuenta con solo dos nuevos pozos de agua. El que está funcionando es el que donó la empresa Pampa Argentina, y que se excavó en Santa Victoria Este. El segundo, que se hizo en la comunidad La Golondrina, con fondos aportados por el empresario de medios Marcelo Tinelli, está a la espera de las conexiones para empezar a funcionar. Mientras, llevar agua a las comunidades implica en ocasiones un recorrido de 80 a 100 kilómetros por caminos difíciles de transitar. “La semana pasada trajimos el tractor y los dos camiones de agua para hacerles el mantenimiento”, dijo Catardo al sostener que esperaban poder salir este lunes a hacer el reparto, pero afirmó que con la toma de la Municipalidad se impide la salida de los vehículos. Deslizó que en la protesta se están quemando las gomas que serían de estos camiones.
Otro problema recurrente es la dificultad para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), pues a muchos beneficiarios se les asignó como lugar de cobro localidades alejadas de Santa Victoria Este, como Salvador Mazza o Tartagal (ambas en el departamento San Martín). A algunos no se les otorgó y no tienen la explicación de esta decisión. “Pero eso es un tema de ANSeS, porque nosotros solo hacemos la gestión y cargamos los datos”, dijo Catardo. Es que en la zona si no hay alguien que haga las gestiones, contar con internet para poder realizar el trámite se constituye en un desafío.
Otro problema que la funcionaria añadió es que como ahora se permite a los beneficiarios del IFE cobrar por cajero sin tarjeta, hay quienes se paran en el único cajero de la localidad a “prestar” sus servicios a quienes poco entienden esa tecnología. El servicio por ayudar a sacar los 10 mil pesos del beneficio, le cuestan a cada beneficiario “entre mil y dos mil pesos”, dijo Catardo.
En cuanto a la falta del cobro del programa AIPAS que algunos reclaman, Catardo explicó que la provincia bajó los fondos a repartir de 1.300.000 pesos a 900.000 pesos, dado que ya no lo reciben quienes tienen acceso a la Tarjeta Alimentar. Por los reclamos de la recepción de módulos alimentarios, también incluidos en la protesta, afirmó que es un tema que está en manos de la provincia.
Discriminación
Tanto Catardo, como otros habitantes originarios de Santa Victoria Este entendieron que por detrás de los reclamos no solamente hay maniobras políticas sino también discriminación. Apuntaron a algunos manifestantes criollos que se sumaron a la toma de la Municipalidad y tildaron de “inoperante” a Nerón, y a su gabinete. Algunos integrantes de las comunidades que escucharon el audio, consideraron que en esas expresiones existió discriminación.
Las críticas de quienes cuestionan a Nerón también apuntaron a Catardo, quien además es sobrina del intendente. “Ella parece la intendenta”, dijo el concejal Andrada. Catardo, por su parte, entendió que estas percepciones también son parte de una discriminación a su condición de mujer y funcionaria.
