El fiscal federal Eduardo Villalba amplió ayer la acusación contra el intendente de Aguaray, Jorge Enrique Prado, por el robo de caños del Gasoducto del NEA. También se amplió la acusación contra el ex secretario de Hacienda de ese municipio, Fredy Marcelo Céspedes. 

Las imputaciones se hicieron en una audiencia por videoconferencia ante el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, y de la que participaron también los fiscales federales de esa ciudad, José Luis Bruno, y de Tartagal, Marcos Romero y el abogado Sebastián Smith, en representación de la querella del Estado Nacional, además de los defensores. La actuación conjunta de tres fiscales en una causa es inédita en la región. 

Tanto Prado como Céspedes ya habían sido imputados en una audiencia realizada el 18 de mayo, por el delito de fraude a la administración pública. La ampliación es por otro hecho de robo descubierto con posterioridad a esa acusación formal.  

Precisamente, en la audiencia Villalba encabezó la actuación fiscal con la imputación al empresario Matías Rossi, presidente de la empresa CoMarfil SA, de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires. El fiscal le endilgó los delitos de robo agravado y fraude a la administración pública por presunta participación en la sustracción de al menos 52 caños del Gasoducto que fueron secuestrados de instalaciones de su empresa, a donde habrían sido llevados usando documentación ilícita.

Los caminos conducen a Prado 

"Todos los caminos conducen a Prado”, sostuvo el fiscal Villalba al explicar las maniobras desarrolladas para robarse caños de la obra del Gasoducto del NEA. 

Los fiscales sostienen la hipótesis de que Prado es quien posibilitó la desafectación de los caños a partir de una resolución municipal, que luego fue usada para robarlos. En ese marco, Villalba solicitó el levantamiento del secreto bancario y fiscal respecto al intendente, y que se le prohíba salir del país.

El defensor de Prado, Fernando Teseyra, se opuso al levantamiento del secreto bancario y fiscal. Villalba retrucó que los bolsillos del funcionario público "deberían ser de cristal", por lo que no había razón para negarse a la medida. Entonces el propio Prado pidió hablar para conceder que sus cuentas bancarias sean revisadas por la Justicia. 

En la primera audiencia por este caso, Villalba ya había imputado a Prado, Céspedes y al empresario Diego Alos, titular de la firma OSYP SA, por el delito de fraude a la administración pública. Respecto de ese hecho se le atribuye a Prado haber avalado la extracción de los caños y su entrega a dicha empresa. Para el Ministerio Público Fiscal, el intendente usó como excusa que causaban un grave daño al ambiente, condición que aseguró por su profesión de ingeniero ambiental.

Empresarios y gerentes 

El fiscal José Luis Bruno, de la sede descentralizada de Orán, imputó por robo calificado a cuatro nuevos implicados: Cristhian Marcelo Buczeck, encargado de la empresa Vera SA; Andrés Ayala, gerente de la firma Peterser SRL; Milton Rene Saavedra y Bruno Raúl Degoy, ambos socios de la firma MyP, ex WeatherFor.

Bruno sostuvo que estos cuatro hombres participaron de "las maniobras realizadas el 14 de abril pasado, que llevaron a la sustracción de 170 caños del gasoducto en el paraje El Desemboque, a 140 kilómetros de la localidad General Mosconi".

El fiscal indicó que luego de detectar dos camiones cargados con caños en un comedor de la zona, miembros de Gendarmería Nacional descubrieron otros dos camiones con tubos que habían sido extraídos ilegalmente de la red del Gasoducto. Describió que para transportarlos usaron documentación, como remitos, que remitían al intendente Prado y a la resolución municipal 1215 de 2019, "común denominador en todas las maniobras" de robo de caños del Gasoducto.

Por su parte, el fiscal Marcos Romero, de la sede descentralizada de Tartagal, imputó a Miguel Angel Cuéllar y Oscar Dante Rodríguez el delito de robo calificado, y también acusó a Prado por fraude a la administración pública, en este caso por un hecho cometido el 12 de noviembre de 2019 en el paraje Alto La Sierra, donde Cuéllar fue sorprendido con 14 caños en un colectivo adaptado para el transporte de carga, también procedentes del Gasoducto NEA. 

Cuéllar responsabilizó por el hecho a Rodríguez, quien a su vez negó todo, aunque posteriormente se pudo establecer que tenía un vínculo laboral con Prado. En este caso se lograron recuperar 77 caños que habían sido extraídos también del paraje El Desemboque.

El Ministerio Público Fiscal indicó que, salvo Céspedes, todos los acusados negaron  negaron los hechos. El ex secretario de Hacienda de Aguaray, en cambio, reiteró que es inocente y responsabilizó a Prado.