La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley que llegó del Ejecutivo provincial para que lo autorice y le otorgue herramientas financieras y legales para renegociar la deuda en dólares que tiene la provincia y que en los próximos años se tornaría impagable en virtud de los futuros vencimientos, especialmente de los bonos emitidos en 2016 para conformar el Fondo del Bicentenario.

El titular de la comisión de Hacienda, Javier Diez Villa (STF), señaló que la deuda en dólares llega a los 390 millones “y con los plazos como están fijados actualmente es de difícil cumplimiento, especialmente por el escenario desfavorable producto de la pandemia”.

En ese sentido resaltó que por la caída de la actividad la provincia recibió 7 mil millones menos de lo previsto en estos meses.

También señaló como antecedente del proyecto que envió el Ejecutivo a la ley nacional 26.544, por la que el Congreso autorizó la reestructuración de la deuda externa que suma 66 mil millones de dólares.

Las estimaciones realizadas por el ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, ubican que para el año 2021 los vencimientos de deuda en dólares serán de 102 millones, en 2022 se elevarán a 194 millones, en 2023 debe afrontar vencimientos por 176 millones y en 2024, por 136 millones. Esta proyección la hizo considerando una constante devaluación del peso, que en 2024 llegaría a una relación de $ 211, 21 por cada dólar.

Diez Villa también aseguró que simplemente se autoriza al ministro de Economía a hacer acuerdos con los acreedores, pero no se le otorga superpoderes y que tampoco se está emitiendo deuda nueva. “Es voluntad de este gobierno cumplir con el pago de la deuda y no caer en default”, sentenció el referente del oficialismo.

Tanto Silvia Varg como Socorro Villamayor (ambas del bloque STF) apuntaron sus críticas contra el ex gobernador Juan Manuel Urtubey, la primera indicó que el apuro por conseguir la autorización es debido a que el 6 de agosto se vence el plazo de gracia para pagar un vencimiento, aunque el ministro Dib Ashur ya advirtió que cuenta con esos fondos. “Estamos pagando la fiesta del ex gobernador Urtubey”, expresó la diputada.

Villamayor, en tanto, sostuvo que el proyecto de ley es a consecuencia de “una mala costumbre del gobierno anterior de pedir empréstitos a costa de los salteños. Créditos pagaderos a futuro para que se hagan cargo las generaciones futuras”. Por eso lo calificó como un acto de egoísmo de la última gestión.

Santiago Godoy (PJ) ante esas críticas señaló que le parecen una novedad, porque es la primera vez que las escucha, ya que en su momento se hizo la transición sin mayores reclamos y en estos meses tampoco hubo quejas al respecto, las cuales empiezan a aparecer ahora.

Después destacó que la situación de Salta tiene un punto de partida en lo que pueda pasar con la deuda externa nacional que está a punto de solucionarse. “El ministro de Economía olfateó la posibilidad de refinanciar la deuda y si lo consigue Salta va a tener un panorama diferente”.

Los referentes de la oposición destacaron el consenso que hubo para crear una comisión bicameral de seguimiento de la renegociación compuesta por diputados y senadores del oficialismo y la oposición, que deberá informar a los legisladores periódicamente de las novedades que haya al respecto.

Carlos Zapata (Ahora Salta) expresó que la oposición apoya la renegociación, pero subrayó la importancia del control y también hizo hincapié en conocer los detalles que demandará esta operatoria, tanto en las comisiones que se pagarán, gastos, etc.

Tanto Héctor Chibán (UCR) como Claudio Del Plá (PO) pusieron objeciones a las atribuciones que otorga el proyecto al ministro. “Estamos votando un cheque en blanco”, expresó el radical. En tanto el diputado de izquierda cuestionó la renegociación nacional, al considerar que junto con lo que arregle la provincia, condicionan el futuro.

Chibán además pidió que la versión taquigráfica de la sesión se la remita al Ministerio Público Fiscal, ya que consideró que Villamayor realizó una denuncia que merece investigarse, cuando la diputada expresó que parte de los dólares que ingresaron por los créditos están enterrados.

El proyecto finalmente fue aprobado con 57 votos a favor y uno en contra del bloque del Partido Obrero. Ahora deberá ser ratificado en el Senado, lo cual podría suceder este jueves.

Aprobaron el Fondo Fiduciario

El otro proyecto aprobado en la sesión de ayer fue la autorización para recibir los 2.100 millones de pesos que llegarán mediante un crédito otorgado por el Fondo Fiduciario creado por el Gobierno Nacional para asistir a todas las provincias del país.

El crédito es en condiciones muy favorables para Salta, en cuanto se pagará recién desde el año próximo en 36 cuotas que tendrán un interés de 0,1 por ciento anual. En tanto el capital del préstamo se actualizará mediante el CER, con el objetivo de no perder valor y que ese Fondo, que consta de un capital de 60 mil millones, pueda asistir a las provincias de forma permanente.

Este crédito obtuvo amplia aceptación entre los diputados, que reconocieron las dificultades económicas que pasa la provincia, tanto por el escenario de recesión de los últimos años, como por el agravamiento que sufrió durante la pandemia, que llevó a la retracción de 7 mil millones de pesos con respecto a los ingresos previstos para esta época del año.

Por eso el crédito servirá como asistencia financiera para cumplir las obligaciones del Estado, inclusive algunos diputados insinuaron que podría utilizarse para saldar el vencimiento próximo de la deuda que mencionaba Varg.

Tanto desde el oficialismo como desde la oposición destacaron el apoyo económico de la Nación, que además de este préstamo, asistió a la provincias con Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y otros fondos que llegaron para áreas específicas.

Si bien en principio se había planteado la posibilidad de hacer una comisión bicameral para controlar la ejecución del crédito, a instancia de Baltasar Lara Gros (PARES) se modificó el dictamen y se puso como obligatorio que el informe periódico que el gobierno provincial debe remitir al gobierno nacional sobre el estado de las finanzas, fijado en el convenio del crédito, también se lo envíe a ambas cámaras legislativas.

El único voto negativo al proyecto fue el de Del Plá, que puso sus reparos con las obligaciones a las que se compromete la provincia por este crédito, ya que en el convenio se fija que deberá prestar una política ocupacional y salarial acorde a las limitaciones financieras, además de comprometerse a no emitir cuasi moneda.

Al igual que con el proyecto de la deuda, el resultado de la votación fue de 57 votos a favor y uno en contra y pasó en revisión a la Cámara Alta para su tratamiento.