Desde las 10 de esta mañana y vía teleconferencia, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de La Plata retomará las audiencias en el juicio por los delitos de lesa humanidad sucedidos en el centro clandestino que funcionó en la Brigada de San Justo durante la última dictadura cívico militar. Se trata del primer debate que se reanuda en esa jurisdicción desde que se declaró la pandemia por coronavirus y el país ingresó en aislamiento social, preventivo y obligatorio.
El juicio por los secuestros y las torturas de 84 hombres y mujeres, algunas de ellas embarazadas, en lo que hoy es la sede de la DDI de La Matanza comenzó en agosto de 2018 y atravesaba el tramo final de los alegatos cuando el coronavirus puso en suspenso toda actividad que no fuera considerada esencial en el país. Los juicios, espacios de concentración de personas en espacios reducidos, se suspendieron y recién algunos meses después de declarada la cuarentena comenzaron a reanudarse de manera remota. En La Plata, el debate por los crímenes de la Brigada de San Justo será el primero en aplicar esta metodología.
Por teleconferencia, comenzarán a alegar las defensas de los 18 imputados, entre los que se encuentran integrantes del Ejército, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y miembros del gobierno civil a cargo de la provincia. El múltiplemente condenado por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura Miguel Osvaldo Etchecolatz integra la lista, completada con Rodolfo Enrique Godoy, responsable del Area 114; Roberto Armando Balmaceda, Jorge Héctor Di Pasquale, Ricardo Armando Fernández, Emilio Alberto Herrero Anzorena, Carlos del Señor Hidalgo Garzón y Carlos María Romero Pavón, quienes integraron el Destacamento de Inteligencia 101; Alejandro Alberto Menichini, Juan Carlos Ojeda, Leopoldo Luis Baume y Roberto Armando Félix, a cargo de la Brigada de Investigaciones de San Justo; Héctor Horacio Carrera, Rubén Alfredo Boan, Raúl Carballo, el médico Jorge Héctor Vidal y Ricardo Juan García, quienes se desempeñaron en el lugar y participaron directamente en secuestros y torturas. Finalmente, los abogados Jaime Lamont Smart y Juan María Torino, que facilitaron los recursos desde su desempeño en el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La Brigada de Investigaciones de San Justo funcionaba en Salta 2450, San Justo, en conjunto con las dependencias de la Comisaría 1º de La Matanza. Fue uno de los centros clandestinos del llamado Circuito Camps, que distribuyó el terrorismo de Estado por todo el conurbano bonaerense y lo unió a la capital provincial. Según las investigaciones posteriores, la Brigada funcionó como un “lugar de registro”, según detallan desde la agrupación Hijos platense, ya que se trató del primer lugar en el que depositaron a la mayoría de las víctimas cuyos casos se repasaron a lo largo de casi dos años de debate. Eso no quita, no obstante, que haya sido un lugar libre de dolor: allí se las interrogó bajo torturas.
De allí, algunas víctimas fueron liberadas y otras, trasladadas a otros centros clandestinos. Es el caso, por ejemplo, de María Asunción Artigas, Mónica Sofía Grinspon y Mónica María Lemos, quienes permanecieron detenidas embarazadas en la Brigada de San Justo y fueron trasladadas al Pozo de Banfield. Allí, María Asunción y Mónica dieron a luz a sus hijas, Victoria Moyano Artigas y María José Lavalle Lemos, restituidas en 1988 y 1987, informaron desde Abuelas de Plaza de Mayo, querellantes en la causa y en el juicio.
