Un joven de 17 años fue detenido violentamente por la Policía Bonaerense y demorado durante horas en la Comisaría 6 de La Plata, donde se le aplicó tortura con picana eléctrica y golpes para hacerlo confensar la supuesta complicidad con un robo. Los efectivos que lo detuvieron y torturaron filmaron videos que subieron a las redes sociales, pero no dieron intervención a la justicia ni dieron aviso a la familia del joven. 

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que en los últimos días denunció el crimen Lucas Nahuel Verón y la desaparición de Facundo Astudillo Castro , presentó una denuncia penal ante la fiscalía general, mientras que la UFI 3 de La Plata abrió una investigación de oficio y Asuntos Internos de la Bonaerense allanó la Comisaría 6 y ordenó desafectar a uno de los agentes.  

La detención ocurrió en la madrugada del sábado en la localidad de Tolosa, cuando un patrullero de la Bonaerense apresó al joven de 17 años porque, según la versión policial, se lo vio descartar el arma que se habría usado un robo. La detención del menor de edad incluyó golpes con el arma reglamentaria en sus costillas. Desde Tolosa, lo llevaron a la Comisaría 6 de La Plata. 

El adolescente ingresó en la madrugada y lo mantuvieron de pie en un calabozo hasta la tarde. Durante esas horas, tres agentes de la Bonaerense ingresaban para darle picanazos y golpes y exigirle que confesara, de acuerdo a la versión policial, con quiénes había robado. Los propios agentes filmaron un video, que subieron a las redes sociales, en el que se escucha el ruido de los picanazos.  

La actuación de la CPM ante la fiscalía general, como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, advierte entre las ilegalidades cometidas la ausencia de un abogado o defensor oficial o, al menos, de uno de sus padres, lo que violenta la Constitución y la Convención de Derechos del Niño. La detención de menores de edad en comisarías es otra violación a los protocolos de derechos.    

La flagrancia de los agentes policiales que compartieron la tortura en las redes sociales obligó a abrir una investigación de oficio a la UFI 3, a cargo de Marcelo Martini. Asuntos Internos allanó la Comisaría 6, identificó el calabozo por las marcas de revoque que se podían ver en el video e informó a la fiscalía los nombres de los agentes que estaban presentes.     

"Lo que sucedió es gravísimo. Que los propios agentes filmen la escena y la circulen en las redes sociales... y esto ocurre cuando se habilita a la Policía con un discurso como el que se escucha del Ministerio de Seguridad provincial. Son elementos de prueba para ordenar la detención", advierte Roberto Cipriano García, secretario de la CPM, y lamenta: "Si no existiera el video, no se habría iniciado la investigación".  

Además del accionar policial, desde la CPM también apuntan contra la actuación de los médicos legistas, que no reportaron los golpes que el joven tiene en el rostro, el torso y las piernas. "Casi diez horas después de su detención, interviene por primera vez un funcionario judicial. Sin embargo no se generaron las condiciones para que pueda contar lo sucedido. Los mismos policías lo esperaban para trasladarlo", denunció el CPM. 

En la denuncia penal que presentó en la fiscalía general, el organismo también denunció que, incluso luego de que el joven fuera finalmente llevado a declarar ante el Fuero Penal Juvenil, recibió amenazas de muerte en el patrullero que lo llevó hasta el centro de detención Almafuerte, donde aún permanece. 

El director de violencia institucional de la Subsecretaría de DDHH bonaerense, Ignacio Álvarez, señaló que se acompañará a la familia del joven, se pedirá el apartamiento de la Policía en la investigación y la identificación de todos los responsables, tanto los efectivos de la patrulla que detuvieron al joven, lo torturaron y amenazaron como de los policías que estaban presentes en la Comisaría 6, por encubrimiento.  

Otro de los aspectos graves del caso denunciados por el CPM y advertidos desde la Subsecretaría de DDHH fue que la UFI 3 no dio intervención a los organismos del sistema de promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

"Tenemos la decisión política de intervenir para finalizar con estos hechos. La solución es multiagencial y multipoder. Necesitamos que exista un repudio inmediato por parte del Poder Ejecutivo, pero también que el Poder Judicial impulse investigaciones eficaces sin la intervención de agentes policiales", sostuvo el director del área, que también tomó intervención en casos como el de Astudillo Castro, Verón y el joven atacado ferozmente en su domicilio por el GAD en Lomas de Zamora .

Ante este nuevo hecho de violencia institucional, la CPM volvió a exigir "el cese de estas graves violaciones de derechos humanos ejecutadas por la Policía de la Provincia, agravadas en este período de cuarentena" e insistió en avanzar en la investigación sobre la presunta desaparición forzada de Facundo Astudillo a manos de la policía bonaerense.