Organismos de derechos humanos y vinculadas a la lucha por la memoria, la verdad y la justicia en el Noroeste argentino denunciaron que la justicia tucumana le da la espalda a la complicidad civil en los crímenes de la última dictadura. La Fiscalía federal de Tucumán y la agrupación de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) exigieron que la Cámara Federal de Casación Penal revierta la falta de mérito que tanto en primera instancia como en la etapa de apelaciones recibieron cuatro empresarios del ingenio azucarero La Fronterita por su participación en el secuestro de trabajadores de esa compañía en un centro clandestino de detención que funcionó en sus instalaciones durante la última dictadura cívico militar. Algunos de ellos continúan desaparecidos. La Fiscalía había exigido la indagatoria y detención de los empresarios por considerarlos cómplices de los crímenes .

“La justicia federal tucumana busca darle impunidad a los cómplices civiles de los crímenes contra la humanidad” cometidos en la provincia, advirtieron Andhes, H.I.J.O.S. Tucumán, Fundación Memorias e Identidades y otras agrupaciones vinculadas a la lucha contra el olvido de los crímenes del terrorismo de Estado en un comunicado que denuncia las novedades en la causa que investiga las violaciones a los derechos humanos sufridas por trabajadores, familiares y personas cercanas al ingenio azucarero La Fronterita en años de genocidio.

Falta de mérito para los civiles

El 7 de julio pasado supieron que la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán confirmó el fallo del juez de primera instancia Daniel Bejas, quien consideró que Jorge Alberto Figueroa Minetti, Eduardo Butori, Alfredo José Martínez Minetti y Fernando Cornú De Olmos, administradores e integrantes del consejo directivo del ingenio, habían sido tan víctimas de los militares como los trabajadores secuestrados, torturados y, algunos, desaparecidos y les dictó la falta de mérito “tergiversando las pruebas y los testimonios de los sobrevivientes y los familiares de desaparecidos”, apuntaron las organizaciones denunciantes.

Bejas los indagó por pedido de la Fiscalía, a cargo de Pablo Camuña. Tanto el fiscal como Andhes --querellante en representación de la familia de Fidel Ortiz, uno de los delegados secuestrado y desaparecido-- entendían y entienden que son cómplices de los delitos de privación ilegítima de la libertad con apremios y vejaciones, aplicación agravada de torturas, violación de domicilio, desaparición forzada de personas, entre otros. Numerosos testimonios que figuran en el expediente los señalaron como “entregadores” de obreros. Ni hablar del hecho de que dentro del ingenio funcionó un centro clandestino de detención, por donde pasaron todas las víctimas de la causa.

Pues, claro, en sus indagatorias, los empresarios se ubicaron donde finalmente el juez y la Cámara Federal de Apelaciones tucumana los fijó: en el lugar de víctimas. Además presentaron balances de la empresa para “demostrar” que la dictadura los había perjudicado.

Para Andhes y el resto de los organismos aquello es imposible. Remarcaron desde la agrupación de abogades: “El Ingenio Fronterita, a través de sus administradores y su consejo directivo, hizo aportes sustantivos y sustanciales para que se implemente el terrorismo de estado en el sur tucumano. Sin estos aportes los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en ese momento y en ese lugar no se hubiesen realizado de la forma e intensidad que sucedieron”.

Cómplices de secuestros y torturas

Tras el fallo confirmatorio de la Cámara tucumana, les abogades y la Fiscalía presentaron un recurso de Casación para que el expediente llegue a la Casación Penal. Consideran que el aparato del ingenio “cumplió un rol fundamental” en la “implementación del terrorismo de Estado en la provincia” al haber “cedido los espacios y laas instalaciones para que se efectivice un centro clandestino y una base militar”. Además, “que hayan prestado vehículos, que haya dado información de los trabajadores y que haya dado autorización para que los militares entren a las casas de los trabajadores fueron acciones que permitieron establecer un aparato del terror que terminó en la desaparición, tortura y violación de todo tipo de derechos humanos en esa zona. Muchos de estos hechos quedaron probados durante el juicio del Operativo Independencia”, postularon desde Andhes.

De la investigación fiscal surge que, entre 1975 y 1977, al menos 68 personas que trabajaban en el Ingenio La Fronterita, o que vivían en sus colonias, pasaron por el centro clandestino que funcionó dentro del ingenio. Todas fueron torturadas y algunas continúan, hasta hoy, desaparecidas, entre ellas Ortiz. “Nuestra investigación indica que los propietarios y administradores del Ingenio Fronterita compartían con las autoridades militares un interés común: disciplinar a los trabajadores para acumular la máxima ganancia posible. Para eso fue necesario actuar contra los dirigentes sindicales y las bases obreras combativas, que son las verdaderas víctimas de esta causa y fueron quienes sufrieron los secuestros, las torturas y en muchos casos la muerte y la desaparición”, apuntaron desde la agrupación letrada.