El secretario de Derechos Humanos de la CGT, Julio Piumato, ratificó que a la central obrera "todo lo humano le importa" y reivindicó el proyecto de ley presentado en septiembre de 2017 para que se declare de lesa humanidad el delito de trata.
El sindicalista indicó que la trata de personas afecta de forma casi exclusiva a mujeres y niñas, que representan "el 99 por ciento de las víctimas en la industria sexual comercial y el 58 por ciento en otros sectores". El proyecto en cuestión fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la CGT y el gremio de empleados judiciales que conduce el propio Piumato.
"Cuarenta millones de personas son víctimas de la esclavitud moderna, de las cuales 25 millones cumplen trabajo forzoso -incluyendo las de trata para explotación laboral y sexual, de las cuales un tercio son menores de 18 años-, y otras 15 millones sufren el matrimonio forzoso", señaló el sindicalista en un documento.
El titular de la Unión Empleados de la Justicia de la Nación reseñó en un comunicado que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el 30 de julio como Día Mundial contra la Trata de Personas para generar "mayor conciencia sobre la situación de las víctimas, promover y proteger sus derechos y adoptar medidas coordinadas, amplias y sistemáticas".
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), que conduce el británico Guy Ryder, impulsa el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil y Forzoso (IPEC+) que, en consonancia con la Meta 8.7 de la Agenda 2030 del organismo para el Desarrollo Sostenible de la ONU, procura fortalecer "los esfuerzos para erradicar todas las formas contemporáneas de esclavitud y trata de personas para el año 2030".
La iniciativa respondió al compromiso asumido en la Cumbre de los Jueces sobre la trata de personas y el crimen organizado, convocada por la Academia Pontificia de Ciencias Sociales en el Vaticano en junio de 2016.
Piumato agregó que el Observatorio del Trabajo de la CGT y la Comisión de Drogadependencia de la Comisión de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina asumieron "el compromiso de visualizar una de las peores formas de trabajo infantil forzoso: niños empleados por vendedores de drogas". "Eso ocurre en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, donde realizan reparto y vigilancia. Esos niños son también adictos", advirtió.
