Al bloque de senadores del Frente de Todos le resultaron suficiente sus votos para convertir en ley el Régimen Legal de Teletrabajo , la norma que establece presupuestos mínimos para garantizar los derechos laborales a los trabajadores que se desempeñan bajo esta modalidad que se extendió fruto de la pandemia de la covid-19. El oficialismo aportó lo 40 votos para la sanción de la ley mientras que Juntos por Cambio (JpC) y sus aliados pusieron los 30 votos negativos que, de acuerdo a sus discursos, hicieron propios los reclamos patronales sobre "la excesiva regulación" que fue considerada como "un retroceso en la permisividad del trabajo", además de proponer una mayor flexibilización laboral. "Esta ley establece pautas fundamentales para salvaguardar el trabajo y la salud y es imprescindible contar con marco regulatorio para evitar que se afecten derechos", aseguró el senador oficialista Daniel Lovera (La Pampa) y titular de la comisión de Trabajo de la Cámara alta.

La norma sancionada garantiza para los teletrabajadores igualdad de derechos salariales, colectivos y sindicales, y establece la desconexión digital para evitar la extensión de la jornada laboral y la decisión personal para la “reversibilidad” de la modalidad. La ley entrará en vigencia 90 días después de terminado el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio por el coronavirus.

Lovera, quien justificó por el oficialismo el respaldo a esta ley, aseguró que “serán las negociaciones colectivas las que definan cada una de las particularidades para cada actividad” ante las críticas opositoras, que hicieron propio el reclamo empresarial sobre la “reversibilidad” de la modalidad, donde el trabajador podrá decidir si quiere retomar su labor en forma presencial. La norma establece que trabajadores y empresarios deberán adecuar las características de la modalidad –que modifica la Ley de Contrato de Trabajo— para cada actividad laboral en sus respectivos convenios colectivos.

Los senadores de JpC se opusieron férreamente al proyecto, diferenciándose de sus pares que en Diputados acompañaron mayoritariamente la iniciativa, algunos se abstuvieron pero ninguno votó en contra. Su postura en la Cámara alta, fue reclamar cambios en el texto en sintonía con las exigencias empresariales, que impusieron en la Cámara baja que ley entrara en vigencia 90 días después de finalizada la pandemia.

Entre los opositores hubo argumentaciones de todo tipo. La macrista Gladys González advirtió que esta ley provocará la “pérdida de empleo” y de “la oportunidad de retener talento”. La senadora indicó que las empresas multinacionales contratarán trabajadores en otros países. La ex interventora del SOMU, criticó a los “viejos sindicalistas” y proclamó escuchar a “los jóvenes” gremialistas "dispuestos a los cambios". Por último reclamó “certeza” para el futuro del mercado laboral.

Su compañero de bancada, Esteban Bullrich (PRO), en cambio, reivindicó su frase de que los jóvenes deberían “acostumbrarse a vivir en la incertidumbre” frente a los cambios laborales, cuando era ministro de Educación del gobierno macrista. “Esta ley traba y al trabar no solamente no crea puestos de trabajo, sino que los va a destruir. No estamos garantizando nada con esta ley”, sentenció.

“Esto es una regulación y no una promoción del empleo, porque no estamos dando ningún incentivo fiscal. Esto desalienta, los empleadores van a ver cuál es la regulación que tenemos en esta materia y puede ser un desaliento”, agregó el radical mendocino Julio Cobos.

“¿Qué tendría de malo promover nuevas formas de contratación?”, se preguntó el aliado macrista y experonista Juan Carlos Romero que propuso “trabajar por objetivos y no por horario” y “dar beneficios a las empresas”. El senador salteño enmarcó el proyecto en la ideología kirchnerista de “ataque al capitalismo, al sector empresario, como con Vicentin y el campo, y ahora quieren castigar a los ricos con un impuesto”.

Las réplicas oficialistas se fueron intercalando durante el debate. “Esta modalidad es muy fácil de encubrir, muchas veces son considerados trabajadores autónomos y no son contemplados en la Ley de Contrato de Trabajo, lo que hace que no tengan acceso a una obra social, aportes jubilatorios y ART”, remarcó la correntina Ana Almirón (FdT) y aseguró que esta norma “equipara a los teletrabajadores con los trabajadores presenciales”.

El cierre estuvo a cargo de Mariano Recalde. El senador porteño del oficialismo afirmó que la ley “trata las desventajas con mucho cuidado y atención” y destacó que “el suficiente consenso (alcanzado en Diputados) merecía que el proyecto sea aprobado sin modificaciones”. “Sin ninguna duda es una muy buena ley”, insistió, aunque admitió que siempre se podría realizarle mejoras.

Recalde no olvidó los dichos de la oposición y cargó contra esos argumentos, ligados a los reclamos patronales. Hizo un breve repaso histórico sobre las declaraciones de la Cámaras empresariales vernáculas en contra de la jornada de 8 horas, la ley de Contrato de Trabajo, el pago de indemnizaciones por despido, y el aguinaldo. “Cada vez que se tratan leyes laborales” hay “predicciones apocalípticas”, dijo. 

“Se decían estas mismas cosas que dicen ahora: que iban a ser una traba, que los empleadores no iban a querer contratar”, manifestó Recalde y recordó que durante el kirchnerismo se sancionaron 69 leyes a favor de los trabajadores “y decían que iban a ser una catástrofe”.  Entonces el senador lo contrastó con números. 

Recordó que cuando Néstor Kirchner llegó a la presidencia, en 2003, había 355.476 empleadores inscriptos, pero para el 2015 se habían incrementado a 568.737. “Después del año 2015 no se sancionó ninguna ley laboral a favor de los trabajadores, sin embargo cerraron más de 24.500 empresas”, comparó. Para finalizar, Recalde parafraseó al pensador Jean Jacques Rousseau sobre su análisis de la relación entre los desiguales que decía que “la libertad oprime, la ley libera”. Recalde dijo que “el liberalismo oprime y el Estado libera”.