Desde marzo hasta junio, sólo 500 presos del Servicio Penitenciario Federal (SPF) consiguieron que se les otorgue la prisión domiciliaria en razón de ser población de riesgo, ya sea por edad o por enfermedades anteriores. Es apenas el 4,2 por ciento del total de las personas privadas de su libertad en las cárceles federales. Se trata de una proporción mínima en comparación con las prisiones domiciliarias que los jueces y autoridades otorgaron en otros países. Por supuesto, en esos tres meses hubo 2.192 internos que dejaron la cárcel, como sucede todos los años, porque cumplieron la condena o tenían ya gran parte cumplida y podían acceder a la libertad condicional. En el mundo entero se otorgaron prisiones domiciliarias para descomprimir las cárceles y, sobre todo, para reducir los peligros del coronavirus. El ejemplo más reciente se produjo en Nueva Jersey, Estados Unidos, donde se enviaron a sus casas 3.000 presos esta semana, el 20 por ciento de los detenidos en ese estado.

Los datos oficiales surgen de la página del SPF pero fueron resaltados a raíz de una nota con datos sesgados o falseados publicados por el diario La Nación. Como es obvio, lo habitual es que haya libertades y libertades condicionales en todos las cárceles del mundo, porque los presos van cumpliendo con sus condenas o llegan al tiempo en prisión requerido para obtener la libertad condicional. Los 2.192 salieron de los penales federales por esa razón.

Sin embargo, a nivel mundial se están produciendo prisiones domiciliarias para evitar la descomunal sobrepoblación en las cárceles y tratar de bajar los peligros de la covid-19. En la Argentina, el SPF consideró que existían 1.300 internos en edad de riesgo o con enfermedades anteriores --asma, respiratorias, diabetes y otras-- que los exponían a un enorme peligro en caso de un contagio, teniendo en cuenta que en un penal no hay chances de aislamiento. Los presos comen en el mismo lugar, se bañan en las mismas duchas, usan la misma vajilla y se amontonan en las celdas. De esos 1.300, los jueces otorgaron sólo 500 domiciliarias y 811 se rechazaron. Por supuesto que los 500 no están en libertad, sino en sus domicilios y podrían volver al penal cuando el juez lo disponga. 

A diferencia de lo que ocurre en otras latitudes, donde hay cárceles en que los contagiados son hasta el 70 por ciento de los internos y gran parte del personal penitenciario, la durísima política impulsada por la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios, María Laura Garrigós, logró que los números sean relativamente bajos: hubo cinco presos fallecidos y hay 110 contagiados, del total de 11.660 internos en los penales del SPF. Debe considerarse que los detenidos hace meses que no ven a sus familias y que no reciben las ayudas en alimentos y vestimentas, por lo que su vida empeoró seriamente. Pero, además, en la medida que los contagios aumentan afuera, los peligros se incrementan adentro, porque, como es lógico, el personal penitenciario, los médicos y las enfermeras salen y entran a los penales y están expuestos a riesgos incluso mayores que los que afronta toda la sociedad.