“Vamos a mantener el ATP y el IFE. No los vamos a abandonar", señaló este viernes el presidente Alberto Fernández. El jefe de Estado ratificó que se mantendrán el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para todos los que los necesiten.
El presidente destacó la importancia del Estado presente en medio de las restricciones económicas y de movilidad forzadas por la pandemia. Lo dijo durante la conferencia de prensa que brindó en la Quinta de Olivos junto al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para anunciar la continuidad del aislamiento social hasta el 16 de agosto.
El Jefe de Estado confirmó la permanencia del programa ATP, que consiste en que el Estado pague parte de los sueldos del sector privado y que ya benefició a más de 310 mil empresas y más de 2,8 millones de trabajadores.
El Gobierno anunció además la semana pasada que la cuarta edición de la iniciativa incorporará financiamiento a tasa cero para las empresas que registren una mejora interanual en la facturación y que sectores más afectados como turismo, entretenimiento, la cultura y la salud percibirán el beneficio hasta diciembre.
Por su parte, el IFE ya alcanzó a 9 millones de personas y a partir del 10 de agosto comenzará a liquidarse su tercera ronda de 10 mil pesos por beneficiario. El IFE está destinado a cuidar en materia económica y social a las familias de los sectores más vulnerables que se ven afectadas por la emergencia sanitaria creada por el coronavirus.
Con 2 de cada 3 hogares cubiertos por el IFE, Argentina tiene la política de transferencias directas más importante de la región, según datos del informe "Protección Social" que elaboró el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Las tres principales políticas de asistencia social y a la producción en Argentina son el IFE, el ATP y, en menor medida, los créditos a tasa 0 a monotributistas. Combinando los tres, la asistencia estatal alcanzó a cerca de 11 millones de personas. Si se incorporan los casi 3,2 millones de asalariados públicos, que reciben sueldos de parte del Estado, el total de personas alcanzadas por transferencias directas o indirectas, asciende a 14,1 millones.
