El fiscal general Jorge Baclini confirmó ayer que una investigación penal involucra al fiscal Gustavo Ponce Asahad, a quien ayer se le allanó su vivienda en bulevar Oroño al 1200, y al fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, jefe de todos los fiscales de la circunscripción. La revelación provocó un terremoto político en la provincia. De hecho a la mañana, cuando trascendió la situación de Ponce Asahad, la comisión bicameral de acuerdos de la Legislatura provincial anunció que se reunirá el martes para tratar la posible suspensión del cargo. pero luego se sumó el caso de Serjal, que ya bajo investigación por otro caso y los legisladores habían rechazado correrlo de sus funciones (ver aparte). Lo que se investiga es si Ponce Asahad y Serjal pedían y/o cobraban dinero a cambio de impunidad para uno de los imputados de una banda acusada por juego clandestino y extorsiones, que ayer fue imputado y declaró como arrepentido.
Las sospechas comenzaron la semana pasada con la captura de pantalla de un mensaje hallado por fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada en el teléfono de otro de los imputados de la banda. En el mismo, un personal de la Fiscalía le pasaba información que consta en el sistema de legajos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) a Leonardo Peiti, imputado ayer tras presentarse en la causa (ver aparte). En su testimonio, Peiti, que declaró como arrepentido, dijo que tuvo unos 30 encuentros, en un año, con Ponce Asahad; y dos con Serjal. En su declaración, habló de la entrega de entre 4 y 5 mil dólares por mes para que no se lo persiguiera penalmente. Desde Fiscalía dijeron que hay registros fílmicos y telefónicos, como evidencia contra los funcionarios. También se le abrió sumario a un empleado de confianza de Ponce. Baclini, dio a conocer detalles y aseguró que lo que salió a la luz le hace "un daño terrible" al MPA.
La irregularidad sobre la "filtración de información sensible" desde Fiscalía hacia la banda imputada se conoció la semana pasada, y el propio Serjal había prometido ir "hasta las últimas instancias" en la investigación que tienen a cargo los fiscales Matías Edery, Luis Schiappa Pietra y Gisela Paolicelli y que buscaba determinar quién pasó datos -sobre dos personas detenidas en enero- a un implicado en la banda de los casinos ilegales, relacionada con Los Monos. Los avances en las averiguaciones de la Agencia de Criminalidad llevaron a allanar el departamento de Ponce Asahad. Anteayer se había allanado a un empleado de Ponce en la Fiscalía, que ahora está suspendido. Las sospechas apuntan a la colaboración de éstos con la banda liderada por Maximiliano "Cachete" Díaz.
Por la tarde, Peiti declaró en la audiencia en la que fue imputado por Edery y Schiappa Pietra y allí estuvieron el propio Baclini y la Auditora General del MPA, María Cecilia Vranicich -que participó como veedora en el allanamiento a Ponce-. Luego, ante la prensa, Baclini reveló que Peiti mencionó que desde hace alrededor de un año "lo contactó un fiscal y le solicitó la entrega mensual de 4 o 5 mil dólares para no perseguirlo por actividad de juego ilegal"; pero "hace unos diez días Ponce, a través de una visita al organismo de investigaciones, detectó que había una investigación profunda contra Peiti y lo contactaron para pedirle una cifra más importante. Entonces, se hizo una entrega de diez mil dólares, la semana pasada, según dijo Peiti". Eso fue "corroborado" por su abogado, quien "manifestó que tuvo una reunión con el fiscal". Además, Peiti declaró que "Ponce y Serjal le pidieron que destruyera los teléfonos". Baclini aseguró que hay filmaciones que dan cuenta de los encuentros; y habló de "mensajes de WhatsApp, que habría enviado el empleado de la Fiscalía que trabajaba para Ponce; y cruce de llamadas que vinculan las conexiones".
Peiti mencionó además dos encuentros con Serjal, el jefe de los fiscales de la regional Rosario. "Dijo que uno fue en Buenos Aires y otro, de no hace mucho tiempo, para aumentar la cuota". Incluso "se está verificando si se alojaron en el mismo hotel" de Buenos Aires.
Baclini agregó que hay tres cuestiones en cuanto a la situación de los funcionarios implicados: "El empleado de Fiscalía (implicado por el mensaje mencionado) tiene un sumario administrativo y suspensión preventiva, por pedido de la auditora. En relación a Ponce, la Comisión de Acuerdos de la Legislatura citó a una reunión (ver aparte) y estimo que en lo penal se le tomará imputativa ante un juez. Con respecto a Serjal, se va a comunicar toda la evidencia a la Legislatura", donde ya es investigado por cerrarle la causa a un vendedor de autos y luego le compró dos vehículos. En tanto, se indicó que está de licencia (en cuarentena preventiva) por haber tenido contacto con un fiscal que dio positivo de covid-19.
"Creería que corresponde", respondió Baclini cuando se le preguntó si Serjal debería dar un paso al costado. A modo de reflexión, destacó como "importante" que "como órgano público no escondamos estas situaciones y las pongamos en evidencia".
Descargo. El mensaje que encontraron fiscales de la Agencia de Criminalidad en el teléfono de Díaz es una captura de pantalla sin nombre ni número del contacto que responde a una consulta sobre dos detenidos: "No tengo la causa yo, pero dejame ver cómo metemos un comentario ahí". La investigación llevó a un empleado y a Ponce. "Yo no entré al sistema el día del hecho. No emití ningún mensaje", aseguró ayer el fiscal; y también negó conocer a alguno de los imputados por juego clandestino, antes de que se conocieran los dichos de Peiti. "Es una barbaridad que me involucren en una causa vinculada con Los Monos. Yo no filtré esa información. No sé si hay una operación, si no la hay; el tiempo lo dirá", dijo. Y señaló que solicitó su apartamiento preventivo mientras dura la investigación.
